¿En qué momento comienza a disfrutar de estabilidad laboral reforzada la madre adoptante?

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La respuesta a esa pregunta nos la ofrece la Corte Constitucional en la Sentencia T-499A, de 8 de abril de 2017 mediante la cual puso fin a la acción de tutela promovida por la señora Clara Inés Sierra Bedoya contra la Gobernación de Antioquia, y que resumimos a continuación:

  1. El 5 de noviembre de 2013, la señora Sierra fue nombrada para un “empleo temporal” en el cargo de profesional universitario en la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.
  2. La relación de trabajo se extendió hasta el 18 de junio de 2016.
  3. En abril de 2015, la señora Sierra Bedoya y su esposo iniciaron un proceso de adopción ante el ICBF.
  4. El 25 de abril de 2016 el ICBF les comunicó la aprobación de su solicitud, razón por la cual la pareja fue incluida en una lista de espera para la asignación de una niña.
  5. Al día siguiente, la señora Sierra le comunicó a la entidad empleadora que se encontraba en trámite de adopción de una menor de edad, con el fin de que se asimilara su situación a la de una mujer en estado de embarazo y se le protegiera con las mismas prerrogativas.
  6. El 13 de junio de 2016 la empleadora dio respuesta a la comunicación formulada por la trabajadora, indicándole que no cabía otorgar la protección que se reclamaba, toda vez que la niña que se pretendía adoptar no había sido oficialmente entregada.
  7. El 16 de junio de 2016, el ICBF le comunicó oficialmente a la accionante y a su esposo la asignación y dispuso que la niña sería entregada a la familia el siguiente 19 de julio.
  8. Ese mismo día la señora Sierra le informó a la Directora de Personal de la entidad empleadora lo anunciado por el ICBF.
  9. El 18 de junio de 2016, fecha en que se vencía la última prórroga del nombramiento de la accionante, ésta fue desvinculada de su trabajo.

Con base en los hechos descritos, la señora Sierra formuló acción de tutela contra la Gobernación de Antioquia y solicitó que se amparan sus derechos a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada como madre adoptante frente a las madres biológicas y, en consecuencia, se ordenara a la accionada reintegrarla a su cargo y reconocerle la licencia de maternidad respectiva.

La entidad demandada se opuso a la acción incoada por la señora Sierra,  argumentando que, en ese momento, la actora no tenía la calidad de madre adoptante, pues no había sido entregada la niña, razón por la cual su situación no encajaba en el supuesto fáctico del numeral 4 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se extienden los beneficios de las madres biológicas a las adoptantes. Así mismo manifestó que la desvinculación obedeció al vencimiento del nombramiento que tenía carácter temporal.

El Juez negó el amparo solicitado por la trabajadora, tras considerar que, como no se había producido la entrega de la niña durante la vigencia del vínculo laboral, la accionante no había alcanzado la calidad de madre adoptante y, por tanto, no era del caso extenderle la protección del fuero de maternidad. Y agregó  que la terminación del vínculo laboral no obedeció al proceso de adopción que inició la peticionaria, sino al carácter temporal de dicho vínculo.

La sentencia del juez fue escogida por la Corte Constitucional para su revisión.

Luego de un amplio y acucioso estudio llevado a cabo por de la Corte, el cual se puede conocer al detalle leyendo la sentencia, la Corporación arribó a las conclusiones que sintetizamos a continuación:

  1. Que de la evolución normativa y jurisprudencial que ha tenido el desarrollo de la especial protección a la maternidad se puede resaltar que todas las provisiones y garantías de la ley para la madre biológica se hacen extensivas a la madre adoptante.
  2. Que con dicha extensión se pretende asegurar que tanto la licencia de maternidad como la prohibición de despido se apliquen a las madres biológicas y a las adoptantes y, de esta manera, garantizar la igualdad efectiva entre unas y otras, pues el numeral 4 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la extensión de beneficios de la madre biológica a la madre adoptante se hará “en los mismos términos y en cuanto fuere procedente”. Esto implica que, así como la protección especial de la madre biológica incluye tanto el período de gestación como la época del parto y las semanas seguidas al nacimiento del hijo, lo propio debe ocurrir en el caso de la madre adoptante.
  3. Que es lógico entender que de la misma manera en que la madre biológica se prepara durante el embarazo para recibir al nuevo integrante de la familia y necesita recuperarse físicamente del parto y estar al lado de su bebé para cuidarlo en sus primeros meses de vida, la madre adoptante debe hacer lo propio una vez se le ha confirmado la entrega del niño, con el propósito de garantizar que a su llegada cuente con los elementos –tanto materiales como emocionales– que posibiliten la construcción con el hijo adoptivo de los lazos que reforzarán las relaciones maternas y garantizarán la integración y adaptación del niño al nuevo núcleo familiar. Esto implica que, no pueda desconocerse la importancia de ese período previo a la entrega, ya que se estaría haciendo una distinción injustificada entre la madre biológica y la adoptante, en perjuicio del niño.
  4. Que la fecha del parto se asimilará a la fecha de la entrega del niño.
  5. Que, en el presente caso, resulta procedente la aplicación de la protección reforzada derivada de la maternidad en favor de la accionante y de su hija adoptiva.
  6. Que para la Corte, asimilar la fecha del parto a la fecha de la entrega del niño, niña o adolescente en el proceso de adopción, para efectos de extender el fuero de maternidad a las madres adoptantes, implica que, así como la protección especial de la madre biológica incluye tanto el período de gestación como la época del parto y las semanas siguientes al nacimiento del hijo, lo propio debe ocurrir en el caso de la madre adoptante.

Que eso se traduce en que no solo a partir del momento de la entrega oficial de los menores de edad, las madres adoptantes adquieren las prerrogativas derivadas del fuero de maternidad, sino que este empieza a operar desde antes, tal como ocurre durante el embarazo, pues resultaría lesivo del principio de igualdad, que las provisiones y garantías de protección de la maternidad solo operen desde la entrega del niño, cuando la Constitución Política y la legislación ha establecido de forma expresa que los beneficios se extenderán en los mismos términos a las familias con vínculos civiles a partir del agotamiento del proceso de adopción (CP art. 42).

Que en el momento en el que el ICBF le comunica oficialmente a la accionante sobre la asignación de la niña y la fecha de entrega, puede entenderse que hay una certeza sobre su condición de madre adoptante –así como cuando se conoce del embarazo de la madre biológica– y, en consecuencia, resulta aplicable el numeral 4 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo que extiende a la madre adoptante, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, los beneficios otorgados a la madre biológica lo que, en principio, conlleva a que empiece a operar la prohibición de despido desde ese momento y hasta tres meses después de la entrega de la niña.

Así las cosas, la Corte revocó la sentencia objeto de Revisión, y  tras entender que no era posible ordenar el reintegro de la señora Sierra, pues el empleo de carácter temporal no genera derechos de carrera, ni tampoco la estabilidad precaria de los cargos de provisionalidad,  ordenó a la Gobernación de Antioquia pagar a la trabajadora los salarios y prestaciones laborales dejados de percibir desde el momento de su desvinculación, hasta cuando hubiese entrado a disfrutar de la licencia de maternidad, al igual que  la licencia de maternidad de 14 semanas a la que tenía derecho, para lo cual le concedió un plazo de 30 días desde la notificación de la sentencia.

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