De la prestación de servicios profesionales con abogado. Cuando no se pacta expresamente el valor de los honorarios

Algunas veces, por las razones que sea, no se suscribe Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con Abogado y en consecuencia, no se fija el valor de los honorarios profesionales por su gestión, convirtiéndose entonces, en un interminable dolor de cabeza su determinación cierta en uno u otro momento.

De presentarse esta situación, y ya en el extremo de la misma,  si dichos honorarios no han sido renunciados, no fueron pactados a cuota litis, o la actuación no se hizo ad-honorem [gratuitamente] corresponderá su tasación y fijación al juez laboral, tras un dispendioso proceso Ordinario contra su cliente, en el cual, el Abogado deberá probar no solo que prestó sus servicios a titulo oneroso, sino, adicionalmente, el monto de los honorarios usuales en actuaciones similares "... en atención a la naturaleza, cantidad, calidad e intensidad u otros aspectos pertinentes relativos a las gestiones cumplidas..." independientemente de su resultado.

Bajo este orden, inveteradamente se ha venido referenciando que los "honorarios usuales" se deben probar siguiendo el Artículo 189 del C. de P.C., y no con apoyo en el Artículo 393 del mismo ordenamiento; esto es, con base en  "... testimonios o en documentos auténticos, como pueden ser las tarifas definidas, con aprobación del Ministerio de Justicia, por los colegios respectivos...”, ya que la segunda de las disposiciones se refiere no a los honorarios profesionales, sino a las agencias en derecho, que fijadas siempre en favor de la parte vencedora-no de su abogado-, son entendidas como "... indemnización a cargo de la parte venida por el tiempo y dinero destinado por la parte airosa, en atender un pleito que no fue su interés promover..."

Más hoy, y desde la Sentencia de Tutela 1143 de 2003 de la Corte Constitucional, en la que se asume el problema de la indeterminación en el cobro de honorarios por parte de los profesionales del derecho, se ha ampliado el horizonte cerrado del Artículo 189 a los "... criterios rectores de origen jurisprudencial...", los cuales atinada o desatinadamente corresponden en nuestra realidad, a los paradigmas fijados por el Consejo Superior de la Judicatura cuya sapiencia suma, pertinencia o conspicua moralidad, por el momento, no es del caso entrar a ventilar en esta tribuna, pero si dejamos sentada como punto de inflexión.

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