Condición más beneficiosa – Corte Constitucional unifica los criterios conforme a los cuales procede dicho beneficio en materia de pensión de invalidez

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En una columna publicada aquí hace varios meses, indicamos en qué consiste el principio de la condición más beneficiosa. Subrayamos en esa ocasión que había que distinguir entre el principio de la condición más beneficiosa y el de la norma más favorable, pues los escenarios de aquel y éste son diferentes. Dijimos que en el caso de la norma más favorable el intérprete se encuentra frente a dos normas vigentes, y debe escoger una de ellas, pues las dos son excluyentes entre sí, y tampoco se puede construir una tercera tomando partes de una y otra. Según este principio, se debe escoger la más favorable.

Cosa diferente ocurre con el principio de la condición más beneficiosa, pues aquí el intérprete ya no está frente a dos normas vigentes  sino ante una norma vigente y otra ya derogada, caso en el cual el operador judicial puede, si se cumplen ciertos requisitos, aplicar la norma derogada si ésta le resulta más beneficiosa al destinatario.

Hecha esa sencilla introducción  pasamos a ocuparnos del tema central de la columna de hoy: la unificación hecha por la Corte de los criterios conforme a los cuales procede aplicar el principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez.

El ejercicio de la Corte tuvo como marco el siguiente caso planteado por un ciudadano en una acción de tutela solicitando que se le ampararan sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital:

Se trata de una persona de la tercera edad, de escasos recursos económicos, desprovista de ingresos para subsistir que la obligan a vivir de la caridad, gravemente enferma y con una pérdida de su capacidad laboral de 50.21% que le impide trabajar. Al no contar con una fuente de ingresos y estar en incapacidad de proveérselos, no puede gozar efectivamente del derecho a una vida digna. Para aliviar su situación, el accionante solicitó a Colpensiones el reconocimiento y el pago de la pensión de invalidez.

Sin embargo, la Administradora de Pensiones se la negó con el argumento de que el peticionario no cumplía los requisitos contemplados en la Ley 860 de 2003 que exige 50 semanas cotizadas durante los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Y le manifestó, a la vez,  que en su caso  no era aplicable el principio constitucional de la Condición más beneficiosa, debido a que dicho principio solo permite acudir a la norma pensional inmediatamente anterior a la vigente, cuando aquella le resulta más beneficiosa al afiliado, condición que no se cumplía en este caso pues la norma anterior, o sea la ley 100 de 1993,  exigía un número de aportes que no acreditaba tener el actor. De ese modo,  y pese a que antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, el accionante había logrado reunir 359 semanas de cotización y por tanto cumplía con el requisito que  había exigido para pensión el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, se le negó la pensión de invalidez.

Para mejor comprensión, la situación se puede resumir así: el marco normativo lo conforman tres normas, a saber: el acuerdo 049 de 1990, vigente hasta el 31 de marzo de 1990; la ley 100 de 1993 (versión original), vigente  entre el 1º de abril de 1994 y el 29 de diciembre de 2003; y la ley 860 de 2003 vigente a partir del 29 de diciembre de 2003.

Para el otorgamiento de la pensión de invalidez el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, le exigía al afiliado haber cotizado 150 semanas dentro de los 6 años “anteriores a la fecha del estado de invalidez,” o 300 semanas, “en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez. La ley 100 de 1993 en su versión original exigía haber cotizado 26 semanas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez. Y la ley 860 de 1993 pasó a exigir 50 semanas cotizadas durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

En el caso en análisis el afiliado cotizó más de 300 semanas durante la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, o sea que cumplió con el requisito que exigía dicha norma. Pero no hizo lo propio durante la vigencia de la ley 100 de 1993 y de la  ley 860 de 2003, pues durante sus períodos de vigencia no reunió las semanas que exigía cada una de ellas para el otorgamiento de la pensión.

Pues bien, en su estudio del caso la Corte Constitucional encontró que al actor se le había vulnerado su derecho a la seguridad social, por no habérsele aplicado el principio constitucional de la condición más beneficiosa en la determinación de las normas aplicables a su pensión.

La Corte determinó que:

“…por haber reunido más de 300 semanas antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, momento para el cual su situación estaba gobernada por el Decreto 758 de 1990, se forjó entonces para el accionante una expectativa legítima de que en lo pertinente, este requisito le sería respetado. Si bien el legislador podía introducir ajustes o incluso reformas estructurales al sistema pensional, debía hacerlo en un marco de respeto por los derechos adquiridos y las expectativas legítimas. En vista de que la ley no contempló un régimen de transición en materia de pensiones de invalidez que las garantizara, debe preservarse para el accionante, quien cumplió oportunamente uno de los requisitos relevantes para pensionarse, el derecho a que este aspecto no le fuera cambiado drásticamente en la medida en que resultara beneficioso para su seguridad social. Por lo mismo, en este caso, la pensión de invalidez del actor debía resolverse conforme a lo previsto, en cuanto a la densidad de semanas de cotización, en el Decreto 758 de 1990 que exigía reunir 300 semanas en cualquier tiempo. Este requisito lo cumplió el actor de forma suficiente. A lo anterior, se suma el hecho de que, después de entrar en vigor el sistema pensional de la Ley 100 de 1993, el tutelante aportó otras 294 semanas, para un total de 653 semanas en su historia laboral, por lo cual por principio, no puede hablarse de un detrimento para la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Y concluyó que “Negarle a pensión, supuso el desconocimiento de sus derechos a la seguridad social, a la igualdad y su mínimo vital.“

Con base en lo anterior,  la Sala Plena de la Corte Constitucional procedió a revocar el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, el 11 de noviembre de 2015, que a su vez confirmó la sentencia de primera sentencia, del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 29 de septiembre del mismo año, en la que se había negado el amparo al accionante y en su lugar, ordenó la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.

Y procedió a ordenar a Colpensiones que en el plazo de 15 días contados a partir de la notificación de la sentencia, le reconociera al accionante la pensión de invalidez a la que tenía derecho conforme a lo expuesto, y que procediera a pagarle las mesadas pensionales respectivas, incluyendo las causadas después del 17 de octubre de 2013, por ser ese el momento en que se estructuró su invalidez y adquirió el derecho pensional. 

(Fuente: Comunicado No. 34. Corte Constitucional,  agosto 17 y 18 de 2016. Expediente T 5383796 - Sentencia SU-442/16 (Agosto 18) - M.P. María Victoria Calle Correa).

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