CTCP propone simplificar el DUR 2420 de 2015

El Concejo Técnico de la Contaduría Pública está proponiendo simplificar el decreto único reglamentario 2040 del 2015, y para ello ha puesto a disposición del público un documento que se puede consultar en este link, afín de socializar el proyecto y recoger propuestas y comentarios que ayuden en ese propósito.

¿Por qué deberíamos trabajar en simplificar el DUR 2420 de 2015?

Lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente:

  1. Si bien las políticas, programas y proyectos para reducir la carga regulatoria presentadas en esta sección han alivianado el costo administrativo y pecuniario de ser formal, como se verá más adelante en el diagnóstico, dicha carga sigue siendo alta para muchas empresas, sobre todo las más pequeñas” (Conpes 3956, página 14[1])
  2. “Para el caso de las micro y pequeñas empresas que empiezan su proceso de formalización, se deben resaltar los altos costos marginales que deben asumir en su día a día para llevar la contabilidad de su operación” (Conpes 3956, página 51)
  3. Muchas de las clasificaciones internacionales, tales como el Doing Business o el Índice Global de Complejidad Corporativa 2020, ubican a Colombia como un país complejo en temas relacionados con la contabilidad e impuestos, no obstante al revisar la metodología usada para evaluar dicha complejidad se observa que los criterios de complejidad se encuentran dados por las diferentes exigencias tributarias, pero no por exigencias contables.
  4. Un ejemplo de lo anterior se detalla en la página 16 del Índice Global de Complejidad Corporativa 2020[2], donde se menciona “en Colombia es obligatorio llevar registros detallados de todas las transacciones con terceros, incluidos aquellas con proveedores, clientes y bancos y cualquier otra parte. Las autoridades colombianas verifican y cruzan todos estos registros para garantizar que las entidades paguen el monto correcto de impuestos, y los errores en estos reportes informativos generan sanciones”, si bien esta exigencia afecta los requerimientos contables, estos no son impuestos por las Normas de Información Financiera vigentes en Colombia, y obedecen a exigencias tributarias establecidas a través del Estatuto Tributario.

En la Encuesta de Micronegocios realizada por el DANE por el periodo enero-octubre de 2020[3] se destaca la importancia de los micronegocios, donde se indica que la participación de la economía no observada – ENO- constituye el 24,4% de la producción total, y el 29.9% en términos de valor agregado. El 67,7% de los ocupados en el país trabajan en empresas de máximo diez (10) personas ocupadas. También se reportan 5,3 millones de micronegocios en el total nacional, de los cuales 2,4 millones se ubican en las ciudades principales, y la mayoría se encuentran en la informalidad.

En la encuesta publicada por ANIF[4] sobre Microempresas 2020, refleja cifras preocupantes respecto a la contabilidad de las microempresas, la contratación de un contador y el software utilizado. Dicha encuesta separa las cifras para las microempresas formales y las que están en la informalidad, observándose una brecha significativa en estas materias. De las microempresas formales solo el 50% lleva contabilidad, cifra que se incrementa al 80% cuando se revisar las cifras de las microempresas en la informalidad.

Todos los elementos anteriores llevan a concluir que se requiere una revisión de lo señalado en el DUR 2420 de 2015, respecto de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y Aseguramiento de Información, de tal forma que puedan ponerse a tono con las necesidades de los usuarios de la información financiera y de acuerdo con los criterios de clasificación de las empresas en el país.

¿Qué normas deben aplicar los contadores públicos en Colombia?

Uno de los primeros temas a tratar tiene que ver con incorporar un artículo donde se establezcan las normas que deban cumplir los contadores públicos, los cuales se refieren a lo siguiente:

Los Contadores Públicos estarán obligados a:

  • Observar las normas de ética profesional que incluyen lo establecido en la Ley 43 de 1990 y las expuestas en el presente Decreto relacionadas con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, así como las Normas sobre Control de Calidad;
  • Actuar con sujeción a las Normas de Aseguramiento de Información (cuando otras normas se refieran a Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, se entenderán referidas a las Normas de Aseguramiento de Información) cuando se dictaminen estados financieros de propósito general en calidad de revisor fiscal o como contador público independiente;
  • Cumplir las normas legales vigentes;
  • Actuar con sujeción a la Norma de Servicios Relacionados 4410 cuando se actúe como contador que certifica estados financieros de propósito general y observando el alcance establecido por el artículo 37 de la Ley 222 de 1995;
  • Vigilar que el registro e Información contable se fundamente en Normas de Contabilidad y de Información Financiera, según corresponda (cuando otras normas se refieran a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, se entenderán referidas a las Normas de Contabilidad y de Información Financiera).

Actualmente el artículo 8 de la Ley 43 de 1990, establece que los contadores públicos estarán obligados a observar las siguientes normas:

  • Observar las normas de ética profesional.
  • Actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas.
  • Cumplir las normas legales vigentes.
  • Vigilar que el registro e Información contable se fundamente en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

La idea es incorporar los términos establecidos a partir de la Ley 1314 de 2009 y su Decreto Reglamentario 2420 de 2015, sobre todo aclarando que el uso del término NAGAS y el término Normas de Aseguramiento de Información, ha generado confusiones en la práctica y en las obligaciones que deben cumplir los contadores públicos que actúan como revisores fiscales.

Lo anterior implica que los contadores públicos dependiendo del rol que cumplan dentro de la entidad deben observar lo siguiente.

  • Actuando como revisores fiscales, las Normas de Aseguramiento de Información, lo que podría incluir las Norma Internacionales de Auditoria, así como las Normas sobre Revisión de Información Financiera;
  • Actuando como contadores públicos que certifican estados financieros, deberán usar las Nombre sobre Compilación de Información Financiera con el alcance de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995;
  • Todos los contadores públicos que actúen como elabores de información financiera o como revisores fiscales, deberán usar las normas del Código de Ética establecidos en la Ley 43 de 1990 y las Normas del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, el cual incorpora un modelo basado en determinar amenazas y reducirlas a un riesgo lo suficientemente aceptable, en lugar de únicamente basarse en un modelo basado en inhabilidades e incompatibilidades expresamente señaladas en la ley.

Todo lo anterior justifica revisar estas disposiciones, de tal manera que se efectúen los ajustes necesarios para que la práctica esté fundamentada en adecuados marcos técnicos, ya sea que ella se aplique en grandes, pequeñas o medianas empresas.

¿Se encuentra de acuerdo con la incorporación sugerida al DUR 2420 de 2015 respecto de las normas que deben observar los contadores? 

Normas aplicables por una entidad clasificada en el grupo 1 – DUR 2420 de 2015

En la actualidad una entidad en Colombia debe aplicar las NIIF planas si cumple cualquiera las siguientes condiciones:

  • Entidades que tengan valores inscritos (acciones propias, bonos) en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE);
  • Entidades y negocios de interés público[5]
  • Entidades que no sean emisores de valores, ni de interés público con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o que posean activos mayores a 30.000 SMMLV, que sea subordinada o matriz de una entidad nacional que deba aplicar NIIF o de una entidad extranjera que aplique NIIF; o sucursal, asociada o negocio conjunto, de una entidad extranjera que aplique NIIF plenas;
  • Entidades que no sean emisores de valores, ni de interés público con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o que posean activos mayores a 30.000 SMMLV, que realicen importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente.

El proyecto que lidera el CTCP manifiesta que en adelante las entidades que apliquen las NIIF plenas serían las siguientes:

  • Emisores de valores: Entidades y negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE en los términos del artículo 1.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010;
  • Establecimientos de crédito según lo define el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
  • Sociedades de servicios financieros según lo define el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
  • Entidades aseguradoras según lo define el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
  • Cooperativas financieras según lo define el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
  • Sociedades corredoras de seguros y los intermediarios de reaseguros, según lo define los artículos 40 y 44 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
  • Sociedades de capitalización según lo define el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
  • Organismos cooperativos de grado superior;
  • Sociedades comisionistas de bolsa, bolsas de valores, bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 'commodities' y sus miembros, sociedades titularizadoras, cámaras de compensación de bolsas de bienes, y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 'commodities' , sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, cámaras de riesgo central de contraparte, sociedades administradoras de inversión, sociedades de intermediación cambiaría y servicios financieros especiales (SICA y SFE), los fondos de pensiones voluntarios y obligatorios, los fondos de cesantías, los fondos de inversión colectiva y las universalidades de que trata la Ley 546 de 1999 y el Decreto 2555 de 2010 y otros que cumplan con esta definición;
  • Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial, administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, deberán establecer contractualmente si aplican o no los marcos técnicos normativos vigentes para el grupo 1;
  • Los que de manera voluntaria decidan aplicar las NIIF.

Del mismo modo la propuesta específica que si una entidad se ha clasificado anteriormente como perteneciente al grupo 1, seguirá aplicando las NIIF, a menos que decida de manera voluntaria cambiarse de grupo, en ese caso deberá seguir el procedimiento establecido para ello.

Lo anterior representa una importante simplificación en las entidades, lo que propendería con facilitar a los empresarios la forma de llevar su contabilidad y elaborar su estados financieros de propósito general, y por otro se establece una alineación con lo establecido a nivel internacional por parte de IASB y la UNCTAD.

¿Se encuentra de acuerdo con la modificación sugerida al DUR 2420 de 2015 respecto de los preparadores, de información financiera que conforman el Grupo 1?

Cambio de grupo entre entidades – DUR 2420 de 2015.

De conformidad con las clasificaciones establecidas en la actualidad, el proyecto del DUR 2420 de 2015 quiere regular los cambios de grupo de acuerdo con lo siguiente:

  • Cuando una entidad pasa del grupo 3 (normas de microempresas) al grupo 2 (NIIF para las PYMES), deberá aplicar la Sección 35 de la NIIF para las PYMES, y establecer una fecha de transición;
  • Cuando una entidad pasa del grupo 2 (NIIF para las PYMES) al grupo 1 (NIIF plenas), deberá aplicar la NIIF 1, y establecer una fecha de transición;
  • Cuando una entidad pasa del grupo 2 (NIIF para las PYMES) al grupo 3 (normas de microempresas), No tiene necesidad de establecer una fecha de transición, y podrá tomar como saldos iniciales los saldos establecidos bajo NIIF para las PYMES;
  • Cuando una entidad pasa del grupo 1 (NIIF plenas) al grupo 2 (NIIF para las PYMES), deberá aplicar la sección 35 de la NIIF para las PYMES, y establecer una fecha de transición;

El proyecto aclara que una entidad al cambiar de grupo solamente puede aplicar la NIIF 1 y la Sección 35 de la NIIF para las PYMES una sola vez, y que si posteriormente existen cambios de grupos, entonces deberá aplicar la NIC 8 o la sección 10 de NIIF para las PYMES, es decir aplicar los cambios de políticas contables de manera retroactiva, sin utilizar las exenciones o excepciones propuestas en las Normas de Información Financiera.

Lo anterior se ilustrará con las siguientes situaciones:

Situación 1: La entidad “X” en el año 2015 adoptó las NIIF plenas aplicando la NIIF 1 en enero 1 de 2015. Posteriormente en el año 2020 se ha cambiado de grupo y a partir de enero 1 de 2020 aplicó la sección 35 de la NIIF para las PYMES. Posteriormente la entidad ha decidido en enero 1 de 2022 aplicar la NIIF plenas nuevamente; en esa situación la entidad no podrá volver a aplicar la NIIF 1, sino que deberá aplicar de manera retroactiva los cambios de políticas contables de acuerdo con la disposiciones de la NIC 8 para reconocer los efectos desde enero 1 de 2020 a la fecha en la que se vuelve a aplicar las NIIF plenas.

Situación 1: La entidad “X” en el año 2015 adoptó las NIIF PYMES aplicando la Sección 35 de las NIIF para las PYMES 1 en enero 1 de 2015. Posteriormente en el año 2020 se ha cambiado de grupo y a partir de enero 1 de 2020 aplicó la NIIF 1. Posteriormente la entidad ha decidido en enero 1 de 2022 aplicar la NIIF para las PYMES nuevamente; en esa situación la entidad no podrá volver a aplicar la Sección 35, sino que deberá aplicar de manera retroactiva los cambios de políticas contables de acuerdo con la disposiciones de la Sección 10 de la NIIF para las PYMES para reconocer los efectos desde enero 1 de 2020 a la fecha en la que se vuelve a aplicar las NIIF para las PYMES.

Lo anterior resulta pertinente, debido que los cambios propuestos por parte del CTCP podría hacer que algunas entidades se cambien de grupo, y aunque pueden seguir en el mismo grupo, es importante conocer lo que implicaría realizar cualquier cambio de marco de información financiera.

¿Se encuentra de acuerdo con la modificación sugerida al DUR 2420 de 2015 respecto de los cambios de grupo?

Marco de información financiera simplificado para microempresas – DUR 2420 de 2015

Actualmente una entidad que puede usar el Marco de información financiera simplificado para microempresas debe cumplir la totalidad de los siguientes requisitos:

  • Entidades con planta de personal no superior a diez (10) trabajadores;
  • Que tengan activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos SMMLV; y
  • Que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV (anexo 3 del Decreto 2420 de 2015, párrafo 1.2)[6].

El CTCP ha propuesto que las entidades que pertenezcan al grupo 3 y que apliquen el Marco de información financiera simplificado para microempresas, corresponden a los preparadores de información financiera que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:

  • No posean inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas;
  • No están obligados a presentar estados financieros combinados, consolidados o separados;
  • No realicen transacciones con derivados financieros u operaciones de cobertura;
  • No realicen transacciones relacionadas con pagos basados en acciones;
  • No mantengan planes de beneficios posempleo por beneficios definidos u otros beneficios a largo plazo; y
  • No mantengan ingresos promedio en los tres años anteriores por venta de bienes, arrendamientos, intereses y servicios, superiores a 3.000 smlmv.

Lo anterior presupone un incremento de entidades que puedan usar el marco de información financiera simplificada lo que redunda en simplificación para las entidades Colombianas, respecto de lo anterior IASB e UNCTAD han manifestado lo siguiente:

En junio de 2013, IASB publicó una guía ilustrativa para Micro Entidades que apliquen la NIIF para las PYMES (2009), en ella define las microempresas de la siguiente manera:

“G3 Esta Guía no define una micro entidad en términos cuantitativos. Una micro entidad es normalmente una entidad muy pequeña con transacciones sencillas y normalmente:

(a) tiene pocos empleados y es a menudo gestionada por el propietario;

(b) tiene niveles bajos o moderados de ingresos de actividades ordinarias y activos brutos; y

(c) no:

(i) tiene inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos;

(ii) mantiene o emite instrumentos financieros complejos; o

(iii) emite acciones u opciones sobre acciones para los empleados u otras partes a cambio de bienes o servicios”.

 Para la Conferencia de las naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio (UNCTAD por sus siglas en ingles) en las Directrices para la Contabilidad e Información Financiera de las Pequeñas y Medianas Empresas (DCPYMES), el Nivel 3:

“se aplicaría a las entidades más pequeñas, que suelen estar administradas por su propietario y tienen pocos empleados o ninguno. El método que se propone es un sistema sencillo de contabilidad en valores devengados, basado en las normas internacionales de contabilidad pero estrechamente vinculado a las transacciones en efectivo. Los órganos normativos nacionales podrían permitir con carácter excepcional que las empresas recién creadas o recientemente integradas en la economía estructurada utilicen la contabilidad en valores de caja durante un período limitado[7]

Para la Directiva 2013/34[8] (26 de junio de 2013) del Parlamento Europeo, las microempresas se definen teniendo en cuenta características tales como total del balance (activos) 350.000 EUR, volumen de negocios neto (ingreso por venta de bienes y servicios) 700.000 EUR y un número medio de empleados durante el ejercicio de 10 (se definen como microempresas si cumplen dos de tres requisitos). Respecto de las Microempresas, la directiva establece:

“las microempresas disponen de recursos limitados para satisfacer requisitos normativos exigentes. En los casos en que no existan normas específicas para las microempresas, se les aplican las normas relativas a las pequeñas empresas. Esas normas hacen que pesen sobre estas cargas administrativas que son desproporcionadas en relación con su dimensión y que, por tanto, son relativamente más onerosas para las microempresas que para las pequeñas empresas. Por ese motivo, debe existir la posibilidad para los Estados miembros de eximir a las microempresas de determinadas obligaciones aplicables a las pequeñas empresas que les impondrían cargas administrativas excesivas. Sin embargo, las microempresas deben seguir estando sujetas a toda obligación nacional de llevar un registro en el que consten sus transacciones comerciales y su situación financiera. Además, debe excluirse a las empresas de inversión y a las empresas de participación financiera de las ventajas de simplificación aplicables a las microempresas” (párrafo 13).

Lo anterior no supone un atraso en la aplicación de Normas de Información Financiera a nivel internacional, por el contrario, lo anterior se realiza en cumplimiento de las mejores prácticas internacionales donde la idea es generar información financiera de alta calidad, comparable y transparente, considerando el tamaño de las entidades, la complejidad de sus transacciones, y la obligación de rendir cuentas ante terceros.

¿Se encuentra de acuerdo con la modificación sugerida al DUR 2420 de 2015 respecto de los preparadores, de información financiera que conforman el Grupo 3?

Referencias.

[1] https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3956.pdf

[2] https://img.lalr.co/cms/2020/08/24092021/TMF-Group_Publication_GBCI-2020_SPA.pdf

[3] Tomado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/Pres-micronegocios-2020-ene-oct.pdf

[4] https://www.anif.com.co/publicaciones/

[5] Establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior, aseguradoras, sociedades de capitalización, comisionistas de bolsa, administradoras de fondos de pensiones y cesantías privadas, sociedades fiduciarias, bolsas de valores, bolsas de bienes y productos agropecuarios, titularizadoras, cámaras de compensación de bolsas de bienes, y productos agropecuarios, sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, cámaras de riesgo central de contraparte, sociedades administradoras de inversión, sociedades de intermediación cambiaría y servicios financieros especiales, fondos de pensiones voluntarios y obligatorios, fondos de cesantías, fondos de inversión colectiva y las universalidades (parágrafo 1° del artículo 1.1.1.1 del Decreto 2420 de 2015).

[6] Para ser clasificada en el Grupo 3, la persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad debe cumplir las tres condiciones. El incumplimiento de alguna de ellas generaría que la entidad fuera clasificada en el Grupo 2, o en el Grupo 1, si cumple las condiciones.

[7] https://unctad.org/system/files/official-document/diaeed20092_sp.pdf

[8] https://www.boe.es/doue/2013/182/L00019-00076.pdf

Leonardo Varón García.

Consejero del CTCP.

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Una opinión
  1. Varon Garcia Leonardo Dice:

    Gracias, esperamos sus comentarios a lo anterior.

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