Fecha en que se configura el delito de falsedad en documento privado

En anteriores escritos hemos comentado que la falsedad en documento privado  es uno de los delitos curiosamente más comunes que suceden en el interior de las empresas, delito cometido por trabajadores, representantes legales, abogados, contadores públicos, etc.

La falsedad en documento privado es un delito castigado con prisión de 16  a 108 meses según el artículo 289 del código penal, pena que posiblemente deba cumplir cualquier empleado que incurra en esta conducta delictiva si es denunciado penalmente.

Pero este delito tiene una característica especial y es que requiere de dos acciones diferentes para que se configure, acciones que pueden suceder en fechas diferentes.

La primera acción es que suceda la falsificación. La segunda acción es que el documento falsificado sea utilizado como prueba.

La falsificación puede suceder en una fecha y la utilización del documento puede suceder en otra  fecha diferente, quizás varios años después, y el delito se configura sólo cuando el documento falso ha sido utilizado como prueba.

Así las cosas, se pudo falsificar un documento privado en el 2007 pero el delito se configuró solamente en el 2010,  fecha en que fue utilizado como prueba.

Veamos lo que dijo la sala penal de la Corte suprema en la sentencia del 12 de agosto del 2008, expediente 28520:

(…) Por el contrario, la Sala destaca que en la decisión de segunda instancia el acusado resultó favorecido gracias al errado cómputo del término de prescripción de la acción penal frente a la conducta punible de falsedad en documento privado, pues el Tribunal olvidó que aquél es un tipo compuesto, que requiere de dos actos para su cabal estructuración: de un lado la alteración de la verdad en un documento privado, y de otro, su uso, el cual, no es cualquiera, sino el inherente a su naturaleza. En tratándose de títulos valores, estos constituyen prueba de la existencia de una obligación, y están destinados al intercambio para hacer efectivo el valor que representan, de suerte que la alteración de la verdad en esa clase de documentos, entre ellos el pagare, y siempre que su origen sea privado, se reputa debidamente materializada en el momento en que son introducidos al tráfico jurídico para los fines que le son propios.

Aquí ocurrió que el ad-quem entendió configurado el delito de falsedad en documento privado en los pagares PO 3345450 y PO 2864464, para la fecha que ostentan estos como de su creación, es decir, el 24 de febrero de 1995, cuando lo cierto es que el delito alcanzó real estructuración el 1 de septiembre de 2000, en el momento en que mediante apoderado fueron presentados para el cobro jurídico ante el Juzgado 23 Civil del Circuito, lo que quiere decir que para la fecha de ejecutoria del pliego cargos, 28 de agosto de 2003, no había transcurrido el tiempo necesario (cinco años) para que operara el fenómeno extintivo de la acción penal. Sin embargo, por la ausencia de una demanda en forma y, sobre todo, en acatamiento de la prohibición constitucional de reforma en peor, no puede la Corte corregir el yerro del Tribunal.

Este dato es muy importante para efectos de la prescripción de la acción penal, puesto que  una equivocada valoración de las fechas puede hacer que este delito quede impune, como ha sucedido  en el caso sobre el que se pronunció la corte en la sentencia referenciada.

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2 Opiniones
  1. CARLOS CASTELLAR dice:

    ENVIE UN MENSAJE DIFERENTE ..PERO NO SE VA

  2. karen Marrugo dice:

    Estoy buscando esa sentencia que citan en el artículo y no la encuentro… resta credibilidad a la publicación !

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