EPS debe tratar secuelas de intervenciones quirúrgicas cuya atención requiera de procedimientos no incluidos en el POS por considerárselos estéticos

Corte Constitucional ordena a EPS realizar procedimientos de mastopexia con implantes y braquioplastia a paciente  a quien se le practicó cirugía de by pass gástrico y le derivó pérdida masiva de peso, flacidez en brazos con grandes pliegues y otras afecciones en la piel.

A una señora de 60 años de edad a quien se le practicó una cirugía de by pass gástrico con el fin de resolver sus problemas de sobrepeso y todos los demás inconvenientes que esa situación conlleva, le sobrevino como secuelas de dicha cirugía una pérdida masiva de peso y la presencia de intertrigo en surco mamario, lesiones de piel por acumulación de humedad en pliegue mamario, brazos con flacidez con grandes pliegues con evidencia de áreas húmedas, con intertrigo, lo que según el médico tratante podía conducir a que la acumulación de humedad le causara infecciones de piel. En concreto, se trataba de afecciones posteriores al procedimiento quirúrgico al que fue sometida la afiliada.

Ahora bien, con la finalidad de aliviar esos sufrimientos, su médico tratante, un cirujano plástico, le ordenó los procedimientos de mastopexia en T, con implantes mamarios y braquioplastia, los cuales le fueron negados por la EPS, fundándose en dos razones, a saber: que se trataba de cirugías estéticas, y que lo requerido no comprometía la vida de la paciente, por lo que se estaría frente a servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.

En vista de lo anterior la afiliada acudió a la acción de tutela para que se le ampararan sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad social, los cuales, según afirmó, le habían sido vulnerados por la EPS, en cuanto no le fueron aprobados los referidos procedimientos quirúrgicos que le habían sido formulados por su médico tratante con la finalidad de paliar los padecimientos que le sobrevinieron como resultado de la reducción de peso originada en la cirugía de by pass.

El juez constitucional de primera instancia negó el amparo solicitado por la paciente tras compartir las razones dadas por la EPS en el sentido de que se trataba de unas cirugías de carácter estético y que por lo mismo no estaban incluidas en el POS.  Y que además, la vida de la paciente no estaba en peligro.

La sentencia del a quo fue seleccionada para su revisión por la Corte Constitucional.

Así las cosas, quedó en manos de la Corte establecer, si cabía aceptar que en ese caso operaba la exclusión o, si, por el contrario, se estaba frente a una práctica quirúrgica que debía ser autorizada y materializada, para permitir la realización de los derechos fundamentales de la accionante.

Puesta en esa tarea, la Sala se propuso revisar si la ausencia de los procedimientos ordenados por el especialista en cirugía estética, implicaban la amenaza o vulneración de los derechos a la vida o la integridad física de la accionante, teniendo en cuenta que la valoración de este aspecto no solo debía atender al riesgo de la vida de la accionante, sino al posible hecho de impedir que su vida se realizara en condiciones dignas.

Para la Sala eran varios los hechos que confluían y, de manera incontestable, permitían aseverar que la situación a la cual estaba sometida la afectada, comportaba un quebrantamiento del valor del cual ella era portadora como persona, cual es, la dignidad humana.

Advirtió la Corporación que los padecimientos de la demandante eran de  distinta naturaleza. Y señaló:

“De un parte, la presencia de intertrigo y lesiones en la piel; debidamente verificadas por el especialista y, como ella misma manifiesta en su escrito de tutela, “presento quemazón”, aspectos que dicho sea de paso, no fueron objetados o puestos en tela de juicio por la accionada en el proceso; permiten colegir la existencia de una situación que puede resultar dolorosa, pero más aún, como lo advierte el especialista “la acumulación de humedad puede causar infecciones de piel”. En suma, a las sensaciones desagradables que son expresión de la dolencia, se agrega lo que es una amenaza para su integridad, cual es el riesgo de infecciones.

“Por otra parte, no ignora la Sala, revisando las fotografías anexadas, la afectación que sufre el aspecto del cuerpo con las secuelas del procedimiento que se le realizó a la accionada. Entiende la Corte que tal circunstancia puede, sin duda, perturbar psicológica y emocionalmente a quien depreca el amparo, en la medida en que se puede comprometer su autoestima al observar y sentir lo que acontece en su cuerpo y, frente a la apreciación que terceros hacen de la imagen de la aquejada. Rechaza la Sala la escueta motivación contenida en el concepto de la EPS, cuando entre las razones para negar la autorización de los servicios, expone, sin más, que no se encuentra comprometida la vida del paciente, pues, conforme con lo precedentemente anotado, el concepto de vida asumido por el Comité, dista del ya suficientemente consolidado por la jurisprudencia con base en la Carta y los instrumentos internacionales.

Luego de discernir largamente sobre los elementos que estructuraban la situación de la demandante, tales como el peso que en estos casos tiene el concepto del médico tratante quien justificaba los procedimientos en la búsqueda de “mejoramiento de la calidad de vida social anatómica y emocional y evitar infecciones de la piel”; consideró la Corte que existían razones suficientes para dar por probado que la condición corporal indeseada, padecida por la accionante, reñía con la calidad de vida, pues, comprometía no solo su dimensión física, sino también la psicológica y emocional, las cuales eran motivaciones suficientes para afirmar la incidencia negativa que la falta de las prácticas médicas prescritas, tenía sobre los derechos a la vida y la integridad física de la accionante.

Así mismo, dio por acreditada la Corporación la ausencia de capacidad de pago de la paciente para sufragar las cirugías requeridas.

Finalmente la Corte consideró que la negativa de la EPS desconocía los principios de continuidad, integralidad y confianza legítima, pues dejaba inconcluso el tratamiento que requería la afiliada para superar la situación que había provocado su cirugía de by pass,   y por lo tanto era visible la vulneración de los derechos invocados por ésta y en tal virtud revocó la sentencia del a quo y concedió el amparo deprecado.

(Quien desee conocer más detalles del caso puede consultar la Sentencia T-944/14 del 2 de diciembre de 2014, M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)

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