Cuando en su predio se le impongan servidumbres para la prestación de servicios públicos el estado tendrá que indemnizarlo

De conformidad con lo establecido en las leyes 56 de 1981 y 142 de 1992, las entidades que prestan servicios públicos tendrán la potestad de imponer servidumbres en la propiedad privada siempre y cuando esto sea necesario para la correcta prestación del servicio; ahora bien, esta potestad les impone a estas entidades una obligación a favor de quien ostenta la propiedad en la que se impone la servidumbre.

Es obligación de la empresa de servicios públicos indemnizar al dueño del predio en el que se impone la servidumbre, de conformidad con lo señalado por las normas mencionadas;  ahora bien este derecho no solo le asiste al propietario, también a los poseedores o tenedores que se vean afectados.

Dicha indemnización debe ser otorgada al interesado ya sea a través de un acto administrativo o por medio de un proceso judicial según el caso; pero ¿Qué sucede cuando ninguno de los dos eventos sucede?

El afectado podrá acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa y por medio de la reparación directa debe reclamar que se declare administrativamente responsable a la empresa de servicios públicos por el incumplimiento de la obligación a su cargo, la cual consistía en indemnizar al afectado ya sea porque se llegó a un acuerdo con él, o porque se le inicio un proceso de expropiación y en este hubo lugar a dicha indemnización.

El Consejo de Estado en varios pronunciamientos ha manifestado que en estos casos se configura una falla o falta en el servicio, situación que podrá ser demandada a través del medio de control de reparación directa señalado en el artículo 140 inciso 1 y 2 del CPACA así:

“En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.”

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