En virtud del principio de equidad es posible conceder pensión de sobrevivientes sin que el causante haya dejado causado el derecho – (Segunda parte)

Como se recordará, en la columna de ayer me referí al caso de la viuda de un policía a quien el Consejo de Estado le reconoció la pensión de sobrevivientes sin que su finado esposo hubiese alcanzado a laborar el tiempo necesario para dejar causado el derecho a la referida pensión.

Para poner en antecedentes a los lectores que no leyeron la columna anterior, me parece pertinente hacer una breve síntesis de los hechos que originaron el editorial.

El agente alcanzó a laborar al servicio de la policía nacional un total de 14 años, 4 meses y 16 días, al cabo de los cuales falleció en actividad.  Su deceso se produjo el 21 de diciembre de 1987. Como el finado había estado casado, su cónyuge supérstite se presentó a la entidad policial a reclamar la pensión de sobreviviente, aduciendo como fundamento legal de su pretensión el artículo 46 de la ley 100 de 1993.

La solicitud de la reclamante fue negada por la Policía Nacional con la explicación de que de acuerdo con lo establecido por el Decreto Ley 2063 de 1984, vigente para el momento de la muerte del causante,  para el reconocimiento de la pensión era necesario que éste hubiere cumplido por lo menos 15 años de servicio, requisito que no se cumplía toda vez que sólo acreditaba 14 años, 4 meses y 16 días. Y adicionalmente sostiene, que no hay lugar a aplicar el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 bajo el principio de favorabilidad, dado que cuando falleció el causante dicha norma aún no había sido expedida.

Con base en lo anterior la interesada acudió ante la justicia contenciosa administrativa, pero allí fracasó en su empeño porque el Tribunal compartió las razones que tuvo la Policía para negar la pensión solicitada.

El negocio subió en apelación al Consejo de Estado quien consideró que, en línea con las normas invocadas, la petición de la demandante en principio no era no era viable, pues por una parte el Decreto aplicable exigía 15 años de servicios y el de cujos sólo había laborado 14 años, 4 meses y 16 días. Y por otra parte, la ley 100 de 1993 no era susceptible de aplicarse al caso, puesto que ello implicaría reconocerle a esa ley efectos retrospectivos, lo cual no era jurídicamente posible.

No obstante, consideró el Consejo de Estado que si bien la prestación solicitada no era procedente a la luz del artículo 46 de  ley 100 de 1993,  dadas las particularidades del caso sí era posible otorgarla conforme al régimen especial dispuesto en el Decreto Ley 2063 de 1984, en aplicación del criterio auxiliar de equidad consagrado en el artículo 230 de la Constitución Política que dice: 

Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. (Texto original sin negrillas)

Y al desarrollar el sustento de su decisión, el Consejo de Estado precisó:

“(…) Resultado de lo dicho, la norma que regula la situación del causante Sr. Luis Eduardo García Orrego es la especial vigente para el momento de su fallecimiento, es decir, lo dispuesto en el Decreto Ley 2063 de 1984, por ende no es factible conceder el derecho reclamado por la accionante aplicando retrospectivamente lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, porque por esta vía -conforme la nueva posición - se desconocería el principio de irretroactividad de la ley derivado de la Ley 153 de 1887.

  1. Despejado lo anterior, estima la Sala que en el sub lite, dadas las circunstancias particulares que se presentan y en aplicación del criterio auxiliar de equidad, procede el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la actora con apego al régimen especial que regía para el momento del fallecimiento de su cónyuge, es decir conforme el Decreto Ley 2063 de 1984.

Con relación al tema de la aplicación del criterio auxiliar de equidad consagrado en el artículo 230 Superior, dijo la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 13  de julio de 200620:

La aplicación de la equidad constituye uno de los temas complejos de la jurisprudencia, pues a nadie escapa que una decisión judicial basada solamente en el principio de la equidad y alejada del texto legal, llevaría a un subjetivismo judicial que no puede tener cabida en un Estado de Derecho, como quiera que un juez sin el freno legal, está en riesgo de fallar de acuerdo con sus tendencias ideológicas.

Sin embargo, puede ocurrir que el juez se encuentre en presencia de una situación completamente nueva, por no haber contemplado el legislador un caso especial y en el cual aplicar la regla general produce un efecto injusto. Es en este punto donde la equidad es remedial, en tanto busca evitar las consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión, dadas las particularidades de la situación objeto de examen.

 (…)

Ahora bien, el artículo 120 del Decreto 2063 de 1984, “por el cual se reforma el estatuto de carrera de Agentes de la Policía Nacional”, en el cual se ampara la entidad accionada en el acto cuestionado para negar lo que pretende la actora, exigía que un Agente para tener derecho a pensión por muerte en simple actividad debía tener cumplidos al momento de su fallecimiento quince (15) años de servicio.

Dentro del plenario está probado que el Sr. Luís Eduardo García Orrego al momento de su muerte -el 21 de diciembre de 1987- contaba con 14 años 4 meses 16 días al servicio de la Policía Nacional que, con los tres meses de alta que deben ser tenidos en cuenta para efectos de prestaciones sociales, se extendieron hasta el 21 de marzo de 1988, para un total de 14 años 7 meses 16 días, que equivalen al 98% del 100% que representan los quince (15) años de servicio.

Considerando que el juez debe estar inspirado al momento de realizar la interpretación normativa por principios de justicia material y no formal, y que conforme el criterio auxiliar de equidad, éste se encamina a evitar la arbitrariedad y la injusticia que se pueda derivar de la aplicación de una ley a una situación particular, cuyas especificidades exigen una solución distinta a la estricta y rigurosamente deducida de la norma legal, para la Sala es claro que si del 100% de la exigencia legal aplicable para este caso (15 años de servicio), el causante y cónyuge de la accionante alcanzó a cumplir el 98% (14 años 7 meses 16 días), no existe justificación real alguna que invalide el derecho a otorgarle el reconocimiento pensional bajo el régimen especial dispuesto en el aludido decreto, máxime que el ínfimo 2% restante, representado en escasos 4 meses 14 días, no lo alcanzó a cumplir por un simple capricho o decisión suya, sino por el acaecimiento de un hecho fortuito como es la muerte”

(Sentencia del 3 de marzo de 2015. Radicación Nº: 050012333000201200772 01. - Número Interno: 0328-2014.- Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren)

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