Los empleados públicos no tienen derecho al pago de la indemnización moratoria

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El artículo  65 del código Sustantivo del Trabajo establece, en su primer inciso, que si a la terminación del contrato de trabajo, el empleador no le paga al trabajador los salarios y las prestaciones debidas, debe pagarle a éste, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Y que si transcurridos los 24 meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha demandado al empleador, éste le deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes 25 hasta cuando el pago se verifique..

Y en el Parágrafo 2° precisa que lo anterior solo se aplica a los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente, y que para los demás la indemnización  seguirá siendo un día de salario por cada día de mora hasta cuando se produzca el pago de lo adeudado.

Explicado someramente el concepto de indemnización moratoria, veamos ahora quiénes son empleados públicos.

Las personas que laboran al servicio del Estado se denominan servidores públicos, y dentro de dicha denominación están comprendidos los empleados públicos y los  trabajadores oficiales. Así las cosas, los servidores públicos son el género,  y los empleados públicos y los trabajadores oficiales son especies de ese género.

Consulte: Servidor público, empleado público, trabajador oficial – Criterios orgánico y funcional como elementos de su clasificación.

Por razones de espacio no vamos a entrar aquí a señalar los criterios que se aplican para establecer la clasificación de dichos trabajadores. Digamos simplemente que los empleados públicos se vinculan a la Administración mediante una relación legal y reglamentaria (son nombrados, se posesionan, etc.), mientras que los trabajadores oficiales se vinculan a través de contrato de trabajo.

Consulte: ¿Qué se entiende por relación legal y reglamentaria?

Pues bien, para ir avanzando en el análisis del tema, tengamos en cuenta los siguientes aspectos:

  1. El artículo 3º del Código Sustantivo del Trabajo señala: El presente Código regula las relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares”.
  2. El artículo 4º de la misma obra dice: Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.”
  3. El artículo 65 del C. S. del T. establece: “Si a la terminación del contrato (…)¨” 

En ese orden, como la norma que contempla la figura de la indemnización moratoria por falta de pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo está consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo, y dicho estatuto no regula las relaciones de derecho individual del trabajo que se suscitan entre la Administración Pública y los empleados públicos, se concluye con facilidad que la mencionada norma no aplica para dichos servidores.

Así lo dejó en claro recientemente el Consejo de Estado en Sentencia identificada con Radicación: 44001-23-33-000-2014-00032-01, del 25 de enero de 2018, al resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por un exempleado público contra la sentencia del Tribunal que le negó el derecho a la mencionada indemnización.

Dijo el Consejo:

«Cuando se trata de empleados públicos no procede el reconocimiento de la indemnización por falta de pago que consagra el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. (…)»

Y más adelante agregó:

«El Tribunal consideró que la indemnización moratoria del artículo 65 del CST no podía ser aplicada al caso del demandante por haber ostentado la calidad de empleado público, razón por la cual negó las pretensiones de la demanda.

Por su parte, el demandante recurrió la sentencia y para el efecto argumentó que se le discrimina al no tener en cuenta las disposiciones legales y constitucionales que protegen a los empleados del sector público y privado (…)

Para esta Subsección resulta claro que la existencia de regímenes diferenciados para los empleados públicos y trabajadores oficiales, no implica per se una forma de discriminación. Como es sabido, la vinculación del empleado público y del trabajador oficial es diferente; el primero, se ata a la administración mediante una modalidad legal o reglamentaria que involucra un régimen previamente establecido en la ley y que regula el ingreso, la permanencia, el ascenso y el retiro, lo cual se concreta con el nombramiento y la posesión.

El trabajador oficial por su parte se vincula mediante un contrato de trabajo que se regula a través de sus cláusulas convencionales y su existencia se define según la necesidad del servicio en la rama ejecutiva, (…)

En efecto, la naturaleza de uno y otro es disímil razón suficiente para justificar el trato diferente, sin que la normatividad que el legislador fijó tanto para los empleados públicos como para los trabajadores oficiales se traduzca en un modo de discriminación.

De los documentos que obran en el plenario, resulta claro que el señor (…) cuando estuvo vinculado a la ESE (…) en el cargo de tesorero, lo hizo bajo la modalidad de empleado público (…)

Ahora, en atención al artículo 3 del CST, se concluye sin mayores argumentos que las relaciones que regula, no son las de los empleados públicos, sino que está ligada al derecho laboral individual, cuya base estructural es el contrato de trabajo.

En atención a lo anterior a los trabajadores oficiales, incluso quienes laboran con entidades públicas, se les aplica el CST y su vinculación es a través del contrato de trabajo, en el cual concurren las voluntades de ambas partes para acordar las condiciones de la prestación del servicio.

Por el contrario, el empleado público tiene una vinculación legal y reglamentaria, en la cual no tiene la posibilidad legal de acordar con la administración la manera de prestar el servicio, es decir, el régimen al cual quedan sometidos está previamente determinado en la ley.

De acuerdo con lo planteado, resulta claro que cada régimen tiene sus notas características las cuales no pueden desconocerse y menos aún entrar reconocer los derechos consagrados en una norma que claramente no se debe aplicar.»

Y con base en las anteriores consideraciones, confirmó la sentencia del Tribunal.

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