Empresas en proceso de reorganización o en liquidación judicial por quiebra frente a sus obligaciones laborales

Cuando una empresa entra en proceso de reorganización o en proceso de liquidación judicial cuando definitivamente ha quebrado, los derechos laborales de los trabajadores entran en un terreno de incertidumbre. Veamos qué tanto pueden afectarse esos derechos por cuenta de este tipo de procesos administrativos y judiciales.

Cuando una empresa entra en liquidación, las deudas se pagarán con los recursos que se obtengan al vender los activos que pueda tener la empresa, y los deudas originadas en una relación laboral gozan de prelación frente a otras deudas, puesto que pertenecen a las de primer orden.

Pero en este artículos no nos vamos a referir a cómo se pagan las deudas laborales en una empresa en liquidación, sino al efecto que un proceso de liquidación o un proceso de reorganización empresarial tiene sobre los derechos laborales.

Lo que nos interesa es conocer si un proceso de reorganización o liquidación afecta los derechos laborales. Nos interesa conocer si los derechos laborales se pueden desconocer o menoscabar en ocasión a un proceso de liquidación o reorganización.

De entrada podemos decir que a la luz del artículo 28 del código sustantivo del trabajo el trabajador no debe asumir los riesgos ni las pérdidas del empleador, de suerte que se puede anticipar que una vez causado un derecho laboral, este no se puede desconocer ni afectar con cargo a una liquidación de la empresa. Que un negocio quiebre es un riesgo inherente del que no puede hacerse partícipe al trabajador.

Para mejor ilustración transcribimos los apartes de la sentencia T-568 del 2011 proferida por la Corte constitucional que aborda este aspecto en los siguientes términos:

4.1. Los principios laborales mínimos consagrados en los artículos 25[45] y 53[46] superiores, hacen imperativo que el proceso liquidatorio de las empresas privadas sea respetuoso de los derechos de los trabajadores. Por tanto, la disolución de la persona jurídica privada que es objeto de liquidación y su consecuente cese de actividades productivas, no puede constituirse en un espacio para el desconocimiento o la vulneración de los derechos de las personas que allí laboraban.

El hecho de que una empresa pueda enfrentar una situación financiera crítica no la releva del deber de cumplir con sus compromisos previamente adquiridos, “por cuanto es obligación de las entidades públicas o privadas, prever con antelación las partidas presupuestales  indispensables que conlleven a la garantía y cumplimiento puntual de las obligaciones laborales”[47]. En consecuencia, si ello no fue previsto en la correspondiente partida presupuestal, las acreencias laborales deben tener una efectiva prelación frente a las demás deudas asumidas por la empresa y deben ser pagadas inclusive conforme a las condiciones pactadas en las convenciones colectivas, si a ello hubiere lugar[48].

De lo anterior se interpreta que en un proceso de reorganización o de liquidación no puede desconocer de ningún modo los derechos laborales de los trabajadores. Ni puede ponerlos en suspenso mientras tanto, ni se pueden aliviar temporalmente  las cargas laborales del empleador mientras la empresa se recupera (se reorganiza) o mientras se liquida.

No se puede afirmar que por la circunstancia de la reorganización o de la quiebra dejan de reconocerse o causarse algunos derechos laborales como intereses, sanciones, indemnizaciones o cualquier otro concepto.

Los derechos laborales una vez causados se mantienen en el tiempo sin importar lo que pase con la empresa.

Si la empresa no puede o no quiere pagar las acreencias laborales, pues al liquidarse, como ya se dijo, los créditos laborales prevalecen sobre todos los demás créditos como lo dice la misma sentencia ya referida:

4.2. Desde la perspectiva de la legislación laboral y civil se ha establecido frente a prelación de los créditos laborales que estos son causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, cesantías y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, pertenecen a la primera clase de créditos que establece el artículo 2495 del Código Civil[49]. Por tanto, cuando la quiebra imponga el despido de trabajadores, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones se tendrán como gastos pagaderos con preferencia sobre los demás créditos[50]. De modo que el pago de los créditos de carácter laboral guarda prelación sobre las demás obligaciones, incluso sobre aquellas otras que el código civil califica como de primer grado[51].

Obsérvese que el grado de protección de los derechos laborales es tal que incluso prevalecen sobre otros créditos del mismo orden, de suerte que no hay posibilidad ni argumento alguno  que permita a la empresa desconocer o ignorar un derecho laboral causado, cierto y exigible.

La empresa puede no pagar si es físicamente imposible hacerlo, pero nunca podrá desconocer los derechos laborales.

Esto significa que ninguna autoridad administrativa, ni ningún juez podrán limitar un derecho laboral, ni reconocerlo parcialmente argumentando que la pobre empresa estaba bajo la ley de reorganización o de quiebra y que por tanto no se le puede obligar a reconocer el derecho pleno, sino apenas una parte de él,  o hasta cierto punto, o hasta determinada fecha.

Otro asunto es que una vez liquidada la empresa el dinero realizado con la venta de los activos no alcance para cubrir la totalidad de los derechos laborales.

Un trabajador de una empresa en quiebra siempre tendrá un derecho reconocido a plenitud, aunque luego no pueda hacerlo efectivo, como le ha pasado a los empleados del gerente de la campaña del presidente santos .

A quienes estén interesados en profundizar sobre este tema lo invitamos a consultar la sentencia T-568 del 2011, donde además se advierte que si a una autoridad administrativa o a un juez se le ocurre desconocer,  afectar  o  limitar un derecho laboral argumentando que la empresa estaba en proceso de reorganización, en liquidación judicial o intervenida administrativamente, procede entonces una acción de tutela contra ese acto administrativo o esa sentencia judicial que desconoce o afecta los derechos laborales de los trabajadores.

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