¿Cuáles serían las consecuencias de realizar un proceso de selección para celebrar un contrato estatal mediante una modalidad errónea?

Un lector nos efectúa la siguiente pregunta:

“…En una auditoría interna, se estableció como hallazgo el uso erróneo de una modalidad de selección y falta de actualización normativa, debido a que una contratista (no abogada), realizó una mínima cuantía, soportando dicho procedimiento en un decreto derogado, cuando debió efectuarse mediante subasta inversa. Bajo este hallazgo, ¿Cuáles serían las consecuencias de realizar un proceso de selección mediante una modalidad errónea? …”

Muchas entidades estatales, en ocasiones le endilgan responsabilidades no acordes a la profesión de su personal o contrarias a su manual de funciones. Ejemplo de lo expuesto es el caso presentado por el lector, el cual puede traer serias consecuencias principalmente para el ordenador del gasto.

En términos generales, podría pensarse que todos aquellos servidores públicos y contratistas encargados de liderar la contratación del Estado son abogados; no obstante, la realidad interna de las entidades estatales nos demuestra que en muchas ocasiones profesionales de otras áreas de conocimiento proyectan, elaboran, publican, evalúan y adjudican en su totalidad procesos de contratación, situación muy común en los procesos de mínima cuantía.

Las consecuencias más comunes son aquellas de carácter disciplinario. Es decir, para el ordenador del gasto y servidores públicos, la aplicación del Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002).

Por su parte y si hubo participación de uno o varios abogados, en el desarrollo del proceso de selección, serían sujetos disciplinables mediante la aplicación del Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 de 2007).

Para el caso específico, la contratista podría argüir la falta de conocimiento de la normatividad, la incompatibilidad de su profesión con las obligaciones para las cuales fue contratada, y en especial el deber de vigilancia del ordenador del gasto, situaciones que atenuarían la investigación disciplinaria.

A diferencia del Ordenador del gasto, quien se vería abocado a asumir la sanción disciplinaria por la inobservancia del cumplimiento de la normatividad vigente y la falta de vigilancia y control sobre las funciones designadas a su personal vinculado y las actividades contractuales del personal contratista.

Por lo que es recomendable que quien lidere el desarrollo de un proceso de selección sea un abogado, acompañado de un comité técnico, bajo el entendido que es obligación del profesional del derecho estar actualizado en la aplicación de las normas y asesorar en debida forma para que se complementen profesiones y conocimientos.

Finalmente, no es demeritar el conocimiento de otras profesiones, sin embargo, es bien sabido que el desconocimiento de la ley no lo excluye de sus responsabilidades, pero quien mejor para aplicar y observar el cumplimiento de las normas, sino quienes han dedicado su vida académica a esta profesión.

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