Disminución del patrimonio por créditos incobrables

Así como las deudas de difícil cobro o manifiestamente perdidas se pueden deducir para efectos de determinar el impuesto a la renta, el patrimonio del contribuyente también se puede disminuir cuando existen créditos (cartera) que resultan incobrables.

Es evidente que si el contribuyente ha contabilizado en su patrimonio una deuda que no podrá recuperar, el patrimonio se debe disminuir para reconocer esa realidad, pues de no hacer así, se tendría un patrimonio que no refleja los derechos que realmente tiene la empresa.

Esta posibilidad está contemplada  en el artículo 270 del estatuto tributario:

«VALOR PATRIMONIAL DE LOS CREDITOS. El valor de los créditos será el nominal. Sin embargo, pueden estimarse por un valor inferior cuando el contribuyente demuestre satisfactoriamente la insolvencia del deudor, o que le ha sido imposible obtener el pago, no obstante haber agotado los recursos usuales.

Cuando el contribuyente hubiere solicitado provisión para deudas de dudoso o difícil cobro, se deduce el monto de la provisión.

Los créditos manifiestamente perdidos o sin valor, pueden descargarse del patrimonio, si se ha hecho la cancelación en los libros registrados del contribuyente.

Cuando éste no lleve libros, puede descargar el crédito, siempre que conserven el documento anulado correspondiente al crédito.»

Para disminuir el patrimonio por este concepto la norma exige uno de dos, o los  requisitos siguientes:

  1. Demostrar la insolvencia del deudor
  2. Demostrar que se gestionó el recaudo y resultó imposible

Los dos requisitos anteriores implican que se debe demostrar la razón que se alega para disminuir el patrimonio, y ello implica aportar pruebas, ¿y cómo se prueban esos hechos?

La sección cuarta del consejo de estado en sentencia 20503 del 16 de noviembre de 2016, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas, en la que se estudió la disminución del patrimonio con fundamento en el artículo 270 del estatuto tributario señaló que:

«La Sala ha señalado que para acreditar la existencia de razones que permitan calificar una cartera como perdida o sin valor no existe una tarifa legal de prueba, por lo que pueden tenerse en cuenta, por ejemplo, los informes de los abogados en los que se aconseje la baja de la obligación por no ser viable su cobro, la demostración de la insolvencia de los deudores o acreditar la especificidad de las gestiones realizadas para lograr el cobro de las obligaciones»

En la misma sentencia se precisa que:

«Lo dicho por la Sala ha sido con referencia a la deducción de deudas manifiestamente perdidas o sin valor de que trata el artículo 146 del ET, que valga aclarar no es el tema que suscita la presente controversia, pero resulta aplicable a los efectos del artículo 270 ibídem.»

De manera que existe libertad probatoria en estos casos, y la el consejo de estado sugiere unos medios de prueba, que por supuesto no son los únicos, de manera que el contribuyente debe esforzarse por sustentar muy bien su decisión y aprovechar las diferentes posibilidades que tiene para demostrar por qué debe disminuir el patrimonio en caso de tener cartera que difícilmente podrá recuperar.

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