Diferencia de criterio en la aplicación de la norma tributaria

La diferencia de criterio es un concepto contemplado por la legislación tributaria, que puede evitar la imposición de sanciones tributarias.

Según este concepto, cuando el hecho sancionable incurrido por el contribuyente, ha sucedido por una diferencia de criterio en la interpretación de la norma tributaria, no hay lugar a la sanción por corrección o inexactitud.

Sobre el respecto, dice el artículo 588 del estatuto tributario:

(...) Cuando el mayor valor a pagar, o el menor saldo a favor, obedezca a la rectificación de un error que proviene de diferencias de criterio o de apreciación entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativas a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos que consten en la declaración objeto de corrección sean completos y verdaderos, no se aplicará la sanción de corrección. Para tal efecto el contribuyente procederá a corregir, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo siguiente y explicando las razones en que se fundamenta. (...)

A su vez, el artículo 647 del estatuto tributario contempla:

(...) No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos. (...)

Para que se pueda alegar la diferencia de criterio, en primer lugar los hechos y valores declarados deben ajustarse a la realidad, y en segundo lugar, debe demostrarse que los hechos cuestionados sucedieron como consecuencia de una interpretación diferente más no equivocada de la ley.

Al Consejo de estado, sección cuarta, en sentencia de octubre 27 de 2005, expediente 14725, expuso lo siguiente:

De conformidad con el artículo 647 del Estatuto Tributario, la diferencia de criterios debe versar sobre el derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados sean veraces y completos. En consecuencia, no hay diferencia de criterios cuando lo que se presenta es el desconocimiento del derecho procedente y cuando no son aplicadas las normas pertinentes. Cuando la discrepancia entre el fisco y el contribuyente se basa en una argumentación sólida que, aunque equivocada, permita concluir que su interpretación en cuanto al derecho aplicable llevó al convencimiento que su actuación estaba amparada legalmente, existe una diferencia de criterios. No ocurre lo mismo, cuando se presentan argumentos que a pesar de su apariencia jurídica, no tienen fundamento objetivo y razonable. El Tribunal concluyó con base en una interpretación sistemática, que el servicio de transporte público terrestre de personas se encuentra excluido del impuesto y que atendiendo el contexto de la disposición, el servicio privado de transporte terrestre de personas se encuentra gravado. A esa misma conclusión se llegaría al verificar la historia de la norma, la finalidad del legislador e incluso al sentido que el común de las personas le han dado a las expresiones contenidas en el artículo 476 del Estatuto Tributario. En la situación que se analiza hay elementos de juicio que permiten inferir el demandante obró de buena fe, pues los ingresos glosados fueron declarados efectivamente y se aportó el concepto de una autoridad lingüística reconocida, que evidencia las deficiencias en la redacción de la norma, de cuya simple lectura literal podría llegarse a la conclusión planteada por el contribuyente. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Sala considera que existen diferencia de criterio relativas a la interpretación del derecho aplicable que permiten levantar la sanción por inexactitud, tal como lo hizo el Tribunal.

En ocasiones, la redacción de la norma no es clara y lleva la confusión a la hora de interpretarla, lo que lleva al contribuyente a cometer errores de buena fe.

La diferencia de criterio no existe por ejemplo cuando se omiten ingresos o se incluyen costos o deducciones inexistentes; puede proceder cuando se incluyen costos o deducciones reales pero improcedentes, siempre que ese costo o deducción se haya incluido como consecuencia de una interpretación diferente que el contribuyente haya realizado de la norma, y siempre que la redacción de la norma induzca a una interpretación así.

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