Inexactitud de datos contables como requisito para la suspensión de la facultad del contador para firmar declaraciones tributarias

La suspensión de la facultad que tiene el contador público para firmar declaraciones tributarias, estados financieros y demás pruebas con destino a la administración de impuestos, es procedente sólo si se presenta inexactitud en la información contable.

Recordemos lo que dice el artículo 660 del estatuto tributario:

Suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a la administración tributaria.

Cuando en la providencia que agote la vía gubernativa, se determine un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantía superior a $11.866.000 [Hoy 590 Uvt] originado en la inexactitud de datos contables consignados en la declaración tributaria, se suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal, que haya firmado la declaración, certificados o pruebas, según el caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la Administración Tributaria, hasta por un año la primera vez; hasta por dos años la segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad. Esta sanción será impuesta mediante resolución por el Administrador de Impuestos respectivo y contra la misma procederá recurso de apelación ante el Subdirector General de Impuestos, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sanción.

Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias a que haya lugar por parte de la Junta Central de Contadores.

Para poder aplicar la sanción prevista en este artículo deberá cumplirse el procedimiento contemplado en el artículo siguiente.

Cuando la norma habla de inexactitud de datos contables, se refiere a los casos en los que la contabilidad no refleja o no corresponde a la realidad económica de la empresa, más no se refiere a los datos contables que no son aceptados fiscalmente por no cumplir los requisitos que la ley tributariamente exige.

Pero dejemos que sea el Consejo de estado quien exponga claramente los casos en que procede dicha sanción:

La Sala advierte, como se precisó antes con fundamento en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que la conducta sancionable en el artículo 660 del E.T., se concreta en “la inexactitud de datos contables” la cual da origen a un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en la cuantía que allí se establece.

Ahora bien, tal “inexactitud”, debe entenderse como la falta de correspondencia entre los asientos contables y la realidad económica y los hechos acaecidos.

En el sub examine se observa que la administración propuso a la demandante la sanción del artículo 660 del E.T., por incurrir en inexactitud de datos contables consignados en la declaración de renta de 2000 de la sociedad Auditorías y Asesorías Jurídicas S.A., al aceptar como documentos soporte del registro de pasivos, recibos de caja, los cuales “no constituyen documentos idóneos para la prueba de pasivos”.

De lo anterior se observa, que en el proceso sancionatorio adelantado contra la demandante, la administración cuestiona la falta de requisitos legales para soportar los pasivos declarados, lo que si bien puede dar lugar a su rechazo a la luz de la normatividad tributaria y dentro del proceso de determinación oficial del tributo, tal situación no corresponde a la descripción de la conducta con la que se pretende sancionar al revisor fiscal.

En efecto, la no aceptación de los “recibos de caja” presentados por Auditorías y Asesorías Jurídicas S.A. para demostrar los pasivos declarados en la liquidación privada, no implica per se que la sociedad no haya adquirido tales obligaciones, es decir, que lo que se le imputa en el caso a la demandante, no es la falta de correspondencia entre los datos contables y la realidad económica, sino la carencia de soportes para demostrar tales pasivos, porque los aportados no reúnen los requisitos para acreditarlos.

Por consiguiente, esta Corporación advierte que no se configura la conducta contenida en el artículo 660 del E.T., objeto de la sanción impuesta, razón por la cual no se ajustan a la legalidad los actos administrativos demandados y por ello deberán ser anulados [Consejo de estado, sección cuarta, sentencia 16721 de agosto 6 de 2009].

En este caso sucede lo mismo que en la sanción por inexactitud, sanción que no procede si el rechazo de los costos y deducciones obedece a que los documentos que los soportan no cumplen con todos los requisitos.

Por ejemplo, si el rechazo de los costos y deducciones que conllevan a que se configure el supuesto contemplado en el artículo 660 del estatuto tributario, obedece a que las facturas no cumplen  con el requisito del literal a del artículo 617 del estatuto tributario, no es un hecho que configure sanción por inexactitud y tampoco configura la sanción contemplada por el artículo 660 del estatuto tributario. En este caso, sólo es posible el desconocimiento de los costos y deducciones más no da lugar a l imposición de ninguna sanción, ni al contribuyente ni al contador que firmó la declaración.

En estos casos si hay una evidente separación entre lo contable y lo fiscal, puesto que se acepta que lo que no es viable fiscalmente, necesariamente implica que sea inviable contablemente también.

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