Exigencias necesarias para decretar medidas cautelares en un proceso contencioso administrativo

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Las medidas cautelares en cualquier proceso judicial no tienen otro objetivo distinto que garantizar la efectividad del fallo, en el proceso contencioso administrativo esta regla no es diferente; las medidas cautelares en el proceso contencioso se clasifican en conservativas, preventivas, anticipativas o de suspensión, así se encuentran especificadas por la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) en su artículo 230, dicho artículo señala:

“Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda…”

Los presupuestos procesales para que las medidas cautelares sean decretadas depende del tipo de medida que se solicite, ya que la medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, para su procedencia tiene un requisito especial.

La suspensión provisional es una medida cautelar cuyo objeto es suspender los efectos de un acto administrativo hasta que se decida respecto a su legalidad, para decretar esta medida se requiere como único requisito violación de las normas indicadas en la demanda, siempre y cuando solo se pretenda la nulidad del acto, para determinar dicha violación es necesario realizar una confrontación entre el acto administrativo y las normas superiores indicadas como violadas o  las pruebas allegadas.

La suspensión provisional de los efectos del acto es la única medida cautelar que goza de un requisito distinto para ser decretada, ahora cuando esta sea solicitada, y el medio de control sea en el que se pretenda un restablecimiento de un derecho o la indemnización de un perjuicio, deberá probarse por lo menos de manera sumaria la existencia del mismo.

Respecto a las otras medidas procedentes los requisitos para que sean decretadas son los siguientes:

  • Que la demanda este cimentada en derecho.
  • Que así sea de manera sumaria se haya demostrado por el demandante la titularidad de los derechos alegados.
  • Que se compruebe que resulta más gravoso para el interés público negar la medida.
  • Que se demuestre  que el no otorgamiento de la medida podría causar un perjuicio irremediable.
  • Y por último que hayan motivos contundentes para suponer que el no otorgamiento de la medida produciría efectos nugatorios de la sentencia.

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