Estabilidad laboral no opera para los administradores o representantes legales

El principio de estabilidad laboral no opera para los administradores, gerentes o representantes legales de una empresa.

Esto en virtud de lo dispuesto por  los  artículos 198  y 440 del código de comercio, los cuales regulan el nombramiento y remoción de los administradores de las sociedades comerciales.

En efecto, dice el código de comercio:

Artículo 198. Determinación de periodos y elección de administradores
.Cuando las funciones indicadas en el artículo  196 no correspondan por ley a determinada clase de socios, los encargados de las mismas serán elegidos por la asamblea o por la junta de socios, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en el contrato social. La elección podrá delegarse por disposición expresa de los estatutos en juntas directivas elegidas por la asamblea general.

Las elecciones se harán para los períodos determinados en los estatutos, sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo.

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la asamblea general, junta de socios o por juntas directivas, o que exijan para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes.

Artículo 440. Representante legal de la sociedad anónima - representante - remoción. La sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal, con uno o más suplentes, designados por la junta directiva para períodos determinados, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. Los estatutos podrán deferir esta designación a la asamblea.

Estos artículos en las partes subrayadas fueron demandados ante la corte constitucional, quien en sentencia C-384 de 2008, declaro la exequibilidad de estas normas, con sustento en lo siguiente:

En primer término, la Corte precisó que una sociedad puede ser administrada por órganos colegiados (juntas directivas o consejos de administración) o personas individuales (administradores). Los administradores y la junta directiva o consejo de administración, son personas u órganos encargados de la gestión de los negocios sociales y de la representación de la sociedad. Sin embargo, las facultades de administración y de representación son distintas, puesto que mientras las primeras comportan obligaciones respecto de la sociedad, las segundas constituyen poderes facultativos para actuar en su nombre. Las dos funciones de administrar y representar a la sociedad pueden concurrir en ocasiones en una misma persona, mientras que en otras están adscritas a diferentes agentes, los administradores que se ocupan de la vida interna de la compañía y el representante legal que actúa externamente, relacionándose con terceras personas. En todo caso, sea que concurra en él la representación legal o no, el administrador es la persona encargada por la sociedad para la administración de sus negocios. Sus funciones dependen de la naturaleza del objeto social y de lo que prevean los estatutos y a falta de estipulación, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. A su vez, la ley contempla una serie de deberes genéricos y otros específicos de los administradores en el desempeño de sus funciones orientadas hacia el interés de la sociedad. Salvo en los casos en que la administración de la sociedad corresponde por ley a determinada clase de socios, los encargados de la administración son elegidos por la asamblea o por la junta de socios, con sujeción a lo prescrito en la ley o en el contrato social. La elección podrá delegarse por disposición expresa de los estatutos, en la junta directiva elegida por la asamblea general de accionistas. En ese orden, de acuerdo con lo que establece el Código de Comercio, el legislador dejó en libertad a las sociedades para definir cuál es el régimen jurídico que regirá la relación que se establece entre la compañía y su administrador o representante legal, respetando obviamente la configuración de los tipos societarios. De todos modos, la naturaleza de la vinculación jurídica que se establece entre la sociedad y sus administradores que comporta un amplio poder de disposición y manejo sobre los bienes e intereses de la sociedad, genera a su vez, una especial relación de confianza que ha sido destacada por la jurisprudencia constitucional. Ahora bien, en cuanto se refiere a los expresiones acusadas de los artículos 198 y 440 del Código de Comercio, la Corte advirtió que ofrecen como rasgo común el que el nombramiento se haga por periodos determinados en los estatutos, sin perjuicio de su revocabilidad. Esta flexibilidad para la remoción del representante legal se contempla como una garantía para los propios asociados, que aparece reforzada con la previsión de la ineficacia de las cláusulas que tiendan a establecer la inamovilidad, y las que exijan para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes. La Corporación observó que el demandante parte del supuesto equivocado de considerar que la relación que se establece entre la sociedad comercial y su administrador es de naturaleza laboral. En realidad, aunque explícitamente la ley no caracteriza la relación jurídica, lo que se advierte es que existe entre la compañía y su representante legal una relación de confianza, toda vez que está habilitado para comprometer a la sociedad frente a terceros, mediante la celebración de contratos y la ejecución de actos, con la única limitación de que encajen en el objeto social y estén directamente relacionados con la existencia y funcionamiento de la sociedad. Aunque su gestión está sujeta a controles como la revisoría y el ejercicio del derecho de inspección por cuenta de los socios, no cabe duda que la designación de estas personas está fundada en la confianza depositada no solamente en razón a las calidades profesionales y gerenciales del elegido que aseguren su desempeño eficiente, sino que reposa de manera prevalerte en las condiciones éticas del mismo, que garanticen la lealtad en el manejo de los asociados. En consecuencia, la designación de los  administradores a que se refieren los preceptos demandados (terceros designados como gestores) se produce mediante un acto de elección; está fundada en una relación comercial basada en la confianza y en la autonomía de la voluntad, por lo que no se puede  equiparar a una relación laboral sobre la cual recae una presunción de asimetría entre las partes y de sujeción que requeriría la expresión protección constitucional (principio de estabilidad en el empleo) que invoca el demandante. El establecimiento de períodos constituye simplemente un requisito estatutario de proveer un razonable margen de seguridad a la relación contractual y pretende garantizar la ejecución del objeto social mediante un principio de continuidad en la gestión. Con fundamento en lo anterior, la Corte declaró exequibles las expresiones demandadas de los artículos 198 y 440 del Código de Comercio por no vulnerar el principio de estabilidad laboral.

En consecuencia, tratándose de los administradores, gerentes o representantes legales de las empresas, no es posible alegar la aplicación del principio de estabilidad laboral para impedir su remoción o despido.

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