¿Es licito el cambio de medidores y el cobro de lo dejado de consumir por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios?

Me pregunta un visitante a esta página web si es lícito que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios cambien los contadores o medidores y luego carguen al usuario el valor del mismo y de los consumos dejados de facturar o consumir.

Al respecto debo manifestarles que no, máxime si en la práctica se presentan irregularidades como: revisiones sin dejar copias al usuario (diagnóstico), sin testigos y en el peor de los casos sin la presencia del propietario o tenedor del inmueble; de tal forma, que un medidor con sus sellos intactos demostraría su utilidad y la entidad competente tendría que acreditar aún más que con base a una visita que era necesario su cambio por una circunstancia justificable e imputable al usuario. De lo contrario estaríamos frente a una violación grosera, descarada y protuberante al debido proceso.

También se percibe de estas empresas que una vez visitan e inspeccionan los medidores los evalúan sin mayor novedad y luego se los llevan para sus laboratorios encontrando de manera sorpresiva defectos sin tener la posibilidad de controvertir dichos resultados.

Ahora bien, si un medidor se encuentra en óptimas condiciones y los funcionarios adscritos a estas empresas no encuentran anomalías porque entonces se procede a cobros dinerarios inconstitucionales? Pues sencillo ,ello se debe a que el derecho a la defensa comporta unas prerrogativas en favor de los usuarios y que por desgracia es inutilizado o más bien mal utilizado por los ciudadanos desprevenidos ante el desconocimiento del derecho, haciéndoles creer que se pueden defender sin conocer el esquema de la ley sin ser abogados.

La Corte Constitucional, por estas faltas graves a la constitución, y a los derechos de los usuarios, en reiteradas ocasiones por medio de sentencias ha sancionado a las empresas prestadoras de servicios públicos por violar o vulnerar el debido proceso de los usuarios, de igual forma se pueden mencionar la Sentencia T-270 de 2004, y la Sentencia T-191 de 2008.

La Corte Constitucional en la sentencia T-270 de 2004 preceptúa:

La Sala constata que en todos los casos en que se imponen sanciones por la presunta existencia de equipos de medida adulterados, intervenidos o con alguna anomalía que impida su correcto funcionamiento o que evite el registro total o parcial de la energía consumida, la prueba que constituye el soporte de la decisión es el acta de anomalías o el experticio técnico sobre los equipos de medida del inmueble. En este sentido no resulta razonable que el contratista de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. deje copia del acta con el portero o celador del inmueble que en manera alguna tiene el deber jurídico, ni siquiera ejerciendo una agencia oficiosa, de atender la diligencia de revisión para intervenir en ella y garantizar los derechos de defensa y contradicción del usuario/propietario y/o suscriptor. El usuario, cliente y/o suscriptor no sólo debe soportar los malos tratos que prodigan algunos funcionarios de la empresa accionada sino soportar sin justificación alguna ser sometido a una total indefensión, ya que el contenido del acta de anomalías es diligenciado sin su presencia o en la de una persona que éste determine para que lo represente. En este sentido, tal y como lo aplica la empresa, dicha acta constituye una prueba, practicada sin la intervención del afectado, que por demás posteriormente es sancionado con fundamento en ese mismo documento y sin posibilidad de presentar descargos o solicitar alguna prueba. Adicionalmente, debe considerarse que la situación resulta más crítica cuando además los contratistas de la empresa retiran los equipos de medición sin que el usuario pueda constatar el estado de dichos elementos. La Sala considera que a efectos de observar el principio constitucional de vigencia de un orden justo y la efectividad de los derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso y el de defensa (Art. 29 C.P.), la empresa de servicios públicos debe constatar que quien verdaderamente atienda la diligencia de revisión sea una persona que garantice materialmente el debido proceso de las usuarias y usuarios”.

También se dice al respecto: “Se hace necesario que quien vaya a ser llamado a cancelar una sanción con ocasión de la detección de una irregularidad en los equipos de medida, tengan por lo menos la oportunidad de estar presente en la diligencia de revisión de los instrumentos de medición del inmueble. Que conozca de primera mano, no a través de terceros, las razones y las pruebas que serán el fundamento de la actuación administrativa. De lo contrario, se estaría imponiendo una sanción mediante un procedimiento en el que el administrado no sabe con precisión el momento en que éste inicia y que, además, tiene como sustento una prueba (el medidor) con la cual no cuenta porque en su ausencia ya fue retirada por la propia empresa. Así las cosas, el administrado debe tener posibilidades materiales y reales de aportar y controvertir las pruebas antes de que se profiera la decisión sancionatoria por parte de la empresa. Adicionalmente, cabe resaltar que de comprobarse la responsabilidad por parte del usuario, con observancia plena de sus garantías constitucionales, la empresa tiene el deber de explicar y sustentar, no de manera general, sino con precisión y claridad los fundamentos de carácter normativo en que se soporta la sanción pecuniaria que se impone en cada caso”.

“DERECHO DE DEFENSA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS La norma que se invoca en el acta de anomalías perdió vigencia: Advierte la Corte, que con esta remisión normativa, al artículo 31 del Decreto 1842 de 1991, y cuyo contenido es reproducido en las actas de detección de anomalías, como se indicó anteriormente, ELECTRICARIBE también atenta contra el derecho de defensa del usuario en la medida en que dicha disposición, conforme lo ha sostenido el Consejo de Estado, ha perdido vigencia. De esta manera, resulta arbitrario que la empresa de servicios públicos domiciliarios remita al usuario a una norma que perdió su fuerza ejecutoria para garantizar de forma aparente su derecho de defensa y contradicción”.

Así mismo preceptúa la Corte Constitucional: “En las decisiones de sanción no pueden hacerse afirmaciones que no estén probadas: Las afirmaciones contenidas en las decisiones producidas por la empresa de servicios públicos deben restringirse exclusivamente a lo probado de la actuación correspondiente, puesto que manifestaciones en sentido contrario pueden eventualmente comprometer derechos constitucionales fundamentales como la honra (Art. 21 C.P.) y el buen nombre (Art. 15 Idem)”.

Por lo anterior queda sin fundamento constitucional y legal las decisiones empresariales con las que se pretende cobra consumos (energía consumida dejada de facturar) y que podrían remediar  enviando cuadrillas de sus trabajadores para que las revisen oportunamente (acometidas o equipos de medidas como lo preceptúa la Ley 142 de 1994 artículos 135, 136,137 y 144, 145). Reiteramos,no se puede hacer responsable al usuario por las faltas de la empresa en las lecturas de los medidores y más aún ,si la empresa ha desatendido su responsabilidad como prestadora del servicio público respectivo, sobre el control del funcionamiento de los medidores.
Dr.Víctor Manuel Rios Mercado
Carrera 65 No 58-88
Cel (312) 677 6371- (316) 284 9211- (300) 818 9898
Barranquilla-Colombia
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3 Opiniones
  1. wilmar hernandez dice:

    vivo en chinu cordoba
    nesesito asesoria sobre un cobro que me parese descarado.
    mi problema es el siguiente
    micasa solicito un contador devido a que se encontraba malo, se estaba jenerando mucho mas consumo las facturas llegaban un promedio de $ 70000 a $ 80000
    ahora con el nuevo medidor me bajo la mita del valor promedio
    ese contador tuvo un uso de aproximadamente 3 meses de 110
    ahora lo en hecho cambiar por un contador de 220 para instalar un ahire acondicionado
    entonces ahora la empresa se a llevado el contador 110 el cual tuvo un uso de solo 3 meses promedio , y me lo estan cobrando en la factura al ingual que el de 220 mas los materiales utilizados mas la mano de obra
    me dicen que lo puedo reclamar con un derecho de peticion y que ademas el contador no lo puedo reutilizar para otra vivienda que no lo tenga me refiero casa nueva
    que devo hacer es justo o no hay ley para esto

  2. jackeline altamar gutierrez dice:

    Necesito que me orienten al respecto, resulta que electricaribe vino a cambiar el medidor de luz,el medidor antiguo esta trabajando bien, aunque ese medidor ya esta pago, es licito que ellos se lleven el viejo? pues si yo ya lo pague, porque tienen que llevarselo si es mio, alegaron que era politicac de la empresa y debia entregarlo, como me negue, decidieron no instalar nada, entonces que debo hacer? aceptar lo que ellos digan?

  3. Isabel dice:

    La Empresa Gas Natural de Bogotá debe hacer en el edificio varias reparaciones en los registros de los medidores en el armario general. Pregunto: El costo lo debe asumir cada propietario o le corresponde a la Administración?

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