El estado busca garantizar los derechos del ciudadano en la medida en que a la vez logre un beneficio propio

Uno de los argumentos que ha expuesto el gobierno para imponer el uso de la famosa PILA, es el de garantizar la seguridad social de los trabajadores independientes. El gobierno ha considerado que se debe obligar al independiente a que pague tanto salud como pensión, para que de esta forma quede cubierto tanto por los riesgos de salud como por los riesgos de vejes o invalidez.

Muy válida la preocupación del gobierno, pues está muy interesado en que todo el mundo tenga cobertura tanto en salud como en pensión. Pero ese interés no es desinteresado. Ese interés no obedece a su altruista filosofía humanista, sino a que el cumplimiento de estas supuestas garantías constitucionales, tienen como consecuencia directa, el interés particular del gobierno, o de sus gobernantes y amigos.

No es que el gobierno esté muy interesado en la salud o pensión de millones de colombianos pobres. NO. Lo que en verdad le preocupa, son los intereses de las grandes empresas que manejan esos recursos, esto es, los fondos de pensión y EPS, que como cosa curiosa, son grandes financiadores de campañas políticas.

¿Acaso el gobierno alguna vez se ha preocupado por llevar agua potable a millones de colombianos que viven en los cientos de municipios alejados? ¿Se ha preocupado por la educación de tantos niños y jóvenes que no tienen acceso a ella? Eso es bienestar social también, y quizás más importante que la misma pensión de alguien que quizás nunca logre pensionarse.

Como suministrar agua potable o educar cientos de miles de niños pobres no beneficia a ningún empresario grande, entonces el estado no le interesa. Si eso le representara algún beneficio para sus amigos, con toda seguridad que la educación sería obligatoria como lo es pagar salud y pensión.

Si la solución de algún problema social genera millonarios beneficios a grandes empresas, ese beneficio social se garantiza; pero si al contario, ese beneficio social no implica sino costos para el estado, ese beneficio no se garantiza, aunque sea un derecho fundamental.

Cuando se trata de beneficiar a políticos y amigos de estos, el estado hace hasta lo imposible porque la mayor parte de la población tenga acceso a ese “beneficio”, así sea de manera obligatoria y arbitraria como con la PILA.

Hay que ver la cara dura del ministro de la protección social argumentando el beneficio social que representa la PILA, cuando en el fondo, los más y únicos beneficiados son las EPS y fondos de pensión, puesto que la salud, en todo caso debe ser garantizada por el estado mediante el Fosyga o el régimen subsidiado.

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