Aunque la enfermedad sea incurable el paciente tiene derecho a que se le brinde toda la atención médica necesaria para asegurarle condiciones de vida dignas

Negarle al paciente la prestación de un servicio médico por el carácter incurable de su enfermedad, viola derechos fundamentales a la salud y a la vida digna.  

Una señora, madre de un joven de 22 años de edad que padecía de esquizofrenia indiferenciada y fuerte adicción al consumo de estupefacientes, obrando como agente oficioso de su hijo, acudió a la acción de tutela  en procura de que el juez constitucional le amparara a éste sus derechos fundamentales a la salud y a la vida.

Relató en su demanda la señora, que el joven era consumidor habitual de ese tipo de fármacos desde hacía cerca de 15 años, y que esa circunstancia sumada a su enfermedad mental le habían derivado un comportamiento extremadamente violento que lo llevaba a atacar a las personas, con grave peligro para éstas y para él mismo, pues en varias ocasiones había intentado quitarse la vida, razón por la cual había estado varias veces en programas de rehabilitación que no habían resultado exitosos. Señaló así mismo, que recientemente había estado hospitalizado, pero que había sido dado de alta tras considerar los médicos de la EPS que dado el carácter de incurable de la enfermedad, su tratamiento debía hacerse de manera extra-hospitalaria, o sea, con la participación de la familia del paciente.

En vista de que el manejo de la situación del paciente le resultaba supremamente difícil y peligroso, pues presentaba cambios de comportamiento, ideas delirantes, alucinaciones visuales y auditivas, agitación psicomotora y hetero-autoagresión, la agente oficioso solicitó a la EPS-S Emssanar y el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, que se dispusiera el internamiento de su agenciado en un centro de rehabilitación integral, con el fin de que se prestara asistencia, tanto a su enfermedad psíquica como a su farmacodependencia, solicitud que le fue negada aduciendo que la entidad “no encuentra indicaciones para hospitalizar ni para atenderlo por urgencias”.

Así las cosas, la señora solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de su hijo y, en consecuencia, que se ordenara a la EPS-S Emssanar, así como al Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle ESE, “autorizar el tratamiento en comunidad terapéutica cerrada para farmacodependientes; que se realice la valoración integral de sus condiciones médicas por un grupo interdisciplinario, con el fin de determinar la necesidad del internamiento en una Unidad de Salud Mental; y, en general, para que se le brinde la atención integral que requiera.”

El juez de primera instancia decidió no conceder el amparo a los derechos fundamentales invocados por la agente oficioso, por considerar que las entidades accionadas no habían vulnerado los derechos fundamentales del agenciado, pues, además de que no existía concepto médico que permitiera establecer si el paciente requería o no del internamiento pretendido, para ninguna de las dos entidades accionadas resultaba viable autorizar tal servicio médico. 

“Por tal razón, consideró que no era competente para ordenar tratamientos médicos que no estuvieran prescritos por un médico tratante, pues hacerlo, contrariaría en el presente caso la voluntad misma del paciente y, en consecuencia, violentaría directamente sus derechos fundamentales.”

Inconforme con la decisión del a quo, la agente oficioso la apeló, argumentando que las entidades accionadas desconocían la situación actual de su hijo. Y señaló que, en razón del frecuente consumo de sustancias psicoactivas, éste “actualmente, se encuentra deambulando por las calles, sumido en la indigencia; además de estar presentando frecuentes recaídas y crisis violentas, ha atentado contra su vida y la de algunos familiares, por lo que consideró, que si bien no existe justificación u orden médica que respalde el internamiento de su hijo, lo cierto es que su caso en particular no puede seguirse tratando solo en fase de crisis, ya que es una situación que se sale de su control”.

Y con base en las anteriores razones, solicitó que se le practicara una evaluación por parte del comité técnico científico o interdisciplinario de las entidades demandadas, a efectos de que se determinara la conveniencia de que su hijo permaneciera en una “institución de reposo” y se le proporcionara el tratamiento especializado para el manejo adecuado de sus enfermedades, pues temía por la vida de su hijo y la de todos los integrantes del núcleo familiar, incluyendo la suya.

Mediante sentencia proferida el 17 de marzo de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Familia, desestimó las razones de la apelante y confirmó el fallo del a quo tras considerar que “sólo le corresponde al médico tratante determinar si un paciente con trastorno o enfermedad mental necesita el internamiento como una forma de dar tratamiento a su patología. No obstante, resaltó que la psiquiatría moderna descarta, por regla general, la hospitalización permanente, toda vez que, según esta nueva concepción de tratamiento, las personas que padecen enfermedades de este tipo deben ser tratadas, en lo posible, dentro de su propio entorno social y familiar, pues el acompañamiento resulta importante para el manejo de trastornos como el que padece Jhon Alexander Zapata Loaiza. Por tal razón, el internamiento debe ser entendido como una medida transitoria y no permanente.”

La sentencia del Tribunal fue seleccionada para su revisión por parte de la Corte Constitucional, quien al resolver el caso se pronunció de la siguiente manera:

Al respecto, considera esta Corte que, si bien la esquizofrenia indiferenciada que padece Jhon Alexander Zapata Loaiza es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, esto no puede considerarse fundamento para denegar la prestación de un servicio que podría resultar apropiado para mejorar dichas condiciones y hacerlas más dignas y llevaderas. Asimismo, a pesar de que la jurisprudencia constitucional ha estimado que el concepto del médico tratante es el principal criterio para establecer si se requiere o no un servicio de salud, también se ha indicado que este no es exclusivo, por lo que, en tratándose de enfermedades en las que son notorias las condiciones indignas en que se está llevando la misma, resulta desproporcionado y contrario al principio de integralidad en materia de salud que se exijan requisitos de carácter administrativo, como lo es la prescripción por parte del galeno tratante.

En ese orden de ideas, como quiera que, en el sub examine es manifiesta la violación de los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de Jhon Alexander Zapata Loaiza, se concederá el amparo invocado por su progenitora.

En consecuencia, se ordenará al representante legal de la EPS-S Emssanar o, a quien haga sus veces, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, efectúe una valoración de las condiciones de salud física y mental de Jhon Alexander Zapata Loaiza, a través de su red de especialistas y, conforme con la historia clínica del agenciado, se determine si requiere el internamiento del mismo en comunidad terapéutica cerrada para tratar las enfermedades de farmacodependencia y esquizofrenia que padece, así como las características de tiempo y lugar en que debe prestarse tal servicio, debiendo garantizar su adecuado cubrimiento en los términos prescritos por dichos especialistas, de manera continua e integral. En todo caso, si la internación no se estima procedente a largo plazo, se deberá prescribir claramente el tratamiento sustituto, el médico a cargo, el protocolo de su seguimiento continuo, las  visitas domiciliarias de valoración, las medidas que protejan al paciente y a sus familiares para evaluar si estas se hallan en capacidad de asumir las recomendaciones que se requieran.

Ver Sentencia Referencia: expediente T-4.952.371 – del 5 de octubre de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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