¿Dónde interpongo la demanda si no me pagan los honorarios?

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Cuando se desarrolla un contrato de servicios o incluso un contrato de mandato y el contratante no paga los honorarios a que se ha comprometido, la demanda se debe interponer ante un juez laboral.

Si bien un contrato de servicios puede ser de naturaleza civil o en algunos casos de naturaleza comercial, es la jurisdicción laboral la llamada a resolver los conflictos que de él se deriven relacionaos con el pago de honorarios o cualquier tipo de remuneración relacionada o derivada de la ejecución del contrato.

Es así por expresa disposición del artículo 2 del código procesal del trabajo que en su numeral 6 reza:

«Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.»

Es claro que es el juez laboral quien se ocupa de la reclamación de los honorarios derivados de cualquier servicio personal de carácter privado, lo que involucra contratos como el de servicios, mandato, intermediación o cualquier otro que implique la prestación personal de un servicio.

Reclamación de multas, cláusulas penales o de incumplimiento en el contrato de servicios

Aquí un punto en donde hasta los tribunales se han equivocado.

Sucede que en un contrato de servicios además de los honorarios se pueden pactar cláusulas de incumplimiento, multas o clausulas penales, y esos pagos son distintos a los que corresponden a la remuneración del servicio como tal,  y por ello algunos jueces han interpretado que los conflictos derivados del pago de esos conceptos deben ser resueltos por la jurisdicción civil  y no laboral.

Sin embargo, la sala laboral de la Corte suprema de justicia en sentencia 47566 del 9 de mayo de 2018 con ponencia del magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán, ha sido enfática al afirmar que es la jurisdicción laboral la llamada a resolver esos conflictos, pues tales pagos se derivan del mismo contrato.

Ha dicho la sala:

«Puesto en otros términos, para el caso de los contratos de mandato o de prestación de servicios profesionales de carácter privado, la cancelación de los honorarios pactados tiene la obligación por parte del deudor o contratante de cubrirlos, siempre y cuando el acreedor o contratista haya cumplido con el objeto del contrato, así como también debe tenerse de presente que las denominadas cláusulas penales, sanciones, multas, etc., hacen parte de las denominadas «remuneraciones», teniéndose en cuenta que las mismas constituyen la retribución de una actividad o gestión profesional realizada a la cual se compromete el contratista en defensa de los intereses del contratante, aun en los eventos de que por alguna circunstancia se impida que se preste el servicio, por consiguiente, desde esta perspectiva, también resulta competente el juez laboral para conocer del presente asunto.»

Luego prosigue la corte:

«En ese orden de ideas, la justicia ordinaria laboral no solo conoce de la solución de los De suerte que, es el juez laboral y no el civil, quien tiene la competencia para conocer de esta contienda; pues no sería práctico, lógico y menos eficiente, trasladarle al usuario de la justicia, la carga de acudir a dos jueces de distinta especialidad, para que le resuelvan un litigio que tiene como fuente una misma causa (el contrato de prestación de servicios); máxime que, como se explicó, si el juez laboral es competente para conocer de los conflictos jurídicos que surgen en el reconocimiento y pago de los honorarios, nada impide para que igualmente conozca y decida sobre las cláusulas en las que se estipula una sanción o multa que también hacen parte de las remuneraciones que consagra la norma procedimental (artículo 2.°, numeral 6.° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), pues estos conceptos están estrechamente ligados como un todo jurídico, lo cual se traduce en una mejor concentración y eficiencia de la administración de justicia, al permitir el texto normativo la unificación en una sola jurisdicción para el conocimiento y definición de dichas controversias, siendo este el cometido de tal regulación, con lo que se evita que se pueda escindir dicha jurisdicción.»

La corte en la misma sentencia aprovecha la oportunidad para fijar el precedente jurisprudencial respecto a este tema en los siguientes términos:

«Finalmente, es de resaltar, que lo anteriormente expuesto lleva a la Sala a fijar el presente criterio jurisprudencial, en lo concerniente a la competencia de la jurisdicción laboral para conocer de los conflictos relacionados con el cobro de otras remuneraciones, llámese «cláusulas penales, sanciones o multas», establecidas o pactadas en los contratos de prestación de servicios profesionales, así se involucre el resarcimiento de perjuicios, con lo cual, por demás, se recoge cualquier pronunciamiento que se haya emitido en sentido contrario.»

Queda suficientemente claro que es el juez laboral es el llamado a resolver los conflictos que se deriven de cualquier pago  originado en un contrato que implique la prestación personal de un servicio.

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