Herederos del empleador deben asumir el pago de la pensión de la trabajadora doméstica que no fue afiliada a la seguridad social

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En varias ocasiones nos hemos referido en esta columna al derecho de los empleados domésticos a la seguridad social, vale decir al derecho que les asiste de estar amparados por el empleador contra los riesgos de enfermedad (general y laboral), maternidad, accidentes (de origen común y laboral), invalidez, vejez,  y muerte.

Y también hemos advertido sobre los riesgos que asume el empleador cuando desatiende ese deber legal, consistentes en tener que responder, en el caso de que dichos riesgos se materialicen,  en la misma forma como responderían los entes de seguridad social si el trabajador hubiese estado afiliado. Es decir, que le corresponde al empleador asumir los costos que asumiría la seguridad social si el trabajador estuviera afiliado, los cuales pueden llegar a ser cuantiosos.

A los empleadores que omiten  esas obligaciones les ocurre algo parecido a lo que les pasa a los evasores de impuestos, éstos saben que si los “pilla” la DIAN, los efectos pueden ser devastadores, pero sin embargo continúan haciéndolo porque confían en que la suerte seguirá favoreciéndolos.

En el caso de los empleadores esa clase de suerte depende del talante del trabajador. Hay trabajadores a quienes la idea de demandar a sus empleadores les produce cierta “irritación” y prefieren dejar las cosas así. O como dicen algunos cuando se les plantea la opción de demandar: ¡Mire doctor, yo le dejo eso a Dios!

Pero hay otros que en lugar de dejarle eso a Dios, prefieren dejárselo al abogado, y éste ni corto ni perezoso “entra disparando con regadera”. Y cuando el empleador  se notifica de la demanda siente que el mundo se le vino encima.

Y eso precisamente fue lo que le ocurrió a una señora que durante 26 años tuvo como empleada doméstica a una trabajadora a quien jamás afilió a la seguridad social. El caso es el siguiente:

Las cosas marchaban relativamente bien, hasta que a la trabajadora le fue diagnosticada una enfermedad muy grave: leucemia mieloide. Aunque no quiso informar a su empleadora de dicho padecimiento, ésta se enteró por otro medio y resolvió que lo mejor era  deshacerse de la trabajadora lo más pronto posible, y en tal virtud le propuso a aquella terminar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo a cambio del pago de una bonificación por la suma de $ 500.000,  propuesta que aceptó la trabajadora dado que necesitaba de ese dinero para cubrir los gastos del tratamiento que le había prescrito el médico.

Posteriormente la trabajadora se dio cuenta de que su situación de salud era más grave de lo que inicialmente había pensado, y que la plata que había recibido no era suficiente para cubrir los gastos de su enfermedad  y optó entonces por darle poder a un abogado para que adelantara las acciones que considerara pertinentes.

El abogado acudió a la acción de tutela aduciendo despido injusto y reclamando que se le reintegrara al cargo, se le pagaran los salarios causados durante el despido, la cancelación delas prestaciones correspondientes a la seguridad social, etc.

Días después de notificársele la demanda a la empleadora ésta fue hospitalizada de urgencia y falleció. No se sabe si la muerte le sobrevino como consecuencia del estrés que le produjo la demanda  de la trabajadora.

Los jueces de las dos instancias (primera y segunda) negaron la tutela porque consideraron que la vía para tramitar esas reclamaciones era la ordinaria y no la de la tutela.

La Corte Constitucional seleccionó para revisión las sentencias de los jueces y resolvió revocarlas y en su lugar ampararle los derechos fundamentales a la trabajadora accionante. Así mismo, y luego de vincular al proceso a los herederos de la empleadora, les ordenó a éstos asumir el pago de la pensión mientras la justicia ordinaria resolvía en forma definitiva sobre el derecho de la trabajadora a dicha pensión.

Así las cosas, el hecho de que el empleador fallezca no impide la efectividad del derecho del trabajador a la pensión y al pago de los demás conceptos laborales adeudados, pues en tal caso los herederos del causante deberán hacerse cargo de las obligaciones que éste no atendió en vida.

Otro aspecto a destacar de la sentencia lo constituye el  hecho de que la corte Constitucional hubiese concluido que, en situaciones como ésta, la acción de tutela resulta perfectamente posible e idónea para la reclamación de la pensión.

Quien desee conocer mayores detalles del tema puede consultar la sentencia T-185/16 del 15 de abril de 2016 - Referencia: expediente T-5152055.  M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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