Impuesto al patrimonio en entidades en liquidación

Si bien, el título propuesto y el análisis a surtir versan sobre un reciente pronunciamiento de la DIAN referente al impuesto al patrimonio, se considera oportuno el presente escrito, toda vez que lo tratado bien pudiese tener aplicación para el vigente impuesto a la riqueza.

Sea lo primero, entonces, recordar que:

 “el impuesto al patrimonio establecido en el Decreto 4825 de 2010, creado por el año 2011 para efectos del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 4580 de 2010, a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, cuyo hecho generador era la posesión de riqueza a 1º de enero del año 2011 por un valor igual o superior a mil millones de pesos ($1.000.000.000) e inferior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000), para lo cual el concepto de riqueza era el equivalente al total del patrimonio líquido del obligado”.

Es igual sentido, es del caso anotar que conforme al artículo 7 de dicho decreto 4825 no estaban obligados “a pagar el impuesto al patrimonio de que trata el artículo 1º de este decreto, las entidades a las que se refiere el numeral 1 del artículo 19, las relacionadas en los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2, así como las definidas en el numeral 11 del artículo 191 del Estatuto Tributario. Tampoco están sujetas al pago del impuesto las entidades que se encuentren en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa, liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999, acuerdo de reorganización de la Ley 1116 de 2006 o personas naturales que se encuentren en el régimen de insolvencia a que se refiere la Ley 1380 de 2010”.  (Resaltado por fuera del texto)

Lo anterior cobra importancia, en virtud del  siguiente cuestionamiento elevado a la Administración Tributaria:

¿”Una sociedad declarada disuelta y en estado de liquidación, por orden judicial a instancia de una demanda instaurada por uno de los socios, al momento de la causación del impuesto al patrimonio establecido en el Decreto 4825 de 2010 estaba sujeta a su pago y que posteriormente mediante fallo de segunda instancia se revocó dicha medida con efectos devolutivos?”.  Oficio 21467 de julio de 2015

Nótese como el interrogante está orientado a la determinación de la sujeción pasiva, al impuesto al patrimonio, de la sociedad consultada, ello en el entendido que las entidades que se encuentren en liquidación no eran responsables de tal tributo; no obstante, del mismo cuestionamiento es de inferir que a pesar de mediar un fallo de primera instancia (que ordena la liquidación), el pronunciamiento de segunda instancia decide la continuidad jurídica de la entidad, elemento éste – además – que ha de incidir en el colegir final en cuanto al sometimiento o no al mencionado tributo.

Al respecto, la DIAN manifiesta que:

“la no sujeción planteada en la norma en comento no se puede tomar de forma literal, más aún por los aspectos particulares que ofrece el caso materia de análisis, donde la sentencia de primera instancia fue materia de apelación y en segunda instancia se revoca la sentencia apelada y surte con efectos devolutivos (de manera posterior a la causación del impuesto), de conformidad con los antecedentes expuestos en la consulta”.  Oficio 21467 de julio de 2015

Por lo anterior, concluye el Ente Oficial que:

“es preciso recordar que el recurso de apelación tiene por objeto que se revise la providencia proferida en primera instancia, lo cual tiene como efecto que la situación materia de litigio no se encontraba definida y no se podía sostener que la sociedad estuviera disuelta y en estado de liquidación, presupuesto establecido en la norma, razón por la cual para el caso materia de análisis no se podía predicar la no sujeción al pago del impuesto, situación que se evidencia por el efecto devolutivo de la sentencia en segunda instancia conllevando a que la sociedad salió del discutido estado de liquidación”.  Oficio 21467 de julio de 2015

Finalmente, y entratándose del impuesto a la riqueza, recuérdese que el artículo 293-2 del E.T. consagra – al igual que se disponía para el impuesto al patrimonio – que “Tampoco son contribuyentes del impuesto las entidades que se encuentren en liquidación”; y en ese contexto, sería de colegir que las expuestas reflexiones, en torno al caso objeto de análisis, serán idénticamente aplicables a ese recién creado impuesto a la riqueza.

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