IBL – Salario a tener en cuenta para la liquidación de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición

Según el Consejo de Estado el precedente constitucional sobre el IBL fijado en la Sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional no se aplica a procesos iniciados antes del 15 de abril de 2015.

Como es sabido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha adoctrinado de tiempo atrás que el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de vejez (IBL) no hace parte el régimen de transición creado por el Art. 36 de la ley 100 de 1993, y que por lo mismo dicho ingreso debe calcularse tomando en cuenta el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó el trabajador durante los últimos 10 años, debidamente indexados.

El Consejo de Estado, por su parte, ha sostenido lo contrario, o sea que el IBL sí hace parte del régimen de transición y que por esa razón el salario a tener en cuenta para dicho fin es el promedio mensual con base en el cual cotizó el trabajador durante el último año de servicios.

Como es fácil de advertir, la posición del Consejo de Estado resulta más favorable al trabajador.

En un comienzo la Corte Constitucional compartía la posición del Consejo de Estado. Sin embargo, luego abandonó esa posición y a través de la Sentencia SU- 230 de 2015 se alineó con la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al expresar que:

“el ingreso base de liquidación IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en el régimen general, las que deben aplicarse para establecer el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca. (…)”

Y precisó que el modo de promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el promedio de liquidación.

Ahora bien, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en Sentencia de Tutela del 26 de septiembre de 2016, al resolver sobre la apelación formulada por La Universidad Nacional contra la Subsección B de la Sección Segunda del mencionado Consejo, por  haber negado el amparo constitucional invocado por la Universidad accionada, tras haber sido condenada a reliquidar la pensión de vejez del accionante tomando en cuenta como IBL el salario promedio mensual del último año de servicios, desatendiendo así el precedente establecido sobre el particular por la Corte Constitucional en la mencionada sentencia SU-230 de 2015,  luego de  hacer un juicioso análisis del principio de la confianza legítima concluyó:

“(…) La Sala estima que si el legislador procura respetar la confianza legítima de las personas en materia pensional, nada obsta para que los órganos jurisdiccionales, al cambiar la jurisprudencia en detrimento de los derechos pensionales, sigan ese mismo ejemplo, esto es, respetar la confianza legítima.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que la variación jurisprudencial que introdujo la SU-230 de 2015 representa una alteración significativa de las relaciones jurídicas que se suscitan entre las personas con derecho a pensión bajo el régimen de transición y los respectivos fondos de pensiones.

Para ilustrar lo anterior, conviene anotar que muchos pensionados obtuvieron el reconocimiento de esa prestación con fundamento en el régimen de transición. Sin embargo, el ingreso base de liquidación les fue calculado de acuerdo con las previsiones de la Ley 100 de 1993 (bien sea artículo 21 o inciso 3º del artículo 36), lo que justificó que, de conformidad con la jurisprudencia que predicaba la propia Corte Constitucional antes de la SU-230 de 2015, iniciaran las respectivas acciones administrativas y judiciales, pues legítimamente estimaban que se les desconocía un derecho sustancial: cálculo del IBL con el régimen anterior, que había sido reconocido jurisprudencialmente tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.

De este modo, a juicio de la Sala, el pronunciamiento de la Corte Constitucional produjo la extinción de un derecho sustancial de carácter pensional (o al menos la eliminación de una expectativa legítima) de las personas beneficiarias del régimen de transición, que creían, con fundamento en la jurisprudencia, que el ingreso base de liquidación de sus pensiones debía ser calculado en la forma prevista en el régimen anterior.

Justamente por lo anterior, esto es, por tratarse de un cambio de jurisprudencia respecto de derechos pensionales, la Sala concluye que resultaría desproporcionada la aplicación inmediata del precedente  judicial establecido en la sentencia SU-230 de 2015. Como se ilustró, muchas personas tenían la expectativa legítima de que les asistía el derecho a que el ingreso base de liquidación se calculara con el régimen anterior, pues venía siendo reconocido jurisprudencialmente, y, por ende, acudieron a la jurisdicción a reclamarlo. La desproporción se manifiesta en que se estarían alterando relaciones jurídicas de contenido pensional, en detrimento del trabajador, sin que las razones que motivaron el cambio jurisprudencial se fundamenten en principios constitucionales de mayor valor.

La Sala estima que, en aras de salvaguardar esas expectativas legítimas, resulta más razonable aplicar el precedente de la sentencia SU-230 de 2015 solo en aquellos casos en los que la controversia judicial se formule (presentación de la demanda) con posterioridad a la existencia del precedente (29 de abril de 2015), pues solo a partir de ese momento podría exigírsele al administrado que conozca la nueva postura jurisprudencial. Si después del 29 de abril de 2015, el interesado opta por reclamar judicialmente ese derecho —IBL con régimen anterior—, es admisible suponer que lo hace a sabiendas del nuevo precedente.

Y en consecuencia negó dejó en firme la sentencia del juez a quo.

Contenido relacionado:
Compartirlo
Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.

Déjenos su opinión

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc., pero debe hacerlo sin insultar y sin ofender a otros.

Información legal aplicable para Colombia.