Corte constitucional se pronuncia sobre el monto de la incapacidad permanente parcial

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El artículo 7 de la ley 776 de 2002 que reglamenta el monto que las administradoras de riesgos laborales deben pagar a los afiliados que se le califique o defina una incapacidad permanente parcial, fue demandado ante la corte constitucional, quien en sentencia C-1141 de 2008 lo declaró exequible.

Lo expuesto por la corte constitucional es lo siguiente:

«Le corresponde a la Corte determinar (i) si la modalidad de protección a los trabajadores declarados incapaces permanentes parciales, consistente en el reconocimiento de una indemnización proporcional al daño sufrido y no al reconocimiento de una renta o pensión periódica, vulnera los artículos 5º y 1º de los Convenios 17 y 18 de la O.I.T., respectivamente; y (ii) si la medida en cuestión se configura como regresiva frente a la protección que antes de 1994 se otorgaba a las incapacidades entre el 20% y el 50% de pérdida de capacidad laboral, con el fin de establecer si se irrespeta el principio de progresividad y con ello los artículos 48 y 53 de la Constitución.

(...)

En primer término, la Corte precisó que el alcance de la protección a los trabajadores incapacitados permanentes parciales comprende no sólo la indemnización proporcional a la disminución de la capacidad laboral causada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino también el derecho a conservar su puesto de trabajo. De manera subsidiaria, el derecho a ser reubicado en un puesto de trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, acorde a su estado de salud. Ahora bien, revisados los artículos 5º del Convenio 17 de la OIT y 1º del Convenio 18 de la OIT, pudo determinar que contrario a lo afirmado por el demandante, de ellos no se desprende la obligación de pagar todas las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, mediante pagos en forma de renta. Es claro que del contenido normativo de esas disposiciones se deduce la posibilidad de que las legislaciones internas opten por reconocer en estos eventos, una renta o un solo pago proporcional. En consecuencia, la protección actual prevista en la norma acusada no contradice el marco normativo diseñado por las disposiciones internacionales que regulan la materia. Por el contrario, la legislación interna ha hecho uso de una de las alternativas contempladas en los citados Convenios de la OIT, para garantizar las prestaciones surgidas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. De ahí que la Corte haya considerado que el inciso primero del artículo 7º de la Ley 776 de 2002 no vulnera las disposiciones internacionales invocadas.

Por otra parte,  la Corporación señaló que el principio de progresividad y la prohibición de regresividad representa un componente esencial de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y dentro de ellos, los derechos de seguridad social. De acuerdo con los compromisos internacionales, el Estado colombiano tiene la obligación efectiva de adoptar medidas para garantizar el goce efectivo de los derechos de esta naturaleza. Precisó que la denominada cláusula de no retroceso supone que una vez logrados ciertos avances en la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales en medidas de carácter legislativo o reglamentario, las condiciones preestablecidas no pueden ser desmejoradas sin el cumplimiento de una rigurosa carga justificativa por las autoridades competentes. De este modo, no es posible aplicar mecánicamente el mandato de progresividad y así, la prohibición de regresividad. En el caso concreto de la norma demandada, la Corte encontró que el actor no comparó de manera adecuada la fórmula de protección regulada antes de 1994 con la fórmula posterior, pues esta última dispone tanto la indemnización como el derecho a mantener el vínculo laboral. De este modo, en aplicación de la prohibición de regresividad no resulta cierto que el alcance de la protección, esto es, el punto sobre el que no se puede retroceder, consistente en recibir un pago periódico en forma de renta frente a una incapacidad entre el 20 y el 50% (Decreto 3170/64, art. 24), haya sido disminuido y la protección de este evento haya decrecido en la legislación laboral, para el cual antes de 1994 se estipulaba sólo pensión. Por consiguiente, no se trata de una medida regresiva, que además va acompañada de una serie de garantías laborales que refuerzan la protección de los trabajadores afectados por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Al no haberse demostrado ninguno de los dos cargos de inconstitucionalidad formulados, la Corte declaró exequible el inciso primero del artículo 7º de la Ley 776 de 2002, por los cargos estudiados.»

En consecuencia esta norma sigue vigente.

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