¿A qué entidad le corresponde pagar a los docentes del magisterio la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías?

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Para la liquidación anual de cesantías aplica la Ley 91 de 1989 y no la ley 50 de 1990.

La señora Yomaira H. formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora en la consignación de las cesantías, consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Solicitó también la nulidad del acto ficto producto del silencio en que incurrió la administración al no dar respuesta a la petición formulada el 3 de agosto de 2011, en la que se pretendía el reconocimiento de intereses a las cesantías.

Solicitó, igualmente, que una vez hecha la anterior declaración se condenara al departamento de Córdoba a pagarle el valor de la sanción por mora en la consignación de sus cesantías, de acuerdo con lo previsto en la mencionada ley 50 de 1990, y los intereses a las cesantías, tal como lo había solicitado en sede administrativa; asimismo, pidió actualizar el valor de la condena.

El Departamento de Córdoba se opuso a las pretensiones de la demanda.

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de 25 de julio de 2013, denegó las pretensiones de la demanda tras considerar que a los docentes no les aplica el sistema de liquidación de cesantías contemplado en la Ley 50 de 1990, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional, pues los docentes están cobijados por normas especiales para liquidar esa prestación, en este caso, la Ley 91 de 1989, de manera que la sanción por mora consagrada en la aludida ley de 1990 no le era aplicable.

Sobre el reconocimiento de los intereses a las  cesantías, señaló que en la demanda no se invocó el fundamento de su reclamación.

Finalmente, indicó que como la demandante no fue vinculada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ello conllevó que el ente territorial asumiera todas las obligaciones prestacionales y así procedió mediante el acto acusado.

Inconforme con la sentencia, la demandante la apeló aduciendo que es inconcebible que el pago tardío de las cesantías no genere sanción, pues no existe fundamento para que el trabajador soporte el perjuicio ocasionado por la omisión de su empleador.

Aseguró que el régimen de cesantías al que está sometida es el contemplado en la Ley 344 de 1996, dado que su vinculación laboral fue posterior a su vigencia, de manera que le aplica la Ley 50 de 1990, de acuerdo con lo ordenado en el D. R. 1582 de 1998; siendo así, la forma en que debieron liquidar sus cesantías es mediante el sistema anualizado y consignarlas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más tardar el 15 de febrero del año posterior a su causación, pero como tal consignación no se realizó, debe concederse el derecho a la indemnización por mora reclamada.

E insistió en que la norma aplicable a los docentes es la Ley 344 de 1996 y no la Ley 91 de 1989.

Al abordar el estudio del recurso el Consejo de Estado precisó que como en el expediente estaba demostrado que a la demandante ya le fueron reconocidas sus cesantías definitivas, y que la sanción por mora que se reclama no surge de la tardanza en que incurrió la administración en el pago de estas, sino de las anualizadas por los años 2003 a 2010, el análisis se iba a circunscribir a determinar si, en su condición de docente, tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción por la presunta mora en que incurrió el empleador en consignar sus cesantías anuales.

Pues bien, de entrada la Corporación dejó en claro que los docentes no están cobijados por las disposiciones de liquidación anual de las cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, y recordó que así lo ha considerado reiteradamente la Corte Constitucional, quien  en sentencia C-928 de 2006, en la cual estudió la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, señaló:

«En suma, los docentes cuentan con un régimen especial en materia de cesantías, pensiones y salud, sistema que debe ser entendido como un todo, sin que sea dable examinar aisladamente cada de una de ellas, y en tal sentido, prima facie, no resultan comparables la manera como se administran, liquidan y cancelan las cesantías de los docentes con aquéllas de los trabajadores sometidos a la Ley 50 de 1990.

(…)

En tal sentido, el artículo 15, numeral 3 de la Ley 91 de 1989 dispone que el Fondo pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no se ha modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario, sobre el salario promedio del último mes. De igual manera, el Fondo reconocerá y pagará un interés anual sobre el saldo de estas cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. En otras palabras, contrario a lo sostenido por el demandante, el Fondo sí reconoce y paga intereses sobre las cesantías; lo que sucede es que la forma de realizar dicho cálculo y pago no es igual al establecido en la Ley 50 de 1990.

(…)

En este orden de ideas, el cargo por vulneración del derecho a la igualdad no está llamado a prosperar por la sencilla razón de que, no sólo se trata de un régimen especial, que comprende aspectos prestacionales (cesantías y vacaciones) y de seguridad social (pensiones y salud), basado en sus propias reglas, principios e instituciones, sino que además no existe el alegado impago de los intereses a las cesantías; lo que sucede es que, simplemente la manera como se liquidan y pagan aquellos es distinta a la regulada en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se configure discriminación alguna. (…)»

Ahora bien, recordó el Consejo de Estado que recientemente se pronunció la Corte precisando que a los docentes sí los cobija la sanción moratoria por la inoportuna consignación de cesantías, pero en torno a la tardanza en la consignación de esa prestación definitiva o parcial (las que se reclaman para eventos especiales, como vivienda o educación),  al tenor de lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. Y reiteró que los docentes no son beneficiarios de la Ley 50 de 1990.

Así las cosas, el Consejo de Estado, confirmó la sentencia del Tribunal, no sin antes insistir en que  el régimen que cobija a la demandante para la liquidación anual de cesantías es el previsto en la Ley 91 de 1989,

(Ver Sentencia  del 12 de diciembre de 2017, radicación 23001 23 33 000 2012 00093-01 (4013-13) C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas)

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