El pago de la indemnización moratoria no es automática pero sí debería ser la regla general

Harto se tiene dicho que la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del código sustantivo del trabajo no opera de forma automática, pero sí debería ser la regla general, esto es, que sólo excepcionalmente el empleador se pudiera eximir de su pago.

Debido a que la jurisprudencia de la corte suprema de justicia le ha dado una interpretación en cierta forma laxa al artículo 65 del código sustantivo del trabajo, ningún empleador paga voluntariamente la sanción allí contenida, y debido a esa jurisprudencia, es de lo más común encontrar que las empresas se demoran meses en pagar “la liquidación” a los trabajadores que despiden o se retiran, y casi siempre sin consecuencias, puesto que raras veces los trabajadores demandan judicialmente.

Aunque la corte suprema de justicia haya dicho que la indemnización no opera automáticamente, si miramos en detalle su  posición jurisprudencial vemos que en realidad no es tan laxa y podría concluirse que la exoneración de dicha sanción será de forma muy excepcional.

La interpretación de la sala laboral de corte suprema de justicia en la sentencia 7393 del 18 de septiembre de 1995, reiterada el 24 de enero de 2012 en sentencia numero 37288, ha sido la siguiente:

Con arreglo al artículo 65 del C.S.T si a la terminación del contrato de trabajo el empleador no cancela al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos en que la ley o el convenio lícito de las partes autoricen retención, a éste corresponde el derecho de percibir un día de salario por cada día de retardo a título de indemnización.

En caso de que este derecho indemnizatorio sea reclamado por vía judicial, la jurisprudencia ha precisado que el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho de la falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de ésta emerge la buena fe exonerar al patrono.

Dicha buena fe alude a que el empleador que se abstenga de cancelar los derechos laborales a la finalización del nexo, entienda plausiblemente que no estaba obligado a hacerlo, siempre y cuando le asistan serias razones objetivas y jurídicas para sostener su postura de abstención, es decir que sus argumentos para no haber pagado resulten valederos.

Como ejemplo típico de buena fe puede mencionarse que el patrono haya estado convencido de que no existió contrato de trabajo, porque la relación laboral ofrecía tales características externas de independencia que la ubicaban en una zona gris respecto del elemento de subordinación.  También es dable citar la hipótesis en que se haya dejado de cancelar el monto pretendido de un derecho cuyo valor es discutible, como cuando se debate con razones admisibles si determinado pago constituye o no salario para efectos de la liquidación prestacional.

Debe distinguirse en todo caso, la buena fe como circunstancia exonerante de los llamados salarios caídos, de otros factores externos que impiden el cumplimiento de las obligaciones y, en principio, también liberan al deudor de responsabilidad por incumplimiento como el caso fortuito o fuerza mayor.  En estos eventos el obligado no desconoce su compromiso, sino que alega insuperables hechos impeditivos de su cumplimiento.  Verbigracia, si el empresario, a punto de efectuar el pago final de los derechos de determinados trabajadores, no lo puede hacer porque un incendio imprevisto, imprevisible e irresistible consume el dinero destinado a la cancelación, por obvios motivos no debe responder por la demora razonable en volver a conseguir los respectivos medios de pago.

Desde luego, si se pretende alegar fuerza mayor o caso fortuito en materia laboral y particularmente como eximentes de la indemnización moratoria, han de aparecer comprobados los requisitos de la figura, vale decir que el hecho no sea imputable al deudor, que sea irresistible en el sentido de que el empleador no haya podido impedirlo y quede en imposibilidad absoluta de cumplir la obligación a tiempo, y que el hecho haya sido imprevisible, esto es, que el obligado no haya podido precaver su ocurrencia, de acuerdo con las circunstancias del caso.

Según el anterior razonamiento, de aplicarse estrictamente es muy difícil que un empleador pueda justificar su decisión de no pagar la sanción que le impone la ley de forma expresa y clara.

Si todos los trabajadores que son afectados por la inaplicación del artículo 65 del código sustantivo del trabajo por parte del empleador demandaran judicialmente su aplicación, con seguridad la gran mayoría de empleadores serían obligados a pagar la sanción en referencia.

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