Consejo de Estado – Indemnización por la no consignación de las cesantías opera independientemente de que haya habido buena o mala fe del ente empleador

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Vicente Gregorio Álvarez demando al Municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba) con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a que consideraba tener derecho por la no consignación oportuna de las  cesantías causadas durante el tiempo que estuvo vinculado al mencionado municipio.

A título de restablecimiento solicitó que se condenara a la parte demandada a reconocer y pagar la sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo injustificado por la no consignación de las cesantías al fondo, tal como lo regula el numeral del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.  Así mismo solicitó la indexación de las sumas reclamadas.

El demandado se opuso a las pretensiones del actor y alegó en su defensa, entre otras cosas, que la no consignación oportuna de las cesantías había obedecido a que el municipio había entrado en proceso de reestructuración amparado en la Ley 550 de 1999, lo que ponía a la vista que en su obrar no había mediado mala fe, y por tanto quedaba a salvo de una eventual condena por sanción moratoria, pues la aplicación de dicha sanción exige la mala fe del omiso.

En la sentencia que puso fin a la primera instancia el Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para fallar en la forma en que lo hizo, el Tribunal encontró que el régimen de cesantías aplicable al demandante era el anualizado contenido en la Ley 344 de 1996, dado que el mismo se vinculó al demandado el 18 de enero de 2008.

Indicó la Corporación que de conformidad con la normativa aplicable, al Municipio de Sotavento le asistía la obligación de consignar anualmente las cesantías del trabajador al fondo privado que éste había seleccionado, deber legal que no fue cumplido en el caso concreto, toda vez que la liquidación de la cesantía y sus intereses sólo ocurrió al finalizar el vínculo laboral, según lo encontró acreditado en el expediente.

También halló probado el Tribunal que la omisión en la consignación de las cesantías anuales se encontraba debidamente probada, pues en el acto  administrativo demandado se indicaba que a la fecha de expedición del mismo, la administración municipal adeudaba las cesantías y los intereses a las cesantías anuales al demandante, por lo cual se dispuso allí  reconocer y pagar el valor de las cesantías adeudadas entre el año 2008 y 2011, así como lo intereses a las cesantías.

Al término de su estudio concluyó el Tribunal que era procedente el reconocimiento de la sanción moratoria por los años 2008 a 2011, y que como consecuencia de ello el demandado debía pagar un día de salario por cada día de retardo en la consignación de las cesantías hasta el 31 de diciembre de 2011.

Finalmente coligió, con base en jurisprudencia  de la misma Corporación, que  “la protección de los derechos laborales es una prioridad que no puede afectarse por el hecho de que la administración territorial haya iniciado un proceso de reestructuración amparado en la Ley 550 de 1999, es decir, que no puede abstenerse del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas.

Inconforme con la decisión del Tribunal, el Municipio demandado interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, aduciendo estar en desacuerdo con la misma por cuanto, si bien se acepta que las cesantías del demandante de los años 2008 a 2010 no fueron consignadas en forma oportuna, para imponer la sanción moratoria primero se debe determinar si la entidad actuó de mala fe.

Indicó así mismo, que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la sanción contemplada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no puede imponerse de forma automática, pues su imposición está condicionada al examen de elementos subjetivos como son la buena o mala fe que guiaron la conducta del empleador.

Reiteró que el municipio no actuó con mala fe, toda vez que el mismo se encontraba en una difícil situación económica razón por la cual debió recurrir a un proceso de reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999.

Y consideró que al no haberse demostrado la mala fe de la entidad territorial al no consignar las cesantías anuales del demandante, correspondiente a los años 2008 a 2010, se debía exonerar al municipio del pago de la sanción moratoria.

Ahora bien, la Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia proferida en primera instancia. Para el efecto sostuvo que en el proceso se encuentra probado que el demandante tiene derecho al pago de la sanción moratoria toda vez que el municipio demandado omitió su deber legal de consignar anualmente sus cesantías.  Y enfatizó que no le asiste la razón al municipio demandado al afirmar que está eximido del pago de la sanción moratoria por encontrarse en proceso de reestructuración de pasivos. En ese sentido, indicó que El Consejo de Estado ha sido reiterativo en el hecho de que los procesos de reestructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999, no es excusa para incumplir las obligaciones salariales y prestacionales con sus servidores.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto, la Sección Segunda- Subsección A del Consejo de Estado destacó que “de los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 99 de la Ley 50 de 1990 se advierte que, para que se cause la sanción moratoria no es un requisito la demostración de la buena o mala fe del empleador estatal. Ello por cuanto la sanción se origina por la sola mora en la consignación de las cesantías anualizadas al fondo de cesantías elegido por el empleado. (Hemos puesto las negrillas).

Y agregó :

“En consecuencia, la única exigencia regulada por la ley para que haya lugar al pago de la sanción moratoria objeto de discusión, es que la entidad estatal consigne por fuera del plazo previsto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 los valores liquidados a 31 de diciembre del año anterior por concepto de cesantías.

“En ese sentido, esta Sección sostuvo en sentencia de unificación de jurisprudencia del 25 de agosto de 2016 que: «[…] la obligación de su consignación en una fecha determinada surge de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto en la ley, que le concede al empleador un término perentorio para realizar el depósito en fondo administrador al que esté afiliado el empleado y la omisión en el cumplimiento de ese término no puede redundar en la afectación de los derechos del empleado.[…]»

(Quien desee conocer más detalles puede consultar la siguiente Sentencia: Expediente: 230012333000201200097-01  No. interno: 1059-2014 – Del 11 de mayo de 2017 – C. P. Dr. William Hernández Gómez.)

Conozca nuestra Guía Laboral 2017

Contenido relacionado:
Compartirlo
Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.


Déjenos su opinión

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc., pero debe hacerlo con respeto, sin insultar y sin ofender a otros.

Información legal aplicable para Colombia.