La especialísima orden de retención de salario por vía administrativa. Icetex

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Bastante hemos discurrido en los temas de descuentos del salario autorizadas por el trabajador bien sea por cuotas sindicales, libranzas,  aportes u obligaciones con Fondos de Empleados y Cooperativas, así como de retenciones ordenadas por autoridades judiciales, tanto así para unas y otras, la prevalencia entre embargos corrientes y de alimentos, los limites, concurrencias con otros descuentos, imposibilidad de afectar más allá del 50% del salario mínimo, etc.

Entre tantas preocupaciones de nuestros consultantes, hemos entre ignorado y pasado por alto una retención de salario de naturaleza administrativa, especial, autónoma, obligatoria, "automática" e inmediata prevista en el Artículo 5° del Decreto 317 de 1958 e incorporada como Artículo 16, al Decreto Ley 3155 de 1968, por el cual se reorganiza el Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior creado por el Decreto 2586 de 1950, en adelante Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior * ICETEX *, que determina: 

"...Las cuotas de amortización y los intereses vencidos por concepto de los préstamos que verifica el ICETEX, deberán ser deducidos y retenidos por los pagadores de las entidades o personas, así públicas como privadas a que tales deudores presten sus servicios mediante orden expresa del Director o Subdirector del ICETEX, las cuales deberán ser entregadas a la Tesorería del mismo Instituto.

Parágrafo.  Las personas obligadas a la deducción y retención de que trata este artículo que no cumplan su obligación sufrirán multas de $ 10.00 a $ 500.00 que impondrá la Contraloría General de la República, previa comprobación de los hechos..."

No obstante la precisión normativa que ya ha pasado el filtro Constitucional de la Acción de Tutela en las Sentencias en Sala de Revisión T-495 de 2001 y T-416 de 2005, no opera tan de forma "automática" como en la década de 1958 a 1968 se había caracterizado, toda vez que tal como se infiere de las T-352 de 1996 y T-1263 de 2001citadas en las anteriores y que a su vez hacen referencia al Debido Proceso Administrativo, tales Ordenes de Descuento, deben obedecer a un Acto Administrativo previo que garantizando el debido proceso, convoque al deudor o deudores a un proceso de aclaración de saldos y conminación al pago, para luego si, procederse con la emisión de la orden correspondiente, sobrando decir que dicho Acto Administrativo como cualquier otro, es susceptible de ser impugnado a través del agotamiento de la vía gubernativa y una vez agotada, demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Es claro que tanto la aclaración de saldos, conminación al pago y orden de descuento, solamente pueden proceder por el capital y los intereses corrientes, en la forma como fuere pactada al momento del crédito y no podrá contener arandelas adicionales como intereses de mora o gastos de cobranza, entre muchas de las gabelas modernas para ser más onerosa la deuda.

Pareciere que dicho poder administrativo no tuviese fronteras en el tiempo al menos perceptibles, de tal forma que podríamos estar incursionando en el campo de la imprescritibilidad absoluta de las obligaciones, pues hemos tenido ya puntual referencia de ordenes emitidas luego de 10 y 15 años de vencido el plazo inicial, al tiempo que su capacidad de concurrencia o desplazamiento de retenciones ordenadas por vía judicial, aun no hemos tenido oportunidad de medir, por lo que dejamos abierto al debate y la opinión, este doble item.

Vea también La especialísima orden de retención de salario por vía administrativa. Icetex. RATIFICACION DEL ICETEX

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