Estabilidad laboral reforzada para mujer gestante en contratos de prestación de servicios

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Criterio jurisprudencial según sentencia T-743 del 18 de diciembre de 2017 de la Corte Constitucional.

La señora Xiomara Llanes Cárdenas promovió acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Lourdes (N. de Santander) y Cafesalud EPS, por considerar vulnerados sus derechos a la familia, al mínimo vital, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud mental, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada y a la vida del que está por nacer.

Hizo consistir dicha vulneración en el despido de que fue objeto por parte de la Alcaldía Municipal de Lourdes, quien dio por terminado su contrato de prestación de servicios a pesar de que conocía que se encontraba en estado de embarazo.

Como fundamento de sus pretensiones, refirió los siguientes hechos:

  1. Que laboró para el municipio demandado en ejecución de un contrato de prestación de servicios cumpliendo funciones de apoyo “a la gestión mediante la aplicación de encuestas para actualización, identificación, inscripción, para el SISBEN e inscripción en el programa adulto mayor”.
  2. Que el 21 de diciembre de 2016 se percató de que se encontraba en estado de embarazo, situación que comunicó verbalmente y por escrito al Alcalde, mediante oficio del 29 de diciembre de 2016.
  3. Que debido a su estado de embarazo y sin autorización del inspector de trabajo, el municipio dio por terminada la “relación laboral” de modo que, junto con su hijo por nacer, quedó en una condición de debilidad manifiesta.
  4. Que su desvinculación se llevó a cabo sin siquiera manifestarle los motivos que llevaron a la administración a prescindir de sus servicios.
  5. Que el Alcalde no dio respuesta a la comunicación que le envió la accionante el 29 de diciembre de 2016 informándole de su embarazo.

En vista de lo anterior, el 22 de marzo de 2017, la señora Llanes acudió al juez de tutela para solicitarle la protección de sus derechos y el restablecimiento de su relación laboral con la Alcaldía. Solicitó también que se ordenara a la demandada el pago de los honorarios dejados de percibir desde su desvinculación, es decir desde el 1° de enero hasta el “23 (sic.) de marzo de 2017”,  y la indemnización por haber efectuado un despido discriminatorio.

El trámite de la primera instancia se surtió en el Juzgado Promiscuo Municipal de Lourdes, quien vinculó al Ministerio del Trabajo y le corrió traslado a la parte accionada. 

La Alcaldía demandada  solicitó declarar improcedente el amparo deprecado  y pidió no acceder a las pretensiones de la demanda. En su defensa adujo que con su actuar no comprometió ninguno de los derechos reivindicados por la accionante, por las siguientes razones:

  1. Que la accionante no laboraba para el municipio, pues tenía con él un contrato de prestación de servicios que terminaba el 31 de diciembre de 2016; por lo cual, la actora no era beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada, y segunda, que no hubo un despido que ameritara buscar la autorización del inspector de trabajo.
  2. Que la desvinculación de la accionante no tuvo fundamento en su estado de embarazo, sino en una causa objetiva: la finalización del contrato.
  3. Que el contrato de prestación de servicios suscrito con la accionante tuvo como propósito una labor temporal, para el desarrollo de la cual el municipio no requiere una contratación continua, pues no tiene necesidad de mantener esa actividad.
  4. Que no contestó la comunicación del 29 de diciembre de 2016 por cuanto ésta no tenía ninguna petición por resolver o información por entregar. El escrito tan solo ponía en conocimiento una situación, sin que la Alcaldía estuviera en la obligación de responderlo; era simplemente informativo.

El Juzgado declaró improcedente el amparo. Encontró que, en lo que respecta al derecho a la estabilidad laboral reforzada, la accionante tenía un contrato de prestación de servicios por 85 días para desplegar una función temporal en el municipio demandado, de modo que no advierte ningún ánimo discriminatorio en la entidad territorial. Y que si bien la accionante manifestó estar en una condición apremiante no probó que su mínimo vital estuviera comprometido.

Inconforme con la decisión, la actora impugnó la sentencia de primera instancia con el argumento de que la temporalidad de las funciones que desempeñó quedaba desvirtuada porque los programas para los que efectuó las encuestas correspondientes, están dirigidos por el Departamento Nacional de Planeación –DNP- y por el Ministerio del Trabajo, y tienen vocación de continuidad. Asegura que el accionado no demostró que la obra para la que fue contratada hubiera terminado.

Y agregó que el Municipio no volvió a contratarla a ella ni contrató a nadie más para que desarrollara el proceso de encuesta que le fue encomendado.  

Decisión en primera instancia.

 El Juzgado 7° Civil del Circuito de Cúcuta profirió sentencia en la que confirmó la decisión de primera instancia. Según su criterio el amparo es improcedente porque no se demostró la subordinación en el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes. Adicionalmente, el objeto del contrato no es una función principal o inherente a la misión de la Alcaldía demandada, por lo que el contrato de prestación de servicios no ocultaba ninguna relación laboral.

La sentencia de segunda instancia fue seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión. La Corte, al igual que lo habían hecho  los jueces de las instancias, consideró improcedente el amparo solicitado por la accionante.

Para resolver en la forma que lo hizo, la Corte tuvo en cuenta que al analizar el material probatorio obrante en el expediente no se  encontró evidencia alguna que indicara que en la ejecución del contrato hubiera estado presente el elemento subordinación, lo que descarta de plano la existencia de un contrato de trabajo (contrato realidad).

Y explicó:

«… cuando a pesar de existir un contrato de prestación de servicios, se verifique que entre los contratantes hay, en la práctica y materialmente, una relación laboral (por cuanto existe (i) la prestación personal del servicio, (ii) la subordinación del contratista; y (iii) el pago de salarios), se habrá configurado una relación laboral que el juez debe reconocer, por encima de las formalidades contractuales que le hayan dado las partes.

Cuando la figura de la prestación de servicios se utiliza para eludir los compromisos del empleador con el presunto contratista, y a pesar de su denominación engendra relaciones de subordinación entre las partes, se asume que la modalidad contractual es aparente y que encubre un contrato laboral, bajo la modalidad del contrato realidad. Es en virtud de éste contrato, que surge el derecho a la estabilidad laboral, la obligación para la contraparte y la posibilidad para el juez de tutela, de proteger a la mujer en estado de embarazo. Solo cuando tras la formalidad del contrato de prestación de servicios, se adviertan elementos propios de una relación laboral, podrá predicarse en sede de tutela el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante y, dado el carácter temporal de la prestación de servicios, se deberán aplicar las reglas establecidas para los contratos laborales a término fijo.

De lo contrario, cuando en desarrollo de un genuino contrato de prestación de servicios, en el que es imposible concluir la existencia de una relación laboral oculta, y en el que la terminación del mismo se da en el término de finalización inicialmente pactado entre las partes, es imposible concluir la existencia de (i) un despido y (ii) de un despido con carácter u orientación discriminatoria, pues el rompimiento de la relación de prestación no puede relacionarse con el estado de embarazo, sino con causas objetivas.»

(Quien desee conocer más detalles sobre el tema consultar la Sentencia arriba  relacionada)

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