La capacidad de pago y la evaluación del crédito

Criterios que manejan las entidades financieras para otorgar crédito al  ciudadano del común.

Las más de las veces cuando creemos firmemente que para obtener un crédito financiero, necesitamos demostrarle al banco que no lo necesitamos, nos hacemos la misma pregunta ¿qué criterios manejan las entidades financieras para otorgar crédito al ciudadano del común...?

Bien, sin entrar en tecnicismos propios de otras profesiones, sino de mostrar un panorama apenas elemental, diremos que estos criterios obedecen a directrices demarcadas por la Superintendencia Financiera que cada entidad puede adaptar de acuerdo con sus políticas internas de crédito, pero que a grandes rasgos se consolidan en solo dos: a) para personas naturales: capacidad de pago del solicitante , b) para personas jurídicas:  capacidad de pago del solicitante y flujo de caja del proyecto a financiar.

Por ahora nos ocuparemos del criterio de capacidad de pago del solicitante, el cual presenta una serie de variables, estructuradas en mayor o menor medida tanto en la información proveniente de sus propias bases de datos como la historia crediticia del solicitante, de las fuentes de información financiera –Datacredito, Cifin, etc-, como en los factores de liquidez actual y futura, la idoneidad de las garantías ofrecidas, la celeridad con que puedan hacerse efectivas, su valor técnico presente inmediato y mediato de mercado, así como, los requisitos y costos de orden legal, jurídico y administrativo de efectivización, o conversión en dinero.

Para la evaluación de los Créditos Financieros, estos se clasifican en Créditos Comerciales, siempre que sean superiores a 300 salarios mensuales mínimos legales vigentes, o, con garantía hipotecaria que no sean de vivienda, sin importar su cuantía; Créditos de Consumo, cuando no excedan de 300 salarios mensuales mínimos legales vigentes, y los correspondientes con las líneas especiales de estudio, salud y vehículo; Créditos Hipotecarios para Vivienda, construcción, reparación, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia o para la adquisición de lotes con servicios, independientemente de la cuantía y cualquiera sea el sistema para su otorgamiento y amortización, siempre que su plazo de amortización sea igual o superior a cinco años; se consideran también créditos para vivienda los adquiridos a otras instituciones financieras que hubiesen sido otorgados para los fines y en las condiciones antes señaladas.

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