El cumplimiento de la edad de retiro forzoso no determina necesariamente el retiro del servidor público

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Existe en el imaginario colectivo la creencia equivocada de que el cumplimiento de la edad de retiro forzoso activa automáticamente el retiro del servidor público. Y decimos que esa creencia es errónea por cuanto se dan casos en que forzar la salida del trabajador por el solo hecho de haber cumplido esa edad puede implicar la violación de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.

Y es que a decir verdad la ley provoca esa creencia en el intérprete, si éste se no se suelta del texto y levanta la mirada hacia esas otras dimensiones que enriquecen el conocimiento como son la doctrina y la jurisprudencia.

En efecto,  el Decreto-Ley 2400 de 1968, que reguló la edad de retiro de los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público, señala en su art. 31 lo siguiente:

«Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años, será retirado del servicio y no será reintegrado. Los empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por razón de edad, se harán acreedores a una pensión por vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular establezca el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos. Exceptúense de esta disposición los empleos señalados por el inciso 2 del artículo 29 de este decreto» (Es de advertir que el art. 1º de la ley 1821 de 2016 elevó a 70 años la edad de retiro forzoso). 

Y el art. 41 de la ley 909 de 2004 expresa:

«Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

(…)

g) Por edad de retiro forzoso;»

Ahora bien, la situación que se presenta cuando el trabajador alcanza la edad de retiro forzoso y le ha sido reconocido el derecho a la pensión de vejez no ofrece mayores dificultades, por cuanto en esa eventualidad  el funcionario ya  tiene asegurado su mínimo vital. El problema se torna crítico cuando al mismo no le ha sido reconocida la pensión por mora de parte del fondo,  o le falta poco  tiempo de servicios para completar el requerido para el acceso a la pensión, o su situación de salud es de tal magnitud que la suspensión del tratamiento  que traería consigo la desafiliación del sistema general de salud como consecuencia del retiro le podría significar un riesgo inminente para su vida. 

Pues bien, recientemente la Corte Constitucional se ocupó del caso de un trabajador que por haber llegado a los 65 años de edad fue retirado del servicio oficial, faltándole 139 semanas para obtener su pensión.

Tomando en cuenta su avanzada edad y el hecho de que  al perder el empleo perdió también  su única fuente ingresos, el trabajador acudió a la acción de tutela en procura de que la justicia constitucional ordenara su reintegro al cargo y asegurara su permanencia en éste hasta reunir las 1300 semanas requeridas para el otorgamiento de la pensión. 

La entidad demandada (el Departamento de Caldas- Secretaría de Educación) se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, aduciendo que el retiro del accionante se había realizado con apego a la ley.

Los jueces de las instancias negaron el amparo solicitado por el trabajador, tras considerar que no era procedente porque el accionante contaba con otros mecanismos de defensa igualmente  idóneos.

La Corte Constitucional seleccionó la sentencia del juez de segunda instancia para su revisión. 

Al estudiar el caso, la Corte hizo la siguiente precisión al respecto:

«La Sala considera que la decisión de desvincular del servicio a una persona por el hecho de cumplir la edad de retiro forzoso sin evaluar la situación particular de la persona, puede apartarse de parámetros de razonabilidad si previamente no se evaluó la situación particular de la persona y el impacto del retiro en su mínimo vital. Este Tribunal ha reiterado en que deben considerarse las condiciones específicas del empleado para apartarlo de su cargo por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso, a fin de evitar una afectación a sus derechos fundamentales, y particularmente, a su mínimo vital.»

Y agregó:

«En la Sentencia T-174 de 2012, la Corte afirmó que “la causal de desvinculación de un servidor público por haber cumplido la edad de retiro forzoso es constitucional, pero al momento de su aplicación, las entidades públicas deben considerar las condiciones particulares de cada persona para evitar que el retiro del servicio del adulto mayor implique una vulneración a sus derechos fundamentales, especialmente su derecho al mínimo vital, (…)»

Y más adelante puntualizó:

«La Sala concluye que la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, pese a haber desvinculado al accionante en cumplimiento de un mandato legal, vulneró su derecho fundamental al mínimo vital, al terminar su vínculo del servicio tras alcanzar la edad de retiro forzoso, sin valorar las circunstancias particulares de su caso y sin que previamente el actor hubiera obtenido una prestación que le asegurara ingresos periódicos para satisfacer sus necesidades básicas. Con base en lo anterior, la Corte concederá el amparo del derecho fundamental al mínimo vital y, en consecuencia, ordenará el reintegro del accionante en el mismo cargo o uno similar hasta que cumpla las semanas requeridas para obtener la pensión de vejez y se produzca su inclusión en nómina de la pensión. Ahora bien, esta regla no impide la desvinculación del trabajador si se configura otro tipo de causal que lo justifique asociada, por ejemplo, al incumplimiento de sus obligaciones. »

(Ver Sentencia T-360/17 del 30 de mayo M.P. Dr. Alejandro Linares Cantillo)

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