El ICBF no es empleador de las madres comunitarias ni está llamado a responder solidariamente por el pago de los salarios y prestaciones sociales de éstas

Obrando en nombre propio y en su condición de madres comunitarias, las señoras Adriana María Tirado Osorio, Jonny Astrid Ardila González, Mónica María Montoya Tabares, Cecilia del Socorro Torres Pérez, Ilba Losada Garrido y Silvia Luz Torres Pérez, formularon demanda de tutela con el fin de que se les protegieran sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a una vida digna, tras considerar que los mismos estaban siendo vulnerados por la Fundación Ser Humano y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en adelante CBF.

En su demanda las accionantes solicitaron que se le ordenara a la Fundación Ser Humano y al ICBF, pagarles los salarios adeudados correspondientes a los meses de septiembre y octubre del año 2016 junto con la liquidación de las  prestaciones sociales, afiliación y cotización al sistema de seguridad social integral.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones adujeron las actoras que se desempeñaban como madres comunitarias; que durante los meses de febrero a octubre del 2016 cumplieron dicha labor mediante contrato de trabajo suscrito con la Fundación Ser Humano, y que durante dicho lapso de tiempo la mencionada fundación se retrasó en los pagos de salarios y cotizaciones a la seguridad social.

Afirmaron, así mismo, que la entidad empleadora les debe las sumas correspondientes a los salarios de septiembre y octubre y la liquidación por el contrato finalizado. Agregaron que en vista de los reclamos presentados a la patronal, ésta les ha respondido que deben esperar a que el ICBF realice el pago de lo contratado.

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, mediante auto del 11 de noviembre de 2016, en el que se ordenó notificar al ICBF y a la Fundación Ser Humano, como demandados.

El ICBF respondió indicando que las madres comunitarias no tienen vínculo contractual alguno con ese Instituto, razón por la cual el responsable de los pagos es el operador del programa. Aclaró igualmente que a la entidad solo le corresponde ejercer la supervisión del cumplimiento del contrato con apoyo de un equipo interdisciplinario a cargo de los coordinadores zonales, y puntualizó que la acción de tutela se torna improcedente cuando se trata de reclamar acreencias laborales.

El juez de primera instancia (Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad) amparó los derechos fundamentales de las accionantes; y en tal virtud le ordenó a la Fundación Ser Humano que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la sentencia, pagara a las demandantes los salarios y las prestaciones sociales reclamadas. Dispuso igualmente la Sala que la mencionada fundación  efectuara el pago de los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a los meses de septiembre y octubre del 2016, que se hallaban pendientes de pago.

Por otra parte, le ordenó al ICBF que en caso de que la Fundación Ser Humano no realizara el pago de las acreencias laborales adeudadas, procediera dicho Instituto a pagar el salario y las prestaciones reconocidas dentro del término de los cinco días siguientes.

El Tribunal tuvo por acreditada la vulneración al mínimo vital de las accionantes, dado que éstas devengaban un salario mínimo; no habían recibido salario en los últimos dos meses, y tampoco se le había cancelado al sistema de seguridad social el valor de los aportes correspondientes. Destacó finalmente que las madres comunitarias pertenecen a sectores deprimidos de la comunidad, lo cual las hace más vulnerables.

Del mismo modo, consideró el Tribunal que el ICBF es responsable de manera solidaria frente a las obligaciones laborales adquiridas por el contratista con las madres comunitarias, por cuanto el servicio contratado es una actividad propia y misional de la entidad. Y subrayó que las normas de contratación le exigen la supervisión permanente en el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

El ICBF impugnó la decisión del Tribunal, y solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa de la entidad para resolver la situación laboral de las accionantes, comoquiera que la misma no tiene ningún tipo de injerencia en asuntos relacionados con salarios, prestaciones, indemnizaciones y aportes al sistema de seguridad social emanados de las relaciones laborales existentes entre las entidades administradoras del servicio y sus trabajadoras, pues las primeras son autónomas en el manejo de las relaciones laborales.

Y enfatizó que por no tener la condición de empleador respecto de las trabajadoras de los diferentes operadores, no recaía  sobre el ICBF ninguna obligación legal de intervenir en los conflictos laborales de ellas, máxime si se tiene en cuenta que no son empleadas públicas ni trabajadoras oficiales nombradas directamente por la entidad.

Correspondió conocer del asunto en la segunda instancia al Consejo de Estado quien de entrada definió que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si la Fundación Ser Humano y el ICBF vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y vida digna de las accionantes, ante la falta de pago de sus salarios, cotización al sistema de seguridad social y demás emolumentos salariales durante los meses de septiembre y octubre de 2016 causados en virtud de un contrato laboral de madres comunitarias.

En su intervención como juez constitucional  de segundo nivel el Consejo de Estado rememoró que la Corte Constitucional ha fijado una presunción de vulneración del mínimo vital en aquellos casos en los que la falta de pago oportuno, completo y periódico de los salarios es prolongado en el tiempo, por cuanto la privación de dicha acreencia lleva indefectiblemente a la precariedad de los recursos destinados a la cobertura de las necesidades básicas.

El Consejo de Estado compartió la conclusión a que había llegado el a quo en el sentido de que estaba debidamente probada la afectación al mínimo vital de las accionantes, y en tal virtud procedió a confirmar el amparo en cuanto ordenó a la Fundación Ser Humano pagar los salarios, prestaciones y cotizaciones al sistema de seguridad social adeudados.

Ahora bien, frente al pronunciamiento hecho por el Tribunal de que el ICBF es responsable de manera solidaria respecto de  las obligaciones laborales adquiridas por el contratista con las madres comunitarias accionantes, en tanto el servicio contratado es una actividad propia y misional de la entidad, el Consejo hizo la siguiente precisión:

“El artículo 3.º del Decreto 289 de 2014 prevé que «las madres comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF» Por lo tanto, no es cierto lo dicho por el Tribunal en cuanto a que al ICBF le asiste una responsabilidad solidaria respecto al pago de salarios y demás emolumentos salariales, pues la norma es clara al establecer que no es posible predicar solidaridad patronal”.

Y como consecuencia de lo anterior procedió a revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de ordenarle al ICBF pagar las acreencias laborares y demás prestaciones sociales a las accionantes en el evento en que la Fundación Ser Humano no realizara el pago correspondiente, tomando en cuenta que la norma que se viene de transcribir en su literalidad expresa que no se puede predicar la solidaridad patronal para este tipo de casos.

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