La independencia editorial

Un medio de comunicación, cualquiera que sea,  bien la radio, la televisión, la prensa o recientemente Internet, históricamente ha sido acosado e incluso sometido por la presión de quienes tienen algún poder o influencia  tanto del  sector público como del privado con la intención de evitar que cierta información no se transmita, o que determinada información se transmita.

Para quienes trabajan en cualquiera de esos medios les es normal recibir una llamada o un correo electrónico de algún secretario de presidencia,  de un ministerio, de algún senador o el gerente o abogado de alguna gran empresa para solicitarle el retiro de alguna información, o que no publique otra, o para informarle que si no despide a quien osó escribir tal cosa está en riesgo el jugoso contrato de publicidad que se tiene con ellos, y así se termina modelando la línea editorial de casi todos los medios de comunicación.

Esta sostenida práctica ha modelado a los editores de tal forma que en la mayoría de los casos no hace falta que les hagan una llamada o les envíen un correo, pues de antemano ya saben qué es lo que pueden o no publicar para no afectar los intereses de quien tiene el poder de otorgar grandes contratos publicitarios, situación que se presenta principalmente en el sector público donde las cifras dedicadas a pautar en medios de comunicación son billonarias y es la razón por la que en los principales medios de comunicación tradicionales siempre se encuentra una línea editorial amigable con los gobiernos de turno, y  sólo por guardar cierta apariencia dejan que uno que otro periodista de vez en cuando publique algo crítico aunque no al nivel de ser escandaloso.

Y no toda la culpa es del estado ni de la gran empresa, puesto que hay medios de comunicación que al no recibir pauta de una determinada empresa,  con un descaro absoluto  se ponen en la tarea de ofrecer información negativa sobre ella como represalia por no haberles pautado. Es algo así como extorsión.

En un país democrático y libre tal cosa no debería suceder. Aunque la constitución nos garantiza libertad de expresión, el estamento enfila todo su poder económico y a veces judicial y administrativo para modelar las líneas editoriales de  casi todos los medios con el fin de  afianzar la autocensura,  y de esa forma todos creemos que vamos por el mejor camino de la mano de los más adecuados.

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