Embriaguez del trabajador debe probarse mediante pruebas técnicas, pero si éste se rehúsa a su práctica, se puede acudir a cualquier otro medio de prueba

Como en materia laboral no existe tarifa legal, cualquier medio de prueba aceptado por la ley es apto para acreditar el alicoramiento del trabajador. 

Mediante sentencia SL – 11632 del 2 de septiembre de 2015, la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia dejo en claro que de conformidad con los términos del artículo 51 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social no existe tarifa legal y por tanto el empleador podrá probar el alicoramiento del trabajador valiéndose para ello de cualquier medio de prueba consagrado en la ley. Sin embargo precisa la Sala que lo ideal es que se prefiera utilizar para ello una prueba técnica que permita determinar con precisión el estado de embriaguez del trabajador, pero que si éste se niega a permitir la práctica de dicha verificación, nada obsta para que el empleador pueda valerse de otros medios de prueba igualmente idóneos para tal fin. Así se expresó la Corte sobre este punto:

“(…) lo más deseable es que, ante una sospecha razonada, se realice una prueba técnica que permita deducir el estado de ebriedad de un trabajador, su grado y sus consecuencias negativas para el desarrollo de las labores profesionales en condiciones normales. Sin embargo, ello no impide que, ante la negativa infundada del trabajador de realizarse la prueba, el empleador pueda acudir a otro tipo de elementos indicativos de tal estado, como, entre otros, el comportamiento distorsionado, la falta de motricidad, la falta de coordinación y el alto aliento alcohólico, que pueden ser apercibidos fácilmente, sin necesidad de prueba técnica alguna”.

El anterior pronunciamiento lo hizo la Corporación al ocuparse del caso de dos trabajadores que fueron despedidos de sus cargos tras ser hallados consumiendo cerveza dentro de las instalaciones de la empresa Bavaria S. A. y luego negarse a la práctica de la prueba de alcoholemia que la empresa les ordenó someterse.

Los trabajadores adujeron en su defensa que su resistencia a someterse a dicha prueba obedeció a que quien iba a practicársela  era la propia empleadora y no Medicina Legal que es la entidad oficial a cuyo cargo está esa función de verificación.  Y fueron consistentes en negar que hubiesen sido encontrados consumiendo cerveza.

Y para neutralizar las sindicaciones hechas por la empresa en la carta de despido y en la contestación de la demanda, los trabajadores presentaron al proceso los resultados de los exámenes de alcoholemia que se hicieron practicar ese mismo día en Medina Legal, lo cuales habían salido negativos.

La Corte casó la sentencia del Tribunal que había condenado a la empresa a pagar a los demandantes la indemnización por despido injusto y la pensión prevista para esos casos en la Convención colectiva, y en tal virtud la absolvió de los cargos formulados en la demanda.

Estimo la Corte que el Tribunal se había equivocado al considerar que al  no haberse acudido a la prueba técnica para establecer el estado de alicoramiento de los demandantes dicha condición había quedado sin prueba y que en esas circunstancias el despido devenía en injusto. De esa manera el Tribunal le negó valor probatorio al acta aportada por la empresa en la que se daba cuenta de que los trabajadores habían sido sorprendidos consumiendo licor dentro de sus instalaciones, de la falta de coordinación que presentaban éstos al hablar, de su aliento alicorado, de la falta de equilibrio que mostraban al caminar, y de su negativa a someterse a la prueba técnica.

Al casar la sentencia la Corte le restó valor a los resultados de los exámenes practicados por Medicina Legal, por cuanto los mismos fueron realizados varias horas después del momento en que se suscitaron los hechos que originaron el despido.

En esa misma oportunidad dijo la Corte: 

“En tal medida, es claro que la conducta reprochada a los demandantes por parte de la accionada, se acreditó en debida forma, en tanto de las probanzas atrás señaladas, objetivamente se extrae que estos fueron sorprendidos por uno de sus funcionarios, con producto de la compañía, el cual habían consumido, y aun cuando se negaron a la práctica del examen de alcoholemia, esa situación puede leerse como una expresión del temor a ser descubiertos en la comisión la de la falta, la cual, en todo caso, se constató  con las actas levantadas para el efecto, según las cuales, los señores Pablo Antonio Rodríguez y Rogelio Rodríguez presentaban comportamientos diferentes a los normales, movimientos lentos, ojos enrojecidos, y aliento alcohólico.

Las anteriores situaciones, tal como lo dispone el artículo 74 del reglamento interno del trabajo (folio 475), constituyen faltas graves, en tanto, dicha preceptiva dice lo siguiente:

Artículo 74. Los siguientes hechos constituyen faltas graves:

(…)

  1. incurrir en las obligaciones y prohibiciones contractuales y reglamentarias.
  2. Ingerir licor durante el desempeño del oficio, o llegar a trabajar en estado de alicoramiento.
  3. Sustraer cerveza.

Así las cosas, se observa el yerro del Tribunal al momento de proferir su decisión, pues sin examinar adecuadamente el acervo probatorio, concluyó que los contratos de trabajo de los demandantes finalizaron sin existir justa causa para ello, cuando en realidad, se demostraron las conductas cometidas por estos, para adoptar la decisión de terminarlos con justa causa, conducta con la que además, se vulneraron las disposiciones denunciadas por la censura.

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Una opinión
  1. alex dice:

    Me gustaría saber en que sitio envía uno al empleado para que se realice la prueba y sea valida en algún reclamo.

    Gracias

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