Cuando la capacidad económica afecta el acceso a la justicia

Bonito aquel principio que pregona la igualdad ante la ley, pero hay casos en que es principio es desvirtuado por razones económicas, haciendo que el acceso a la justicia no sea igual para todos.

Esta “desigualdad” la sufren generalmente pequeños empresarios y personas naturales que no cuentan con los recursos económicos para iniciar un proceso judicial encaminado a recuperar sus derechos.

Para un pequeño empresario le resulta muy difícil recuperar judicialmente una factura que algún cliente no le quiere pagar, máxime si ese cliente es una gran empresa.

El costo del mismo del proceso, y el temor a pagar las costas del proceso en caso de perderlo, desaniman a muchos.

Es prácticamente imposible cobrar pequeñas deudas a morosos o hacer que los pequeños contratos se respeten, y un largo etcétera por toda aquella empresa que no disponga de un completo  departamento legal, o cuente con los servicios de un prestigioso y costoso bufete de abogados. La mayoría de las veces esas deudas se dejan pasar, ya que la pérdida de tiempo y esfuerzo no compensa lo que se va a cobrar. Esto afecta principalmente a las PYMES y a los pequeños comerciantes.

Y es que hasta para reportar a un moroso a las centrales de riesgo (el castigo más mediato  para los clientes que no pagan) se necesita dinero, dinero que muchos no tienen.

Este riesgo jurídico hace que muchos emprendedores sientan temor al invertir, y ha hecho que muchos vayan  a la quiebra.

El legislador debería considerar una justicia flexible, rápida y económica para quienes tienen poca capacidad económica, puesto que allí existe una gran inseguridad jurídica que pone freno a la pequeña inversión, que es precisamente la que genera empleo.

Se tienen la creencia que los pequeños delitos y contravenciones no tienen efecto sobre la sociedad, pero resultará que sí.

Esta realidad, ha hecho que la ley sea igual para todos pero no la justicia; a esta acceden  quienes tienen más medios para exigirla.

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