Servidores públicos - ¿Cuál es la Jurisdicción competente para resolver sobre reconocimiento y pago de sanción moratoria por pago tardío de cesantías?

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Está claro que si la entidad empleadora no le cancela oportunamente las cesantías al empleado oficial, debe pagarle a título de indemnización la sanción prevista por la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, consistente en un día de salario por cada día de mora, sanción que empieza a contabilizarse una vez agotados los 45 días de gracia que la ley le confiere a la empleadora para pagar dicho auxilio y que corren una vez queda en firme la Resolución que ordena la liquidación. O sea, que la entidad empleadora cuenta con 15 días para proferir la resolución y 45 días para pagar; y de ahí en adelante corre la mora.

Hecha la anterior precisión, descendamos al tema de la columna de hoy.

Para el desarrollo de tema vamos a utilizar el siguiente caso tomado de la vida real:

El 27 de abril de 2010 la señora Indira M. Camacho solicitó al Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento y pago de las cesantías a que tenía derecho por prestar sus servicios al Distrito de Barranquilla como docente oficial.

Mediante la Resolución (No….) del 03 de agosto de 2010, le fue reconocida en forma parcial la cesantía solicitada, la cual fue cancelada el 04 de noviembre de 2011, por lo que transcurrieron 460 días de mora, equivalente a la suma de ($ ….).

En vista de lo anterior, el 4 de julio de 2014 la trabajadora solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la entidad, quien mediante oficio No. 2014788 del 23 de julio de 2014, resolvió negativamente las pretensiones invocadas.

Por sentirse inconforme con la decisión de la empleadora, el 27 de noviembre de 2014 la trabajadora, haciendo uso de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandó  a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio  Nulidad y Restablecimiento del Derecho, para obtener por esa vía que se declarara la nulidad del oficio No (. …)  mediante el cual se le negó el derecho al pago de la sanción por mora prevista por la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006.

Por reparto le correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla quien mediante auto del 08 de febrero de 2017, declaró la nulidad de lo actuado y como consecuencia de ello declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto y estimó que el competente para conocer el proceso era los Jueces Laborales del Circuito Judicial de Barranquilla.

Consideró el a quo que dado los hechos expuestos se debe recurrir a la justicia ordinaria, toda vez que el acto demandado es de aquellos que señalan una obligación expresa, clara y exigible proveniente de un lado de un acto administrativo (reconocimiento de cesantías parciales) y de otro lado de la (Ley 244 de 19995 sanción moratoria). O sea que  concluyó, que en ese caso la competencia recae sobre la jurisdicción laboral, pues no se busca la declaratoria de un derecho sino la ejecución de un reconocimiento prestacional y legal.

Puesto el expediente a disposición del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, encontró ese Despacho que como la pretensión de la trabajadora «es atacar la integridad jurídica del acto expreso o ficto que negó la solicitud de reconocimiento y pago de la misma, esto es el oficio No. (…) del 23 de julio de 2014,  la acción a interponer será la Nulidad y Restablecimiento del Derecho y por lo tanto la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer de este tipo de asuntos cuando exista un acto administrativo susceptible de ser atacado; para el caso, este bien puede ser los que reconozcan las cesantías, así como los fictos o expresos que resuelven sobre la solicitud del interesado para obtener el pago de la sanción.»

Y agregó:

«Para la obtención judicial del pago de la sanción por mora que establece la ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, se logra por dos vías: sea por la contenciosa administrativa y la ejecutiva laboral. La primera se da cuando lo pretendido sea atacar la integridad jurídica del acto expreso o ficto que negó la solicitud de reconocimiento y pago de la misma en tanto que, la segunda cuando no esté en controversia la viabilidad del pago, y el interesado acude directamente al juez laboral para obtener el libramiento de pago a su favor, en cuyo caso habrá de integrarse el título ejecutivo complejo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo.»

Con base en lo anterior, concluyó que la jurisdicción competente es la contenciosa administrativo, toda vez que lo pretendido es la declaratoria de nulidad de una resolución.

Planteado así el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisdicción Ordinaria, el asunto pasó a la estudio de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para su definición.

Puesta en esa tarea, la Sala arribó a la conclusión de que:

 «la jurisdicción competente resolver el asunto es la de lo Contencioso Administrativa, pues lo pretendido es la declaratoria de nulidad de un acto administrativo y, su consecuente restablecimiento del derecho; es decir, no existe un título ejecutivo que indique la procedencia de una acción de carácter ejecutiva, pues de existir, como ya se dijo, la consecuencia sería la asignación del conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria Laboral.»

(Fuente: Sentencia identificada con Radicación No. 110010102000201702607 00 del 9 de noviembre de 2017)

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