Corte Constitucional declara inexequible la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico

Por 6 marzo, 2019

La ley 1819 de 2016 en su artículo 364 creó la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico. Básicamente consistía en que si el laudo ordenaba un pago superior a 73 smmlv, se cobraba una tarifa del 2% con una limitación máxima de 1.000 smmlv.

Dicha norma acaba de ser declarada inexequible según se puede observar el comunicado de prensa No 6 del 27 de febrero de 2019, donde se señaló:

«Correspondió a la Corte Constitucional determinar si una norma que crea una contribución especial a cargo de un grupo de usuarios de la justicia arbitral, introducida en segundo debate del trámite legislativo, desconoce los principios de consecutividad e identidad flexible, en aquellos supuestos en los cuales la proposición formulada en primer debate para su establecimiento no ha sido objeto de discusión y votación.

Con el fin de ilustrar los fundamentos de la decisión, la Corte reiteró que, particularmente en materia tributaria, los principios de consecutividad e identidad flexible (arts. 157 y 160 de la C.Po.) implican que es posible introducir proposiciones nuevas o sustitutivas en plenaria a los textos aprobados en las comisiones, siempre que estén relacionadas con los temas discutidos y votados en primer debate. Sin embargo, indicó que se presenta elusión del debate cuando las comisiones constitucionales permanentes dejan de pronunciar su voluntad, de aprobar o negar una iniciativa que, si bien guarda cierta relación con una materia del proyecto, su temática le brinda autonomía al punto que podría plasmarse en un proyecto independiente. En estos últimos casos, subrayó la Corte, la propuesta debe ser acogida o negada respecto de su contenido en ambos debates, pues de lo contrario se desconoce los referidos mandatos constitucionales.

De este modo, al resolver el cargo, el Tribunal encontró que el tema vinculado a la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico no había sido sometido a deliberación y votación en primer debate, como lo exige el artículo 157 de la Constitución Política. Esto, por cuanto el tributo acusado, pese a guardar relación con una de las materias discutidas, relativa a la obtención de recursos para el Sector Justicia y la Rama Judicial, a la que hacen referencia la contribución especial arbitral y el aporte especial para la administración de justicia, constituía una exacción relacionada con la imposición de cargas fiscales a usuarios de la justicia arbitral. En esta medida, indicó que implicaba un tema separable y autónomo que, por consiguiente, debió ser objeto de discusión y votación específicamente en su contenido. Como así no ocurrió, la Corte concluyó que se infringieron los principios de consecutividad e identidad flexible y declaró inexequible el artículo impugnado.»

Al respecto, hubo dos salvamentos de voto. El primero del magistrado Antonio José Lizarazo apartándose de la decisión a su juicio desde la Gaceta del primer debate se puede establecer que se trataba de un tema a considerar. Y que una decisión como la que adoptó la corte podría ser considerado como una imposibilidad para la iniciativa parlamentaria con ocasión de los tributos.

Entre tanto, el magistrado Alberto Rojas Ríos, consideró bajo argumentos similares aunado al hecho de que se trata de una contribución impuesta un sector poderoso de la economía.

Lo cierto es que a juicio de la Corte la norma no se ajusta a los preceptos constitucionales.

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