Según la Corte Constitucional el Decreto 2090 de 2003 que regula el tema de las pensiones de alto riesgo no consagra un régimen especial de pensiones

Para la Corte dicho Decreto constituye un esquema normativo de pensiones de alto riesgo que se ubica en el Régimen de Prima Media.

Como es bien sabido, a través del art. 17 de la ley 797 de 2003 el legislador le confirió facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema.

Pues bien, en uso de tales facultades, el presidente de la República expidió el Decreto 2090 de 2003, mediante el cual dispuso, entre otras cosas,  que el régimen de pensiones especiales para las actividades de alto riesgo solo cubriría a los trabajadores vinculados a las mismas hasta el 31 de diciembre del año 2014, término que bien podía ser ampliado  parcial o totalmente por el Gobierno Nacional hasta por 10 años más, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.

Señaló igualmente el Decreto en comento, que  a partir del 31 de diciembre de 2014, o de la fecha determinada por el Gobierno Nacional, los trabajadores que se hallaban afiliados a las actividades definidas como de alto riesgo continuarían cobijados por el régimen especial de que trata este decreto, pero que los nuevos trabajadores se afiliarían al Sistema General de Pensiones en los términos de la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y aquellas que las modifiquen o adicionen y sus respectivos reglamentos.

Pues bien, como en nuestro país todas las normas se demandan, dicha disposición (Art. 8 del Decreto 2090 de 2003) fue acusada de inconstitucional, bajo los siguientes dos cargos:

Primero.- Que la norma acusada era contraria al artículo 48 de la Constitución, debido a que contempla un régimen especial de pensiones de alto riesgo cuya vigencia va más allá del 31 de julio de 2010, fecha en la cual a su juicio debían expirar, por haberlo previsto así el acto legislativo 01 de 2005 que  dispuso que todos los regímenes pensionales especiales, exceptuados o cualquier otro contenido en leyes que no formen parte del sistema general de pensiones, sólo iban hasta el 31 de julio de 2010.

Segundo.- Que la disposición demandada era inconstitucional toda vez que constituía una extralimitación de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003, dado que en ellas solo se previó una competencia temporal de 6 meses para ejercerlas y, una vez agotado ese plazo, no podía expedir otra regulación sobre la materia, ni siquiera por la vía de expedir un decreto orientado a extender su vigencia. Por lo mismo, el artículo 8º del Decreto 2090 de 2003 violaba en su sentir el artículo 150-10 de la Constitución.

Pues bien, al término del estudio de constitucionalidad correspondiente, la Corte concluyó que ambos cargos eran infundados. Así se expresó la Corporación:

Sobre el primer cargo dijo la Corte que el Decreto 2090 de 2003 no consagra un régimen especial de pensiones, sino un esquema normativo de pensiones de alto riesgo que se inscribe en el régimen de prima media (RPM) con prestación definida, dentro del  sistema general de pensiones. Y agregó:

“Aparte, el Acto Legislativo 01 de 2005 no solo no prohíbe expresamente la existencia de reglas especiales para pensiones de alto riesgo, que se inserten en los regímenes generales del sistema general de pensiones, sino que según una lectura literal, sistemática, contextual y teleológica de la Constitución, tampoco previó su desaparición inmediata o diferida. En efecto, los textos de los incisos 11 y 13, y del parágrafo transitorio 2, del artículo 48 de la Carta no excluyen expresa e inequívocamente estas reglas.

Una lectura de estas previsiones, en conjunto con la del parágrafo transitorio 5º del mismo precepto, indica que las de alto riesgo se consideran como parte del sistema general de pensiones, y las deja a salvo de las limitaciones y restricciones previstas por el Acto Legislativo 01 de 2005. Esta conclusión encuentra pleno respaldo en los debates parlamentarios que antecedieron a la expedición de la reforma constitucional del año 2005, así como en una lectura teleológica o finalista del Acto Legislativo, y en una interpretación integral de la Constitución que tenga en cuenta su vocación igualitaria, expresada ante todo en su artículo 13, incisos 2 y 3, que consagra una “cláusula de erradicación de las injusticias presentes” (SU-225 de 1998).”

Y sobre el segundo, señaló:

“(…) el artículo 8º fija periodos de vigencia complejos: las reglas de pensiones de alto riesgo protegen a quienes se vinculen a estas actividades hasta el 31 de diciembre de 2024 si se daba la condición del decreto y el previo concepto del Consejo de Riesgos Profesionales antes del 31 de diciembre de 2014, o hasta esta última fecha si la condición no se daba. Es un periodo de vigencia, pues tras la extinción de dichos periodos, los trabajadores que se vinculen a actividades de alto riesgo no se benefician de sus previsiones. Pero ese no es un límite de aplicabilidad, pues quienes se hayan vinculado a tales actividades antes de expirar esos plazos, tienen derecho incluso después de su vencimiento a que se les sigan aplicando. Una previsión de esa naturaleza no contraría las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003. De un lado, porque el artículo 8º se dictó en el Decreto 2090 de 2003 dentro del término fijado para ello en la ley habilitante. De otro lado, porque en esta no se contempló ningún término de vigencia específico para las pensiones de alto riesgo, y contrario a lo contenido en el Decreto 2090 de 2003. En un contexto de esa naturaleza, el legislador extraordinario podía fijar términos de vigencia complejos, sin que esto significara por sí mismo una auto atribución de facultades extraordinarias, prohibidas por la Constitución en su artículo 150-10.”

Y obrando de conformidad con lo anterior, resolvió declarar exequible la norma acusada, esto es, el artículo 8º del Decreto ley 2090 de 2003.

En conclusión, el Decreto 2090 de 2003 sigue vigente y sigue produciendo efectos, pues el mismo no contiene un régimen especial de pensiones, toda vez que el Decreto administrativo 2655 de 2014 lo que hizo fue activar una condición para que aquél conservara su vigencia, pero no lo reemplazó en cuanto a la normatividad sobre las pensiones de alto riesgo.

Fuente: COMUNICADO No. 46 Octubre 14 de 2015 de la Corte Constitucional - I. EXPEDIENTE D-10685 - SENTENCIA C-651/15 (Octubre 14) M.P. María Victoria Calle Correa.

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