Importante pronunciamiento del Consejo de Estado en relación con la notificación

Es normal que los procesos tributarios se analicen por parte de los tributaristas desde dos perspectivas, una procesal y una sustancial. Desde el punto de vista procesal, sin lugar a dudas el tema de notificaciones representa un estudio obligado de cada situación particular. De hecho el anterior director de la DIAN Juan Ricardo Ortega señala en medios como en algunos casos el estado dejaba de recibir cuantiosos recursos por una mala notificación.

La idea es simple, un acto administrativo tributario notificado por fuera del término sirve como argumento para solicitar la nulidad. Es algo así como la extemporaneidad en el accionar de la Administración Tributaria.

Pues bien, hasta el momento los pronunciamientos del Consejo de Estado habían sido categóricos en el sentido de simplemente analizar si el requerimientos especial, o la liquidación oficial o la resolución eran notificadas dentro de los términos legales sin consideraciones particulares.

No obstante, el pasado 12 de diciembre de 2014 mediante expediente 19121 con ponencia del Dr. Jorge Octavio Ramírez la postura de la entidad parece abrir camino hacia una nueva forma de determinar la debida notificación.

El caso es el siguiente: Una empresa otorgó poder a su abogado para que adelantara el proceso ante la DIAN. El abogado a su vez, dentro de la respuesta al requerimiento especial determinó que las notificaciones debían surtirse en la dirección procesal determinada por él.

Ahora bien, faltando un par de días la DIAN expide la liquidación oficial de revisión e intenta notificarle al abogado sin éxito, ya que no se encontraba en la oficina, y el portero del edificio tenia expresamente prohibido recibir correspondencia de la DIAN. Posteriormente intentan nuevamente notificarle obteniendo el mismo resultado.

Como se trataba de una fecha feriada (semana santa) solo fue posible encontrar al abogado 6 días después, y allí si se encontraba en su oficina y se le notificó la liquidación oficial de revisión.

Al respecto, el Consejo de Estado en la citada sentencia manifestó:

“De lo anterior se infiere que ha sido posición reiterada de la Sala, en materia de notificación por correo, que las maniobras que dificulten o imposibiliten la notificación de las actuaciones de la administración, entre otras, señalar como dirección de notificación aquellas que presenten algún tipo de dificultad, tienden a obstruir el procedimiento administrativo de determinación y discusión del tributo; por lo tanto, implica la falta de legitimación del administrado para desvirtuar la notificación postal.

Si se examina la conducta asumida por la sociedad actora puede afirmarse que no se ajusta a un patrón o modelo respetado de manera general; por el contrario, corresponde a una actuación excepcional y, por demás, reprochable, que no puede ser avalada por la Sala.

Por lo expuesto, no puede conferirle ventajas ni beneficios respecto de la Administración, que obró de buena fe.

Por lo tanto, no es admisible que la sociedad actora se presente ante la justicia para pedir protección de un derecho, si este tiene como fundamento una actuación que le es imputable. Así se desprende de la máxima  nemo auditur suam turpitudniem allegans, pues ello, en últimas, es contrario al orden jurídico y al principio que prohíbe abusar de los propios derechos.”

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