Impuesto al patrimonio de la ley 1370 de 2009 no es un nuevo impuesto para efectos de los contratos de estabilidad jurídica

El Consejo de Estado, mediante sentencia 18636 del 30 de agosto de 2016, declaró nulo el concepto 98797 de 2010 DIAN, en el cual señalaba que el impuesto al patrimonio creado mediante la ley 1370 de 2009 no era un nuevo impuesto y en esa medida no estaba cobijado en virtud de los contratos de estabilidad jurídica.

Las conclusiones del alto tribunal se resumen de la siguiente manera:

“i) El Concepto 098797 de 2010, expedido por la DIAN, es un acto normativo de tipo reglamentario, en tanto fijó la interpretación oficial del impuesto al patrimonio de la Ley 1370 y determinó la incidencia de ese impuesto en el régimen de estabilidad jurídica regulado por la Ley 963. La DIAN tenía competencia para interpretar la Ley 1370 y definir la incidencia de ese impuesto en el régimen de estabilidad jurídica, sin que eso signifique que esté fijando la interpretación oficial de normas diferentes a las tributarias y que eso genere un vicio de falta de competencia.

ii) La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que extendió, prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111. La consecuencia de esa interpretación es que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 esté amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963, por el tiempo que se pacte, siempre que en el contrato de estabilidad jurídica se hubiera identificado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111.

iii) El régimen de estabilidad jurídica creado por la Ley 963 es un mecanismo para fomentar nuevas inversiones y ampliar las inversiones existentes en un escenario jurídico estable. Los inversionistas que suscriben el contrato de estabilidad jurídica no adquieren meras expectativas, sino el derecho particular y concreto a que la inversión, durante la vigencia del contrato, se rija por las normas identificadas en el contrato. De modo que, a partir de la celebración del contrato, en virtud del principio de buena fe, los inversionistas amparan el marco jurídico de la inversión, al punto que, luego, no les son oponibles las modificaciones normativas que resulten adversas a la inversión.

iv) En los términos del artículo 1 de la Ley 963, por modificación normativa se entiende cualquier cambio en el texto de la ley, de la norma reglamentaria que expide el Gobierno Nacional o el cambio de la interpretación vinculante que, en ciertos casos, fija la propia administración, como en el caso de la DIAN.

La expedición de la Ley 1370 de 2009 y la interpretación que se plasmó en el acto

demandado constituyen una modificación normativa adversa, en cuanto los inversionistas que suscribieron el contrato de estabilidad jurídica estarían obligados a pagar el impuesto al patrimonio de la Ley 1370.

v) Si el inversionista estabilizó el impuesto al patrimonio de la Ley 1111, durante la vigencia del contrato de estabilidad jurídica, el legislador no podía expedir una ley que prorrogara la vigencia de ese impuesto, menos si lo hacía con el ardid de que se trataba de un «nuevo impuesto». Eso, a juicio de la Sala, implica una modificación normativa adversa, una modificación del marco normativo, que, de contera, afecta el principio de buena fe.

vi) La interpretación plasmada en el acto demandado generó una modificación normativa adversa, que, sin duda, es contraria al principio de buena fe que guía la relación jurídica ente el Estado y el inversionista, pues desconoce que realmente la Ley 1370 no hizo nada distinto a prorrogar la vigencia del impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 (para que pudiera cobrarse en el año 2011)”

Lo anterior, no implica que corra la misma suerte el impuesto a la riqueza, pues en este caso el proceso de expedición de la ley es claro en señalar que la intención era claramente excluir de dicho impuesto a los sujetos de los contratos de estabilidad jurídica, aunque finalmente no quedó dicha exclusión.

Sin embargo, se hace una análisis de cada uno de los elementos estructurales del tributo, como lo sujetos pasivos, las bases gravables, e inclusive en términos procedimentales, con la incorporación del nuevo articulado.

Argumentos presupuestales, como el hecho de que se haya mencionado la intención de “mantener el ingreso” o argumentos tendientes a señalar el mismo hecho imponible llevaron a concluir al Consejo de Estado a señalar que se está frente a una ampliación de un impuesto.

Descargar sentencia.

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