Derechos del arrendatario de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal

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Los arrendatarios de un bien inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, si bien no son propietarios de ningún coeficiente que le otorgue plenos derechos, la ley, o mejor, la jurisprudencia sí ha les ha concedido algunos derechos.

En primer lugar, es preciso anotar que el artículo 37 de la ley 675 de 2001, regulatoria de la propiedad horizontal, establece que las decisiones de tomadas por la asamblea general de propietarios son de obligatorio cumplimiento para los moradores de los bienes privados que no sean propietarios, esto es para los arrendatarios o quienes ocupen un bien bajo una figura diferente como  comodato o cualquier otra que no implique la posición del dominio jurídico, sino el simple goce del bien.

Considerando que los arrendatarios están en la obligación de acatar las decisiones que tome la asamblea general de propietarios, incluida la imposición de sanciones, y que la ley 675 no contempló de forma expresa derechos esenciales para los moradores no propietarios, fue la corte constitucional que por la vía jurisprudencial fijó algunos derechos.

La corte constitucional consideró que los moradores no propietarios, como el caso de los arrendatarios que nos ocupa, podrán elevar derechos de petición a las autoridades de la propiedad horizontal, y lo más importante, tienen derecho a ser oídos cuando se trate  de decisiones que los afecten.

Quiere decir esto que un arrendatario, que por ser propietario de coeficiente alguno no tiene ni voz ni voto en la asamblea, sí puedo participar en esta y ser oído, aunque ese derecho está limitado  únicamente a los aspectos tratados en la asamblea que le afecten.

También consideró la corte que cuando se impongan sanciones a los moradores no propietarios de un bien inmueble, se les debe garantizar el derecho a la defensa, por lo tanto podrán interponer los recursos que para ello haya contemplado el reglamento respectivo.

Fuente legal: Ley 675 del 2001, artículo 37. Corte constitucional, sentencia C-318 de 2002.

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