Hablemos de procedimiento tributario III: los procesos de fiscalización:

Hace poco menos de un mes, un contribuyente se acercó a mi oficina para consultarme sobre un proceso tributario que se adelantaba en su contra. El tema central era la  deducción de activos fijos reales productivos.

A manera de ejemplo, el requerimiento proponía lo siguiente:

Concepto Valor
Patrimonio líquido del año (investigado) 150.000
Patrimonio líquido del año anterior (a la investigación) 100.000
Diferencia 50.000
Deducción especial de activos fijos reales productivos  calculada (150.000-100.000=50.000); 50.000 x 30%=  15.000
Deducción especial de activos fijos reales productivos  declarada 30.000
Valor a disminuir de la deducción 15.000

Para algunos parece ser una forma simple de determinar la deducción por invertir en activos fijos reales productivos. Pero más allá del razonamiento lógico, me aquejaba una duda ¿de dónde se concluye que la deducción de activos fijos reales productivos obedece a una diferencia de patrimonios entre periodos consecutivos?

El gobierno nacional mediante decreto 1766 de 2003 reglamentó la deducción por inversión en activos fijos reales productivos  aclarando en el artículo 3 lo siguiente:

Artículo 3°. Oportunidad de la deducción. La deducción se deberá solicitar en la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable en que se realiza la inversión, y la base de su cálculo corresponde al costo de adquisición del bien (Subrayado propio)

Como se resalta la deducción obedece la inversión realizada como lo dice el artículo 158- del estatuto tributario y NO  a la diferencia entre los  activos declarados en dos periodos gravables. Entonces, después de una inspección tributaria (que suspende el término de firmeza de la declaración en tres meses) como ocurrió en este caso ¿no era prudente que en vez de realizar este razonamiento solicitaran las facturas de adquisición de los activos u otros medios de prueba?

Esta es una clara muestra de cómo los instrumentos  de fiscalización o auditoria por parte de la administración tributaria no están del todo sincronizados.

Por eso, una vez más insistimos, en la necesidad de  una reforma tributaria que contenga cambios sustanciales en temas procedimentales como lo ha propuesto desde hace 15 años la academia.

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