Debido proceso

El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra expresamente “para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”.

Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos.

El debido proceso y el derecho de defensa

El artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública.

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que “toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes”[ 1].

De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

Sobre el debido proceso administrativo la Corte se ha manifestado en reiteradas oportunidades[ 2] y ha precisado que su cobertura se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares y a los procesos que adelante la administración con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos. Conviene recordar lo que sobre el punto ha precisado esta Corporación:

La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características”[ 3].

El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legitimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales”[ 4]

El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como el de legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen verdaderos derechos fundamentales[ 5].

El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. La administración debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución.

En efecto, si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que se revoque o modifique. (Corte constitucional, Sentencia 1021 de 2002).


[ 1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1341 del 11 de diciembre de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis).
[ 2] Ver las sentencias T-442 del 3 de julio de 1992 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez), T-020 del 10 de febrero de 1998 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-386 del 30 de julio de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-009 del 18 de enero de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-1013 del 10 de diciembre de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[ 3] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-460 del 15 de julio de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[ 4] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1263 del 29 de noviembre de 2001.
[ 5] Ver al respecto la Sentencia T-572 del 26 de octubre de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein).

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3 Opiniones
  1. TAVO dice:

    En cuanto tiempo puede caducar una sitacion a descargos, y de no asisitir cual seria el plazo para que la empresa envie una segunda notificacion.

    les agradesco por su colaboracion.

  2. dilia peña zambrano dice:

    tengo un proceso de saneamiento de un predio fallido en mi contra por la ley 1182,tengo derecho a entutelar pues hay violacíon al debido proceso y ademas el fallo negativo se debe a una mala información que aporto la oficina de istrumentos publicos

  3. pedro dice:

    Respetados Doctores ;
    Teniendo en cuenta que tenia una buena pocision social en un municipio por razon a un cargo en una entidad finaciera saque prestado cinco millones de pesos los cuales venia pagando los interes normalmete hasque fui casado del banco por una cituacion de amenazas contra mi mida y la de mi familia donde me tenian amarrado que no podia denunciar o me mataban a mi o alguien de mi familia ,(prestamo era aun particular) yo vivia en otra ciudad a la cual me fui, pero en donde estaba trabajando no pude volver por miedo a que me mataran por lo cual el señor que le debia me demando en esa ciudad sin yo vivier alli, apesar de que habiamos hecho una arreglo verbal pues el estuvo en mi casa y acordamos una arreglo.
    ese mismo dia le conte que yo no podia volver halla donde trabajaba por que correria el peligro que me mataran el me dijo que claro ,pero al otro dia fue y me demando en ese juzgado donde yo no podia defenderme y nunca sabia lo que alli hacia lo cual yo le informe al juzgado via escrita y le pedi ayuda a la personeria donde vivo para que me transladarn el proceso a donde vivo y nadie me ayudo como era de menor cuantia no habia apoderado y nunca pude contestar la demanda oues no sabia que pasaba le solicited que me transladaran el expediente por las circuantacias mensiionadas pero el juzgado nunca me contesto al igual que la personeria por esta razon perdi mi unico patrimonio me remataron la casa por cinco millones de pesos a pesar que el señor que presto la plata me cobraba intereses al 60 por ciento anual o se al 5 mensual.
    por lo anterior me vilaron el debido proceso a< la defensa y la igualda de recibir justicia en las mismas condiciones coloque una tutela pero no la revisaron

    en este momento vivo arrimado con mi familia en donde un hermano que puedo hacer al respecto el remate hace 5 años pero no he tenido dinero para defenderme y recuperar mi bien y pagalrle al señor

    le agradezco que me den alguna orientacion via correo
    att
    pedro

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