Corte constitucional se pronuncia sobre el monto de la incapacidad permanente parcial

El artículo 7 de la ley 776 de 2002 que reglamenta el monto que las administradoras de riesgos profesionales deben pagar a los afiliados que se le califique o defina una incapacidad permanente parcial, fue demandado ante la corte constitucional, quien en sentencia C-1141 de 2008 lo declaró exequible.

Lo expuesto por la corte constitucional es lo siguiente:

"Norma acusada

LEY 776 DE 2002

(diciembre 17)

Por medio de la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales

ARTÍCULO 7o. MONTO DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales, en una suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación.

En aquellas patologías que sean de carácter progresivo, se podrá volver a calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. En estos casos, la Administradora sólo estará obligada a reconocer el mayor valor resultante de restarle al monto de la nueva indemnización el valor previamente reconocido actualizado por IPC, desde el momento del pago hasta la fecha en la que se efectúe el nuevo pago.

El Gobierno Nacional determinará, periódicamente, los criterios de ponderación y la tabla de evaluación de incapacidades, para determinar la disminución en la capacidad laboral. Hasta tanto se utilizará el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.

    1. Problema jurídico planteado

Le corresponde a la Corte determinar (i) si la modalidad de protección a los trabajadores declarados incapaces permanentes parciales, consistente en el reconocimiento de una indemnización proporcional al daño sufrido y no al reconocimiento de una renta o pensión periódica, vulnera los artículos 5º y 1º de los Convenios 17 y 18 de la O.I.T., respectivamente; y (ii) si la medida en cuestión se configura como regresiva frente a la protección que antes de 1994 se otorgaba a las incapacidades entre el 20% y el 50% de pérdida de capacidad laboral, con el fin de establecer si se irrespeta el principio de progresividad y con ello los artículos 48 y 53 de la Constitución.

    1. Decisión

Declarar exequible, únicamente por los cargos estudiados, el inciso primero del artículo 7º de la Ley 776 de 2002.

    1. Razones de la decisión

En primer término, la Corte precisó que el alcance de la protección a los trabajadores incapacitados permanentes parciales comprende no sólo la indemnización proporcional a la disminución de la capacidad laboral causada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino también el derecho a conservar su puesto de trabajo. De manera subsidiaria, el derecho a ser reubicado en un puesto de trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, acorde a su estado de salud. Ahora bien, revisados los artículos 5º del Convenio 17 de la OIT y 1º del Convenio 18 de la OIT, pudo determinar que contrario a lo afirmado por el demandante, de ellos no se desprende la obligación de pagar todas las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, mediante pagos en forma de renta. Es claro que del contenido normativo de esas disposiciones se deduce la posibilidad de que las legislaciones internas opten por reconocer en estos eventos, una renta o un solo pago proporcional. En consecuencia, la protección actual prevista en la norma acusada no contradice el marco normativo diseñado por las disposiciones internacionales que regulan la materia. Por el contrario, la legislación interna ha hecho uso de una de las alternativas contempladas en los citados Convenios de la OIT, para garantizar las prestaciones surgidas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. De ahí que la Corte haya considerado que el inciso primero del artículo 7º de la Ley 776 de 2002 no vulnera las disposiciones internacionales invocadas.

Por otra parte,  la Corporación señaló que el principio de progresividad y la prohibición de regresividad representa un componente esencial de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y dentro de ellos, los derechos de seguridad social. De acuerdo con los compromisos internacionales, el Estado colombiano tiene la obligación efectiva de adoptar medidas para garantizar el goce efectivo de los derechos de esta naturaleza. Precisó que la denominada cláusula de no retroceso supone que una vez logrados ciertos avances en la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales en medidas de carácter legislativo o reglamentario, las condiciones preestablecidas no pueden ser desmejoradas sin el cumplimiento de una rigurosa carga justificativa por las autoridades competentes. De este modo, no es posible aplicar mecánicamente el mandato de progresividad y así, la prohibición de regresividad. En el caso concreto de la norma demandada, la Corte encontró que el actor no comparó de manera adecuada la fórmula de protección regulada antes de 1994 con la fórmula posterior, pues esta última dispone tanto la indemnización como el derecho a mantener el vínculo laboral. De este modo, en aplicación de la prohibición de regresividad no resulta cierto que el alcance de la protección, esto es, el punto sobre el que no se puede retroceder, consistente en recibir un pago periódico en forma de renta frente a una incapacidad entre el 20 y el 50% (Decreto 3170/64, art. 24), haya sido disminuido y la protección de este evento haya decrecido en la legislación laboral, para el cual antes de 1994 se estipulaba sólo pensión. Por consiguiente, no se trata de una medida regresiva, que además va acompañada de una serie de garantías laborales que refuerzan la protección de los trabajadores afectados por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Al no haberse demostrado ninguno de los dos cargos de inconstitucionalidad formulados, la Corte declaró exequible el inciso primero del artículo 7º de la Ley 776 de 2002, por los cargos estudiados.

El magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA manifestó su salvamento de voto, toda vez que si bien es cierto que la norma acusada no desconoce lo previsto en los Convenios 17 y 18 de la OIT, considera que la disposición legal si es regresiva en relación con el régimen de protección de los trabajadores afectados por una accidente de trabajo o una enfermedad profesional, anterior a 1994".

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3 Opiniones
  1. JUAN CARLOS dice:

    Buenas tardes

    me califico la junta de arl que tengo el 13% de perdida laboral, que fue en la rodilla derecho, lo que quisiera saber es a que valor en plata corresponde este porcentaje.

    Gracias

  2. Jherimir correa oviedo dice:

    Buenas noche tuve un accidente en la empresa me calificaron en 6,5 quisiera saber en dinero cuanto es gracias

  3. Ruben tariffa dice:

    Buenas tardes mi caso es el siguiente tube un accidente en 1999 en másering Cuando esa época mi arl era positiva ella me pago solo la mitad de mi sueldo actual hoy en día laboro en otra empresa desde 2001 diferente, mi salario actual es de 5.400.000 quien me paga la otra parte de mi sueldo actualmente estoy trabajando en otra empresa desde el 2001 pero ya tenía mi patologia .Será que la arl colmena debe de pagarme el resto de mi salario colmena es mi actual arl pero positiva era la que tenia la cobertura en ese entonces .

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