Accidente de trabajo – El empleador debe probar que le suministró al trabajador las herramientas de trabajo apropiadas y que lo capacitó debidamente para la labor

En ausencia de tales pruebas el empleador puede ser condenado a pagar pensión de invalidez o de sobrevivientes, según sea el caso, perjuicios morales, daños fisiológicos, etc. cuyos costos pueden ser muy altos.

Entre el 14 de abril de 2008 y el 25 de abril de 2009 Javier Manuel estuvo vinculado laboralmente con una empresa dedicada al cultivo de palma africana. Sus funciones consistían en realizar las labores de corte del fruto de corozo de las palmas y ejecutar el mantenimiento de las mismas, su salario fue siempre $ 656.000 y nunca estuvo afiliado a la seguridad social.

La relación laboral terminó a causa de un accidente de trabajo ocurrido el 25 de abril de 2009, aproximadamente a las 8 y 30 am, mientras se dedicaba al corte del fruto de corozo con su herramienta de trabajo consistente en una vara de aluminio de 12 metros de altura. El piso estaba mojado por la lluvia, y las ramas de los árboles impedían ver los cables eléctricos que se extendían por encima del cultivo. El hecho fue que Manuel Javier hizo contacto accidentalmente con las redes eléctricas a través de la vara metálica, lo que permitió que recibiera una descarga de alrededor de 13 mil voltios y le produjera quemaduras de segundo y tercer grado en todas las partes de su cuerpo.

Como la empresa no tenía personal preparado para atender los primeros auxilios, el accidentado fue trasladado en un tractor hasta encontrar un vehículo de la empresa y luego fue llevado al hospital; finalmente, recibió atención en una Clínica con el carnet del SISBEN, donde se encuentra  hospitalizado desde entonces.

Como consecuencia de lo anterior, el trabajador demandó a la empresa solicitando que fuera condenada al pago de los siguientes conceptos: a) los aportes al Sistema General de Pensiones causados desde el 14 de abril de 2008 hasta el 25 de abril de 2009, más los intereses moratorios; b) las primas de servicios, c) las cesantías, d) las vacaciones, y e) la indemnización moratoria. Solicitó igualmente que se declarara que el accidente sucedió por culpa de la demandada ante la falta de medidas de prevención e incumplimiento de las normas de salud ocupacional; y que es responsable de las obligaciones que la ley radica ordinariamente en cabeza de los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, por incumplir su obligación legal de afiliarlo a los respectivos sistema de seguridad social; que como consecuencia de lo anterior, fuera condenada a reconocerle las prestaciones asistenciales no concedidas por la EPS (SIBEN), por ser de origen profesional, como cirugías plásticas, terapias y todas las necesarias para su rehabilitación con los respectivos viáticos para el «demandado» y sus acompañantes; junto con el pago de la seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, desde el 25 de abril de 2009 hasta que sea reconocida judicialmente la pensión de invalidez; más la pensión de invalidez, a partir del 25 de abril de 2009, por sufrir una pérdida de capacidad laboral mayor al 50% por causa del accidente de trabajo sufrido. Así mismo, las condenas derivadas de la indemnización plena de perjuicios consistente en lucro cesante, consolidado y futuro; el daño moral y de la vida en relación, a favor del extrabajador y de sus progenitores; más los perjuicios morales de sus hijas menores.

Adujo así mismo que de acuerdo con evidencias aportadas con la demanda, la empresa no cumplió con el deber que le asistía de dotarlo de los elementos técnicos necesarios para evitar el accidente, ni había implementado un protocolo de seguridad industrial, y que la situación de invalidez que sufre ha obligado a sus padres a interrumpir sus labores cotidianas para cuidarlo, pues su matrimonio se terminó por las secuelas del accidente.

El juez de primera instancia declaró la existencia del contrato de trabajo entre las partes, e impuso condena por las prestaciones laborales; etc. Y en cuanto a lo que finalmente fue objeto del recurso de casación, el a quo declaró la culpa patronal en el accidente de trabajo sufrido por Javier Manuel y condenó a la demandada a pagar a favor del accidentado:

1.) La pensión de invalidez a partir del 25 de abril de 2009, en cuantía equivalente a $585.000 mensuales.

2.) El retroactivo pensional al 30 de septiembre de 2012, equivalente a $35.214.044;

3.) Las prestaciones sociales derivadas del contrato;

4.) Daños morales en el monto de 100 SMLMV; ($ 73.771.700)

5.) Perjuicios fisiológicos por $15.000.000;

6.) Y, a favor de los padres y de las hijas menores, 50 SMLMV por perjuicios morales (o sea, $ 36.885.850 a cada uno).

Absolvió de las demás pretensiones.

Al resolver el recurso de apelación el juez de segunda instancia dejó en claro que, de acuerdo con la prueba testimonial y el informe de la Junta Regional de Invalidez de Magdalena, no cabía duda de que Javier Manuel padeció un accidente de trabajo en las instalaciones de la empresa, que le generó una pérdida de capacidad laboral del 72.66%. Y halló debidamente probada la culpa de la empresa al echar de menos que ésta le hubiese suministrado al trabajador los elementos de protección y las herramientas de trabajo suficientes para desempeñarse, a efecto de prevenir accidentes de trabajo, o sea que no le garantizó el desarrollo de las labores convenidas en condiciones idóneas para la seguridad y la salud del trabajador.

Así mismo destacó que los empleadores deben informar a sus trabajadores de los riesgos a los que se encuentran expuestos en el desempeño de su labor y propiciar ambientes de trabajo sanos.

Por otra parte, el juez tuvo en cuenta el dictamen recaudado en el proceso, en el que la experta dijo que el accidente se había podido evitar si la vara cortadora hubiera tenido un aislante de energía; que no hubo registro de la capacitación practicada al extrabajador, y ratificó que no se le presentó constancia alguna de que al trabajador se le hubieran entregado elementos de protección, y que si bien el trabajador tenía guantes para desarrollar su labor, estos no eran aislantes, y que el «malayo» consistente en dos varas de aluminio, cada una de 6 metros de altura, que podía alcanzar hasta 12 metros, tampoco tenía aislante de energía.

Con relación a los implementos de trabajo, el operador judicial consideró que el empleador debió demostrar que le había entregado al accionante los apropiados, para acreditar que actuó con diligencia y cuidado; sin embargo, en el expediente no encontró prueba de que la demandada hubiera  actuado con el mínimo deber de cuidado impuesto por las normas del trabajo y salud ocupacional frente a las labores desempeñadas por la víctima del accidente, pues los guantes que le fueron suministrados al trabajador, según lo comprobado, no servían de aislante en el caso de que la herramienta de trabajo de material de aluminio tuviera contacto con redes energizadas o líneas de alta tensión.  Y descartó que el accidente hubiese provenido de un descuido del trabajador.

En consecuencia, le negó la razón a la empresa apelante y confirmó la sentencia del a quo.

La empresa interpuso el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal, pero la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la dejó en firme.

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Una opinión
  1. Jaime Alberto CASTANO VASQUEZ dice:

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