Entidades de gobierno cobijadas por la resolución 533 de 2015 deben llevar sistema de registros obligatorios o en su defecto libro tributario

Al igual que el sector privado, en el sector público se divide la regulación en grupos, i) las entidades del gobierno, ii) empresas que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del público, y iii) empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro del público.

Lo que en la doctrina se ha denominado como grupos 4, 5 y 6. Sin embargo, el decreto de conciliación de bases fiscales y contables, 2548 de 2015, hace referencia expresa a los grupos 1, 2 y 3, con lo cual queda en duda si las entidades del gobierno, en especial aquellas que no cotizan en bolsa deben o no llevar el sistema de registro obligatorios o en su defecto el libro tributario.

Al respecto, la DIAN mediante concepto 31252 del 17 de noviembre de 2016 señaló: 

“Deviene concluir que una vez entren en vigencia las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF-, los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, deberán preparar los estados financieros y la contabilidad de conformidad con los principios, y  normas de contabilidad e información financiera regulados por la Ley 1314 de 2009, el Decreto Reglamentario 2548 de 2014, Decreto Único reglamentario (SIC) 1625 de 2016 y demás normas jurídicas, por tanto los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deben tener adicionalmente un sistema de registros obligatorios (artículo 3° ibídem) o un libro tributario (artículo 4º ibídem), cualquiera de los dos, para lo cual, en el primero reconocerán "las diferencias que surjan entre los nuevos marcos técnicos normativos y (...) las bases fiscales” mientras que en el segundo registrarán todos los hechos económicos “los cuales deberán estar debidamente soportados por documentos, comprobantes internos y/o externos”.

Así las cosas este sistema debe llevarse al menos por el año gravable 2016, pues una vez sea expedida la reforma tributaria operaría la conciliación fiscal en los términos que desarrolle la ley.

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