De la ley 50 de 1990 al Acto Legislativo 01 de 2005 – Un período de pérdidas y retrocesos en materia laboral

Por 9 junio, 2017

A pesar de que existe el principio de progresividad y no regresividad, lo que vemos es que estamos pasando de contratos de trabajo dignos a contratos de trabajo basura.

Empecemos por decir que hubo una época en que aspirar a tener un empleo que nos acompañara el resto de la vida no era un sueño inalcanzable sino materialmente posible y realizable.

Quien llegaba a un puesto podía empezar desde ese momento a construir su futuro, podía casarse y tener hijos, comprar una casa con un préstamo de vivienda y pagarlo con el producto de sus cesantías.  La estabilidad estaba garantizada y la única condición que se requería para conservar el empleo era trabajar con responsabilidad, ser honesto y respetuoso de las normas de la empresa.

En ese orden, era frecuente observar que trabajadores que habían ingresado como aseadores o mensajeros, terminaban de gerentes o administradores de la empresa, o sea que era posible hacer carrera dentro de ella. A los trabajadores se les evaluaba no tanto por sus títulos académicos (que en esos tiempos eran escasos),  sino por los resultados de su gestión, no por lo que habían estudiado sino por lo que habían aprendido, y más aún: por lo que habían hecho. Conocimos muchos casos de ese tipo.

Por otra parte, existía la retroactividad de las cesantías y por tanto éstas se liquidaban con el último salario del trabajador, lo cual les permitía albergar la esperanza real de adquirir una casa; las empresas ofrecían a sus empleadas el servicio de sala cunas; los costos de los servicios médicos y odontológicos los asumían los empleadores, así los trabajadores no cotizaban ni contribuían al pago de los mismos;  las pensiones las pagaban las empresas y las personas se pensionaban con menos edad y menos tiempo de servicios; muchas empresas construían y mantenían casinos para sus trabajadores; en el campo a los trabajadores se les suministraba la alimentación; los contratos de trabajo no podían tener una duración inferior a un año,  etc., o sea que disfrutaban de estabilidad laboral.

Y a pesar de todas esas prebendas y del bienestar que las empresas les dispensaban a sus trabajadores, éstas se sostenían, crecían y derivaban importantes ingresos para sus dueños. Desde luego que había problemas que debían solucionarse, sin embargo la solución no se dio como tenía que ser, y los resultados están a la vista.

Fue a partir de la expedición de la ley 50 de 1990 que todo empezó a cambiar. Desapareció la retroactividad de las cesantías, a los empleadores se les quitó el manejo de éstas y se le entregó a los grupos financieros, lo cual fortaleció a éstos y descapitalizó a las empresas pequeñas. La duración del contrato de trabajo se dejó sin límite inferior, o sea que se le abrió paso a los contratos de uno o dos meses, y de esa manera se le dio entierro de quinta a la estabilidad laboral.

Seguidamente vino la ley 100 de 1993 que eliminó la pensión de vejez con 500 semanas,  le quitó al ISS y a Cajanal el manejo de la salud y las pensiones y autorizó la creación de las EPS y los fondos privados de pensiones, de esa manera se le quitó a la salud el carácter se servicio y se le asignó el de negocio, en manos del ISS las utilidades se reinvertían en tecnología y servicios, ahora son para repartirlas entre los dueños de las EPS. Los pensionados que antes pagaban un poco menos del 4% por concepto de aportes para salud, pasaron a pagar el 12% y los de pensiones ligeramente altas o realmente altas unos puntos más  Se estableció el pago de los copagos y de las cuotas moderadoras, etc. Alcanzar la pensión en el  RAIS (fondos privados) pasó a ser prácticamente imposible para los trabajadores de ingresos bajos. A la pensión sanción se le “cortaron las uñas”, pues se la dejó únicamente para los casos en que el trabajador despedido injustamente no ha sido afiliado al Sistema General de Pensiones. Los médicos y los demás profesionales de la salud pasaron a devengar honorarios vergonzosos.

Pero la aplanadora reformista no se detuvo ahí, con las leyes 789 de 2002, 797 de 2003 y 860 de 2003 el régimen de la época aplicó a fondo el acelerador y el despojo se hizo aún más evidente: el cierre de la jornada diurna de trabajo se corrió de las 6:00 de la tarde a las 10:00 de la noche, o sea que en pleno trópico  se alargó el día y se acortó la noche. De ese modo los empresarios se libraron de pagar diariamente  4 horas de recargo nocturno. El valor del recargo por trabajo dominical y festivo se redujo del 100% al 75%; las horas extras laboradas entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche dejaron de ser horas extras nocturnas y pasaron a ser horas extras diurnas.  En fin, ¡la noche se volvió día!

Y más aún, con el fin de que los empleadores pudieran despedir fácilmente a los trabajadores se redujo considerablemente el valor de la indemnización por despido sin justa causa. Y lo propio ocurrió con la indemnización moratoria,  pues prácticamente dejó de liquidarse a razón de un día de salario por cada día de retardo en el pago del salario y las prestaciones sociales, y se estableció el pago de intereses moratorios. Se  aumentó la edad y el valor de los aportes para pensión y se redujo el valor de la pensión. Se hicieron más exigentes los requisitos a cumplir para el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Pero aún faltaba más; la tarea seguía. Como la “trasquilada” que se le había hecho a las pensiones no colmaba los propósitos reformistas del gobierno, éste redobló sus esfuerzos y atacó esta vez de manera más ambiciosa. La meta era acabar anticipadamente con el régimen de transición, sepultar los regímenes especiales (o sea nivelar por lo bajo), sustraer el tema pensional de la negociación colectiva, etc. Y como la Corte Constitucional se le atravesaba en sus propósitos, el gobierno fue más allá y optó entonces por reformar la Constitución Nacional. La estrategia fue perversa: como la Corte no tiene competencia para ejercer control constitucional sobre los actos legislativos en cuanto a vicios de fondo,  el camino quedaba despejado para el desmonte de esas garantías. Y así fue.

De esa manera surgió a la vida jurídica el acto legislativo 01 de 2005. A centenares de miles de trabajadores que habían quedado amparados por el régimen de transición se les privó de esa opción; se desconocieron derechos adquiridos; se burlaron las expectativas legítimas;  se suprimió la mesada 14 para los futuros pensionados; se prohibió que en las convenciones colectivas se incluyeran puntos sobre pensiones; y los  regímenes especiales fueron desmontados salvo el del presidente de la República que quedó en firme. (Difícil no recordar aquí el caso del doctor Carlos Lemos Simmonds que estuvo una semana como presidente y quedó pensionado para el resto de su vida y la de su cónyuge, quien todavía la devenga).

Y así podríamos seguir contándoles a los jóvenes la historia de lo que ha significado para los trabajadores colombianos la llamada “flexibilización laboral”, que como se ha visto no es otra cosa que el desmonte de los beneficios laborales que durante décadas de lucha lograron conquistar los trabajadores.

El resultado salta a la vista. La situación de la mayoría de los trabajadores colombianos es deprimente. El contrato de trabajo se vino abajo, perdió su dignidad, su estatus. Surgió el reinado de las cooperativas de trabajo asociado, del contrato de prestación de servicios, del trabajo temporal, del Outsourcing o tercerización, de los contratos con duración de dos o tres meses, de los contratos de medio tiempo con jornadas efectivas de 5 o 6 horas diarias,  salarios vergonzosos, horarios ilegales, contratos sin prestaciones sociales económicas  y sin seguridad social, en fin, el decaimiento sistemático del contrato de trabajo digno y el avance del contrato de trabajo basura…

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Una opinión
  1. Oscar Dice:

    No me queda mas que reconocer el gran trabajo investigativo que se le hizo a esta ley y con ello poder sacar tan gran articulo…mas claro no pudo ser….Felicitaciones

    Responder
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