ICA Manizales: Registro en la Unidad de Rentas vs obligación de declarar

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Tratándose del hecho generador del impuesto de industria y comercio, es sabido que éste está referido a la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios; pero, para el caso de Manizales se considera extendido ese elemento del tributo, a tener vigente el registro como contribuyente de ICA.

Para el debido entendimiento del tópico propuesto, es pertinente clarificar que de conformidad con el artículo 4 del decreto 474 de 2012 “Las personas que ejerzan actividades gravables con el impuesto de Industria y Comercio tienen las siguientes obligaciones:

  1. Diligenciar el formulario electrónico para la Declaración y Liquidación Privada del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil, el cual se encuentra publicado en la página web del Municipio de Manizales.
  2. Realizar la presentación y pago de la Declaración y Liquidación Privada del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil, en las diferentes entidades financieras autorizadas y dentro de los plazos que para tal efecto fije la Secretaría de Hacienda mediante resolución, siempre que el registro se encuentre vigente. En el evento de que no se hayan percibido ingresos durante el año gravable, la presentación de la declaración deberá realizarse en cero.
  3. Comunicar a la Unidad de Rentas, en el formato que para el efecto establezca esta dependencia y dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia, cualquier novedad que pueda afectar sus registros.
  4. Las demás que establezca el Estatuto Tributario Nacional y demás normas concordantes aplicables”.

Acorde a la referida disposición, la Administración Tributaria ha colegido la obligación de presentación de la declaración del impuesto de industria y comercio (así sea en ceros), de todos los sujetos que habiéndose inscrito ante la Unidad de Rentas (como responsables del ICA), no hayan cancelado su respectivo registro con motivo del cese o terminación de sus actividades gravadas.

Es decir, si siendo un sujeto responsable del tributo en un determinado año gravable, y conforme a ello presenta su correspondiente declaración impositiva, pero para el período fiscal siguiente ya no es contribuyente de ICA, y por ese hecho no presenta la declaración de tal año impositivo; en el entender de la Administración, ese sujeto estaría omiso en el cumplimiento de dicho deber formal, y por tanto sería acreedor de la correspondiente sanción de extemporaneidad.

Particularmente, se considera no acertada la reglamentación, del Ente Oficial, por cuanto la Entidad confunde dos obligaciones diferentes contendidas en el mencionado artículo 4 del decreto 474 de 2012, la primera de ellas (literal b)) referida al deber formal de declarar y la segunda (literal c)) relacionada con la imposición de informar el cese de actividades gravadas.

Aunado a lo anterior, no sobra precisar que el hecho generador del tributo está referido a la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios en la jurisdicción municipal, de cuya materialización se desprenderá para el sujeto pasivo el deber formal de declarar el impuesto; asumir, pues, la presentación de la declaración a partir de la no oportuna notificación del cese o terminación de actividades, sería alterar el hecho generador condicionándolo a la vigencia de la inscripción en el registro de contribuyentes (de la Unidad de Rentas) y no la realización de “actividades gravables” (como bien lo precisa el mismo artículo 4 del decreto 474 de 20012).

Ahora, dado el incumplimiento en el no reporte de la novedad en la actividad gravada (dentro del término reglado), competerá a la Administración Municipal la verificación y aplicación del debido régimen sancionatorio; pero de modo alguno, puede ser de recibo (y como lo reglamento la Autoridad Municipal) que el no informar el cese de actividades gravadas culmine determinando la responsabilidad de un sujeto al impuesto de industria y comercio.

En aras de evitar desgastes inoficiosos, para la Administración y los administrados, sería deseable que la Autoridad Tributaria  verificara y corrigiera la reglamentación indicada en el artículo 4 del decreto 474 de 2012.

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