Ley 1908 de 2018 crea el tipo penal de Asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados

Por

La primera pregunta es ¿Qué tiene que ver esto con los Contadores Públicos? Pues bien, la recientemente expedida ley 1908 de 2018 creó un nuevo tipo penal denominado asesoramiento a grupos delictivos  organizados y grupos armados organizados.

Allí se adicionado al Código Penal el artículo 340 A, así:

«Artículo 6°, Adiciónese el artículo 340A de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 340A. Asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados. El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, incurrirá por esta sola conducta en ' prisión de seis (6) a diez (10) años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por veinte (20) años.

No se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios. En todo caso el Estado garantizará la defensa técnica.» (Subrayado propio)

Tal como se evidencia, cuando se presten servicios contables a estos grupos, y siempre que sea con el propósito de contribuir con los fines ilícitos de los mismos puede incurrirse en prisión de 6 a 10 años.

Al respecto, en la gaceta No 84 de  2018, donde se indica el texto propuesto, en los argumentos se observan los siguientes:

«Parte del problema actual en materia de lucha contra el crimen organizado radica en la compleja red que integran sus miembros, testaferros y colaboradores, a fin de ocultar y maximizar los efectos de sus conductas delictivas. Con todo, se pudo identificar que no solo los sujetos activos asociados a estas estructuras criminales participan o se benefician de la comisión de múltiples delitos, también lo hacen terceros que a través de su profesión, arte u oficio, tienen el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de estas organizaciones.

La colaboración a grupos delictivos organizados es un tema de la máxima importancia al punto que incluso ha sido contemplado dentro de varios instrumentos internacionales como objetivo de los sistemas penales modernos. Uno de esos instrumentos es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (…)

(…) Pues bien, en ese marco fáctico surgió la propuesta de crear un nuevo tipo penal que sancione esa forma de contribución que actualmente es reiterada. Igualmente se tuvo la especial precaución de no afectar el derecho de defensa de los procesados siempre y establecer que los honorarios no tienen fuente ilícita.

Constitucionalidad:

El contenido del tipo penal propuesto, en una primera aproximación, plantea una limitación al derecho al trabajo y libertad al ejercicio de una profesión, por lo cual se hace necesario realizar un análisis de proporcionalidad. Para ello se debe establecer la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en estricto sentido, de la disposición propuesta.

El tipo penal contiene un fin constitucionalmente válido y aporta a su consecución. Esto es, el fortalecimiento de la paz y proteger a la sociedad colombiana de la consolidación y surgimiento de organizaciones criminales. La norma es necesaria porque, precisamente, la persecución penal a aquellas personas que facilitan la operación de organizaciones delictivas y armadas ha sido un reto para el Estado, pues sus comportamientos en sí mismos no están tipificados como concierto para delinquir (falta acuerdo previo en muchos casos), y el procesamiento como partícipes, genera penas poco significativas.

Finalmente, el tipo penal es proporcional, pues no está limitando de manera arbitraria el ejercicio de una profesión u oficio, sino que solamente lo hace cuando la finalidad del sujeto es servir o contribuir a los fines ilícitos de la organización criminal. De esta manera solo se está exigiendo una base ética y de valores constitucionales en el ejercicio de una profesión u oficio. Al respecto, la Corte constitucional señaló que: el legislador bien puede exigir que el ejercicio de los derechos tenga lugar sobre la base de asegurar que se están cumpliendo los deberes y las obligaciones que les son correlativos, siempre que no se afecte de manera injustificada el núcleo esencial de aquellos.»

Especial atención merece este tema a los Contadores Públicos, pues eventualmente el origen de los recursos con los cuales nos pagan honorarios nuestros clientes, servirá de garantía de la no comisión de este delito.

Contenido relacionado:
Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.


Déjenos su opinión

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc., pero debe hacerlo con respeto, sin insultar y sin ofender a otros.

Información legal aplicable para Colombia.