Implicaciones de la venta de un establecimiento de comercio

Un establecimiento de comercio puede ser objeto de varios contratos, compraventa, arriendo, prenda, usufructo o anticresis; de estos contratos  el único que transfiere el dominio es el de compraventa.

Para que la venta se considere valida debe constar en escritura pública o en documento privado reconocido por sus otorgantes ante autoridad competente; el contrato de compraventa de establecimiento comercial comprende toda la unidad económica del establecimiento, sin que los elementos tenga que enumerarse detalladamente.

La venta del establecimiento de comercio genera una responsabilidad solidaria entre el adquirente  y el enajenante, referente a todas las obligaciones que se hayan adquirido hasta la enajenación; es indispensable que estas obligaciones cumplan los siguientes requisitos:

  1. Se hayan contraído en virtud del desarrollo de las actividades a las que se dedica el establecimiento.
  2. Consten en los libros de contabilidad.

Esta regla fue creada por el legislador, con la finalidad de evitar el fraude a los acreedores del establecimiento de comercio; sin embargo el enajenante queda liberado de esta obligación transcurridos dos meses desde la inscripción de la enajenación en el registro mercantil, siempre y cuando haya dado aviso a los acreedores de esta, y estos dentro del término de los dos meses mencionados anteriormente no se hayan opuesto a aceptar al adquirente como deudor.

¿Qué pasa cuando un acreedor no acepta al adquirente como deudor?

El acreedor que no acepta al adquirente como deudor dentro de los dos meses siguientes a la inscripción de la enajenación en el registro mercantil, debe inscribir en el mismo su oposición, dentro del término mencionado. Situación que le dará los derechos a exigir las seguridades o garantías necesarias para respaldar sus créditos de conformidad con lo señalado en el artículo 530 del código de comercio el cual señala lo siguiente:

«Los acreedores que se opongan tendrán derecho a exigir las garantías o seguridades del caso para el pago de sus créditos y si éstas no se prestan oportunamente, serán exigibles aún las obligaciones a plazo. Este derecho sólo podrá ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del registro de la enajenación del establecimiento».

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