Grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres como causal de divorcio/cesación de efectos civiles de matrimonio eclesiástico

Segunda causal establecida en el Artículo 6º de la Ley 25 de 1992, y al efecto es de precisarse de una parte que los deberes que la ley les impone a los cónyuges como tales se encuentran determinados en el Artículo 176 del Código Civil, siendo estos : “… guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente, en todas las circunstancias de la vida…”, donde guardarse fe, no obedece sino a un contenido moral de fidelidad, en el entendido de que su cumplimiento está supeditado a la conciencia de cada persona. 

Ahora, los deberes que la ley les impone como padres, parten del principio de la patria potestad (Artículo 288 del Código Civil), que no es otra cosa que, el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres en conjunto, o a falta de uno, al otro, sobre los hijos no emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone.

Ahora bien, aunque estos deberes y derechos se encuentran disgregados en diferente normativa interna, igualmente se incorporan como tales,  los reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Colombia, no pudiendo en consecuencia considerarse como taxativos, sino enunciativos, teniendo como eje el principio orientador del respeto a los derechos de los niños previsto en el Artículo 44 de la Constitución Política, que entre otros consagra, los derechos a la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, a tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. En la misma forma, el deber de protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.

Amen de lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia T-012 de 2012 ha sostenido que a los niños se les debe garantizar desde el seno de su propio hogar, “... "(i) la protección reforzada a vivir en un ambiente de convivencia armónico e integral tendiente a la evolución del libre desarrollo de su personalidad; (ii) amparo frente a riesgos prohibidos, lo que equivale a sostener que se debe evitar su exposición a situaciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física y moral, la explotación económica o laboral y en general el irrespeto de la dignidad humana en todas sus formas; (iii) ponderación y equilibrio entre los derechos de los niños y los de sus progenitores. Es decir, en caso de conflicto entre los derechos de unos y de otros, la solución ofrecida debe ajustarse a la preservación de los intereses superiores de la niñez y, (iv) la necesidad de esgrimir razones poderosas para justificar la intervención del Estado en las relaciones paterno y materno filiales de tal manera que no se incurra en conductas arbitrarias, desmesuradas e injustificadas. …".

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